Los gremios productivos aseguran que no es momento de subir impuestos. La contribución temporal al patrimonio reduciría el potencial de inversión en al menos $1.200 millones .
Durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, los principales gremios productivos rechazaron que las contribuciones temporales se han vuelto permanentes en el país.
Desde 2016, las empresas han venido pagando impuestos especiales para salir de la crisis, pero el Estado no ha hecho su trabajo en calidad de gasto y mejores servicios.
Felipe Ribadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), aseguró que la pandemia provocó que más de 20.000 empresas se han disuelto y que nueve de cada diez negocios existentes hayan registrado pérdida o utilidad menor al 1%
«La economía del país no ha superado la pandemia. Se necesitan medidas que nos ayuden a reactivarnos. Sabemos de las necesidades del sector público, pero consideramos que otro impuestos temporal no es una opción que va ayudar a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos», dijo.
De acuerdo con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), si se aprueba la contribución temporal sobre el patrimonio, incluida en la reforma tributaria del Gobierno de Guillermo Lasso, las empresas terminarán pagando el equivalente a dos impuestos a la rentan durante 2022 y 2023.
En el caso del próximo año, entre marzo y abril se tendrá que desembolsar la última cuota de la contribución creada en la Ley de Simplificación Tributaria (2019), el impuesto a la renta normal; y el nuevo impuesto temporal sobre el patrimonio
«No por tratar de seguir ordeñando la misma vaca, cuidado matamos a la vaca. Hay momentos en que se debe recaudar, y hay momentos en que se debe hacer una moratoria fiscal para permitir que las empresas vuelvan a niveles pre pandemia» puntualizó Ribadeneira.
La propuesta de los gremios productivos es que, si se persiste en aprobar más contribuciones temporales, el pago sirva como crédito tributario para cubrir otras obligaciones con el Estado desde 2025.
Además, proponen que las empresas aporten solo una vez en 2023, y no dos años como establece el proyecto de ley enviado por el ejecutivo.
Patrimonio no es liquidez
De acuerdo con los empresarios, gravar al patrimonio es un impuesto anti técnico, debido a que no distingue empresas con pérdidas o bajos niveles de liquidez.
Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, puntualizó que en gran parte de la empresas en el sector que representa tienen ventas bruta que llegan al 20% y 30% de su patrimonio.
«Gravar a la tierras productivas o improductivas es un golpe feroz a la producción agrícola. Proponemos que se elimine el valor de las tierras rurales en el impuesto porque el patrimonio nada tiene que ver con liquidez», afirmó
Además, recalcó que el sector empresarial ha asumido el golpe fuerte de la crisis, y no necesita más trabas, sino simplificación y simplicidad tributaria. Es decir, menos impuestos, pero bien cobrados. (JS)
DATO:- Si se aprueba el impuesto al patrimonio, los mayores aportantes serán los sectores financieros y seguros (20,6%), industria manufacturera (19,2%), y comercio (18,6%).