Para un eventual juicio al Presidente, la comisión baraja la causal “Por delitos contra la seguridad del Estado”, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución.
Los siete legisladores que integran la comisión ocasional que investiga una supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico durante el actual Gobierno están bajo la lupa desde el 18 de enero de 2023. En esa fecha, el Pleno del Parlamento (con 94 votos) les encargó fiscalizar y hacer un control político en el caso denominado ‘El Gran Padrino’.
La comisión multipartidista está integrada por Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC), Diego Esparza, Partido Socialista Ecuatoriano (PSE); Rodrigo Fajardo, Izquierda Democrática (ID); Mireya Pazmiño, de los rebeldes de Pachakutik (PK); Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES), Gruber Zambrano, Bancada oficialista Acuerdo Nacional (BAN) y Augusto Guamán, de los independientes que votan con el correísmo.
Ellos tenían plazo para entregar el informe para conocimiento del pleno el 22 de febrero, pero el 21 de febrero los legisladores interrumpieron el feriado de Carnaval y, con 108 votos, aprobaron una prórroga de diez días adicionales para que la Comisión entregue el informe de investigación al Gobierno.
El nuevo plazo termina el 3 de marzo, pero este lunes 22 de febrero, Esparza y Fajardo anticiparon que el documento podría ser entregado este viernes 24.
“Estamos en las últimas sesiones de comparecencias, aspiramos hasta el viernes tener listo el informe para que pueda ser analizado y conocido en el Pleno”, dijo Esparza, quien anticipó que los integrantes de la comisión están aportando en la construcción del informe “con la particularidad de que, como comisión estableceremos sanciones políticas, la justicia delitos penales, y los ecuatorianos sanciones morales a quienes han incurrido en irregularidades”.
Esparza, exgobernador de Zamora Chinchipe en 2014, contó que desde que iniciaron el control político han receptado más de 40.000 documentos entre ellos, contratos con las empresas eléctricas.
Rodrigo Fajardo, doctor en derecho constitucional y asambleísta del Azuay, confirmó que tienen “planificado aprobar (el informe) este viernes, pero no es cien por ciento seguro, porque podría presentarse nueva información”.
Aclaró que aún no ha definido su voto al interno de la comisión y adelantó que la causal para sugerir al Pleno un juicio político al Presidente de la República estaría respaldada en el primer inciso del artículo 129 de la Constitución: “Por delitos contra la seguridad del Estado” .
A su criterio, Lasso habría sometido al país, por omisión, en una inseguridad pública. “El presidente debió tomar cartas en el asunto al tener conocimiento de estos hechos”, dijo.
Fajardo descartó una presunta alineación con el correísmo, y recordó que fue quien convocó a la comisión a Ronny Aleaga (UNES). “Yo no respondo ni al correísmo, ni al oficialismo; tendrá que pasar lo que tenga que pasar; no por hacer el juego al uno o al otro no podremos nosotros salvar a ninguna autoridad, peor al Presidente de la República”, afirmó.
A su criterio, el país merece, en este caso, una salida jurídica. “Habría indicios de que el Presidente tendría conocimiento pleno de algunos actos de corrupción; no tendríamos las pruebas de que dio órdenes de acción, sino que fue por omisión”, señaló.
Los comisionados
El 17 de noviembre de 2022, Pachakutik expulsó a Mireya Pazmiño, después de que en una sesión de la Asamblea mocionó la continuación del juicio político en contra de cuatro de los entonces siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
En las últimas sesiones de la comisión ocasional, Pazmiño ha actuado como presidenta encargada cuando Viviana Veloz del bloque correísta de UNES ha solicitado la palabra para interrogar a varios convocados a la sesión.
En agosto de 2022, Veloz -presidenta de esa mesa ocasional- llevó a un juicio político a tres vocales del Consejo de la Judicatura por presunto incumplimiento de funciones, aunque al final la oposición no logró reunir los 92 votos para sancionar, en ese entonces, a Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo.
Pedro Zapata (PSC) representa en el Parlamento a lo que, de alguna manera, fue la alianza política con CREO para las presidenciales de 2021.
En junio de 2021, Gruber Zambrano se separó de la bancada del PSC aduciendo “temas personales”. Pocas semanas después se alineó al oficialismo en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN). (SC)
‘Lasso aún no estaba en funciones’
La investigación de la Policía que vincularía a Rubén Chérres con una presunta estructura criminal, inició el 13 de mayo de 2021 cuando Guillermo Lasso aún no estaba en funciones, dijo el ministro de Interior, Juan Zapata.
También aclaró una presunta denuncia en torno a que se habría impedido que el teniente coronel de la Policía Nacional, José Luis Erazo -uno de los agentes que investigó la trama de la mafia albanesa- acuda a la comisión ocasional. Según el Ministro, no existe ninguna disposición que prohíba a los oficiales de la Policía acudir a las comparecencias en la Asamblea.
“Si el señor teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo, considera que debe venir, en media hora puede estar aquí (en la comisión) no hay ninguna disposición que le prohíba venir; el general Gilberto Ponce (coordinador Administrativo y Financiero de la Policía), también puede venir a la hora que decida”, apuntó Zapata.
El 13 de febrero de 2023, el medio digital La Posta reveló un presunto entramado de presunta corrupción y tráfico de influencias en empresas públicas del sector eléctrico donde menciona como el supuesto ‘Gran Padrino’ al empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
Aunque no tiene el carácter de vinculante, el informe de la comisión deberá ser debatido por los 137 asambleístas.