¿Justicia con jueces sometidos?

Antonio Rodríguez Vicens

Uno de los graves e irreparables daños que puede causar un gobierno a una sociedad es la destrucción de la independencia de la administración de justicia, convirtiéndola en un instrumento de sus intereses. Es una de las herencias nefastas del correísmo. La Constitución de Montecristi, en este aspecto, es clara: “Los órganos de la administración de justicia gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo con la ley”. Sin embargo, en la práctica, como nunca antes, ha sido controlada y sometida. Avasallada.

El Consejo de la Judicatura, empeñado en lograr uno de los objetivos de su reforma en un plazo arbitrariamente establecido, sin tener en cuenta la realidad procesal, escogió el camino más torcido: la injerencia inconstitucional y abusiva, prohibida en forma expresa, en las labores de los jueces, su sometimiento, la imposición de procedimientos violatorios de la Constitución y las leyes y la omisión del orden jurídico, la amenaza y la coerción, el irrespeto a los derechos de los litigantes y su indefensión, para desechar, denegando justicia, el mayor número de juicios en el menor tiempo posible.

A pesar de que el Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe a los funcionarios del Consejo de la Judicatura interferir en las funciones de los jueces, “mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias”, aupados en la impunidad, mediante oficios e instructivos, exigen a los jueces que impongan coercitivamente procedimientos y requisitos. La amenaza de archivar los procesos, en el término de tres días, es el último invento. Los miembros de ese organismo, con su injerencia arbitraria y abusiva, han establecido un peligroso precedente para el futuro.

Los jueces -la mayoría- se someten. Incapaces de defender su independencia y de cumplir la ley, actúan como subalternos, hacen méritos y, siguiendo las “directrices” del Consejo de la Judicatura, copian autos y providencias, llegando en algunos casos a niveles de irracionalidad e insensatez. Los ejemplos que podría dar son innumerables. En estas condiciones, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos en una administración de justicia sojuzgada, que confunde la agilidad con el apresuramiento y el irrespeto y que, en lugar de brindar con acierto un servicio trascendente, viola la ley, amenaza y atropella?

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