Una delegación de cuatro asambleístas viajarán a Colombia a entregar un informe relacionado a Alex Saab. ¿Es necesario el viaje?
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea, aseguró que el viaje a Colombia de él, junto a otro tres miembros de esa instancia legislativa, tiene dos justificaciones principales.
En primer lugar, se hace en cumplimiento a una resolución votada por una mayoría de 5 miembros de esa misma comisión. En esa resolución se establece que el informe sobre la trama de las exportaciones ficticias, a través del sistema Sucre debía ser puesto en consideración de las Fiscalías de Estados Unidos, Panamá, Colombia y Ecuador.
«Hemos remitido por vía diplomática, a través de Cancillería, el informe y los respaldos a la justicia de Estados Unidos, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Fiscalía y el Gobierno de Panamá», aseguró.
Invitación de Iván Duque
Sin embargo, la presencia física de los asambleístas, en el caso de Colombia, es resultado directo de una invitación del presidente Iván Duque.
Villavicencio puntualizó que, durante la última vista del presidente Guillermo Lasso, la Cancillería colombiana había planteado la invitación «para que vayamos personalmente a entregar los documentos y a explicarles, toda vez que es un tema complejo».
Así, el martes 11 de enero 2022, en la Casa de Nariño, el Presidente de la Comisión de Fiscalización y tres miembros más (Ana Belén Cordero, Bruno Segovia y Pedro Velasco) serán recibidos en la Casa de Nariño, a las 10:00, por el presidente Duque. Esa reunión duraría menos de una hora.
El miércoles 12 de enero 2022, a las 11:00, la cita será con el Presidente del Senado; y ese mismo día, a las 15:00, el último encuentro se desarrollará con el Fiscal General colombiano.
«Este viaje le reporta a la Asamblea no más de $5.000. Es decir, es un costo insignificante comparado con la importancia que tiene para Ecuador y para América que este caso sea conocido por las autoridades colombianas», recalcó Villavicencio.
#AHORA | El expresidente, Rafael Correa recibió una notificación por el #CasoSucre, que se inició tras la detención de #ÁlexSaab, considerado uno de los testaferros del chavismo. ???? https://t.co/cQkRPoMe2R pic.twitter.com/vuEnuhlnyv
— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) December 30, 2021
Dos temas interesan a Colombia
Por un lado, el primer tema es el convenio bilateral, firmado en noviembre 2011, entre Colombia y Venezuela. Ese convenio viabilizó la supuesta exportación de 8.400 casas prefabricadas desde la empresa Fondo Global de Construcciones, de propiedad de Alex Saab, a Venezuela.
«Fue convenio de pantalla porque no se exportó ni una sola casa de Colombia a Venezuela. Es convenio permitió que la empresa de papel Fondo Global de Construcciones, la cual fue creada en Bogotá cinco días antes de la firma del convenio bilateral, pudiera operar impunemente», puntualizó Villavicencio.
Las autoridades colombianas deben investigar porque ese acuerdo no fue firmado por un funcionario de ese país, sino por Saab. El presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, solo participó como observador.
Piedad Córdoba y sus vuelos a Ecuador
El otro tema de interés para Colombia son los vínculos de la exsenadora de ese país Piedad Córdoba con la trama de corrupción y directamente con Alex Saab.
De acuerdo con Villavicencio, Córdoba vino a Ecuador en varios vuelos privados, pero, en al menos uno de ellos se tiene evidencia documentada de ese vínculo.
Con informes del ministerio de Gobierno y la Dirección de Aviación Civil (DAG), se confirmó que, en julio 2013, Córdoba y su hijo ingresaron con Saab a Ecuador, en un vuelo de matrícula americana y de propiedad del empresario colombiano, que ahora está preso en Estados Unidos.
«Cuál era la razón de la visita a Ecuador si en esa fecha Fondo Global de Construcciones ya estaba siendo investigada. Ese mismo avión fue apresado en 2020, en la Florida, por la justicia americana. Pero en esa ocasión tenía matrícula venezolana y un cargamento de armas», cuestionó Villavicencio.
Además, recalcó que también se debe investigar, tanto en Ecuador como en Colombia, otra serie de vuelos privados. En estos, se incluye uno vinculado a Álvaro Pulido, con un itinerario de Bogotá-Quito-Cuenca.
La trama de corrupción
Los pasajeros, además de Pulido, fueron, entre otros, Luis Eduardo Sánchez Yánez (accionista de Fondo Global de Construcciones); el cuidadano de origen venezolano Carlos León Ponte, que es titular de la Casa de Valores Cefis. Esa casa de valores movió más de $30 millones de Ecuador a Panamá.
León Ponte está casado con Micaela Lehrer Alarcón, titular de la empresa Inconeg S.A, que recibió $4,3 millones de Alex Saab, dentro de la trama de las exportaciones ficticias, y, pocos días después de la recepción de ese dinero, realizó una contribución d e$70.000 a la última campaña presidencial de Rafael Correa.
Asimismo, en ese vuelo estuvieron Guillermo Montefusco, un banquero venezolano relacionado con Saab; Luis Giusti Lugo y Luis Giusti López, padre e hijo que son empresarios petroleros vinculados a Pdvsa.
«El viaje fue a una reunión con Nasib Neme y el grupo Eljuri, con quienes tenía negocios en el marco de las exportaciones ficticias a Venezuela», aseveró Villavicencio.
La investigación de esos vuelos, que está inlcuida en el informe que se entregará en mano de las autoridades colombianas, provocó una airada reacción de Córdoba.
En una entrevista publicada en el medio Semana de ese país, la exsenadora se refirió a Villavicencio como «hijo de puta que es oposición a Rafael Correa». Asimismo, aseguró que no tiene ninguna vinculación con Saab y advirtió que «este tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea , voy con toda».
Según Villavicencio, esta reacción confirma que el informe llega al punto central de los negocios y vinculaciones de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álvaro Pulido, narcotraficante que asumió el nombre de un muerto, y de Piedad Córdoba, con el Gobierno Venezolano.
Esos negocios y vinculaciones configuran una trama transnacional de delincuencia organizada, que involucra la utilización de las reservas de libre disponibilidad ecuatoriana para financiar las exportaciones ficticias.
«El estado venezolano se benefició de $2.697 millones de las reservas para realizar exportaciones, en unos casos ficticias y en otras sobrevaloradas. Ahí participaron, entre 2010 y 2014, 308 empresas, entre 2010 y 2014, una de ellas es Fondo Global de Construcciones», concluyó. (JS)