Expertos internacionales en seguridad consideran que para combatir a la delincuencia organizada que opera en zona fronteriza, especialmente en la región norte, es necesario lograr una política integral de defensa que incluya no solo al Ministerio del ramo sino también a otras instituciones del Estado, así como una legislación que garantice la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Durante el foro “De la crisis a la propuesta, el rol del poder legislativo en la creación de una política de defensa y seguridad”, que se cumplió en la Asamblea, organizado por la Fundación FIDAL, Alejandro Arbeláez, exviceministro de Defensa de Colombia y asesor de la Presidencia de la República de ese país, dijo que la política de seguridad requiere en primer lugar un respaldo político, ya que si a ese nivel no existe una buena y ágil coordinación así como la concreción de acuerdos, el que se ve afectado es el ciudadano. “La sana discusión política en ningún momento se puede enredar para que se frene la ejecución de políticas públicas, ojalá de Estado y no de Gobierno”, dijo Arbeláez.
El rol de la fuerza pública
Stephen Donehoo, exdirector del Centro de Operaciones del Ejército del Pentágono (Estados Unidos), dijo que es importante que Ecuador haya reconocido que hay un problema en la frontera norte y la necesidad de contar con una legislación para crear fundamentos éticos y legales de cómo se deben comportar las fuerzas de seguridad. Agregó que se deben establecer políticas a largo plazo, que trasciendan el Gobierno o la Asamblea en funciones. “Es importante crear un esquema legal, un esquema regulatorio que proteja y le dé capacidad de acción, espacio de maniobra a las Fuerzas Armadas y policiales, para que ellos puedan actuar en estas situaciones difíciles en la frontera”, dijo el especialista en Inteligencia de los Estados Unidos. Y no solo para el presente sino protección a futuro frente a acciones que cumplen en el ejercicio de la misión de defensa y seguridad del territorio, enfatizó.
“Para combatir la inseguridad ante el crimen organizado no hay atajos. Uno no pude violar los derechos de uno para garantizar los derechos de otro. Sí, es una lucha desigual, pero en el momento en que el Estado de derecho comience a violar Derechos Humanos o tomar atajos para combatir la delincuencia ¿Qué le diferencia del delincuente?”, manifestó el experto colombiano.
Por eso aseguró que es necesario un marco normativo que defina responsabilidades. Como por ejemplo hasta donde puede actuar la fuerza pública frente al crimen organizado. “Tiene que haber un blindaje político y jurídico a los hombres de uniforme que garantizan la seguridad y la defensa”, manifestó. Y como complemento a la acción de la fuerza pública un sistema eficaz de justicia, explicó.