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Asamblea tiene pendiente conocer carta de Verónica Abad donde pide fiscalizar a Ivonne Núñez y Gabriela Sommerfeld

noviembre 10, 2024
AUTORIDAD Verónica Abad, vicepresidenta de la República (con micrófono). (Foto archivo).

El abogado, Luis García, exasesor de la Corte Constitucional, consideró que la resolución (del ministerio de Trabajo con la que se sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad), es susceptible de una acción de protección como mecanismo de impugnación. «En caso de que la pretensión de la vicepresidenta sea poder asumir la presidencia durante la licencia del presidente Noboa durante la campaña, los tiempos están corriendo a contrarreloj».

Desde el 24 de septiembre de 2024, cuando en la administración del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), se suspendió por dos ocasiones la Sesión 963 donde estaba previsto conocer y resolver sobre el oficio enviado por la vicepresidenta Verónica Abad para que se fiscalice a las ministras de Trabajo, y de Relaciones Exteriores, Ivonne Núñez, y Gabriela Sommerfeld, respectivamente, por una supuesta persecución política, el Parlamento, presidido por Viviana Veloz (RC) desde el 2 de octubre, aún no se ha pronunciado.

El origen del nuevo impasse político-electoral entre Abad y el círculo cercano del presidente de la República, Daniel Noboa, tuvo que ver con el sumario administrativo que el Ministerio de Trabajo inició en contra de la Segunda Mandataria, y que se resolvió el 8 de noviembre de 2024 que determinó la suspensión temporal sin de remuneración por 150 días.

Minutos antes de que se suspendiera la sesión que había sido convocada por Henry Kronfle el 24 de septiembre, algunas bancadas de oposición al Gobierno, representada en el Legislativo por Acción Democrática Nacional (ADN), se pronunciaron en contra del inicio de sumario administrativo.

Blasco Luna (Revolución Ciudadana) consideró entonces que las ministras del Trabajo, y de Relaciones Exteriores, deberían ser llamadas a comisiones para que expliquen el trato que se ha dado a la vicepresidenta Verónica Abad. “Nos guste o no es la vicepresidenta; no pueden, con una acción administrativa querer sacarla del cargo cuando ella fue electa como binomio del presidente Daniel Noboa”, declaró Luna en aquella ocasión a los medios de comunicación. Y fustigó la intención del gobierno de intentar construir una figura legal para destituirla.

En la carta que envió la vicepresidenta Verónica Abad a la Asamblea el 17 de septiembre de 2024, expone detalles a partir de su designación como embajadora en Israel, hasta el inicio del sumario por presuntamente haber demorado su traslado desde Israel hasta Turquía. Según Cancillería, Abad debía presentarse en Turquía el 1 de septiembre, pero llegó a ese país el 9 de septiembre.

Para Blasco Luna, esto ya raya en lo ilógico, y puntualizó que la misma acción debería aplicarse cuando los ministros «están paseándose de provincia en provincia y no se dedican a resolver temas fundamentales como la energía eléctrica”.

Su colega de bancada, Gissela Garzón, señaló también, en esa ocasión, que, en este caso, “claramente” se configura un proceso se persecución política con el añadido del uso de las instituciones; ministerios, justicia, Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “Sin duda es un cálculo electoral y la necesidad de quitarle a la vicepresidenta del camino de cara a la reelección (de Noboa)”.

Paúl Buestán (Construye), también cuestionó la forma cómo los ministerios de Estado se prestan, dijo, para vulnerar la ley y acomodar procedimientos para beneficiar al presidente de la República, Daniel Noboa (cuando tenga que pedir licencia para la campaña electoral del 5 de enero al 6 de febrero para la reelección) dejando de lado la seguridad jurídica.

“La Asamblea no es el espacio correcto para resolver problemas personales o disgustos; él (Noboa) escogió a Abad para ser su binomio”. Su coideario Camilo Salinas rechazó que se intente usar la función pública para perseguir a un funcionario electo en las urnas. A su criterio, esto crearía “un antecedente nefasto” porque cualquier funcionario podría perseguir a un alcalde, un prefecto o asambleísta.

Lucía Posso, Independiente, aseguró que el Gobierno está desesperado por evitar, por cualquier medio, que Verónica Abad, acceda a la Presidencia de la República, inicie la campaña.

En una entrevista a fines de octubre con La Hora, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC) no descartó que el pleno resuelva sobre la carta de la vicepresidenta, con una resolución.

 

Resolución del ministerio de Trabajo susceptible de acción de protección

Para el abogado Luis García, exasesor de la Corte Constitucional (CC), la resolución (del ministerio de Trabajo con la que se sancionó a la vicepresidenta), al haberse dado dentro de un acto de administración pública, es susceptible de una acción de protección como mecanismo de impugnación.

“De hecho, creo que lo más probable que veremos en los próximos días es la interposición de una acción de protección en contra de este acto administrativo”, señaló el profesional del Derecho.

Añadió que los argumentos que se esbocen habrá que verlo una vez planteada la demanda.

García consideró que una acción de protección puede resolverse en semanas, contrario a un proceso contencioso administrativo que podría tomar hasta dos años en resolverse.

A su criterio, esto no cumpliría con el propósito para lo cual, seguramente la vicepresidenta aspirará, y que será quizá poder tomar posesión una vez que el presidente de la República, (Daniel Noboa) solicite licencia para la campaña electoral (prevista entre el 5 de enero y 6 de febrero de 2025), y por la premura del tiempo probablemente optará por una acción constitucional.

Aclaró que, de interponer una acción de protección, seguramente solicitarían la aplicación de medidas cautelares solicitando la suspensión de la sanción, mientras se resuelve la medida constitucional.

“Si se concediera la medida cautelar se suspendería el efecto de la resolución, caso contrario, mientras se mantenga el proceso, los efectos de la resolución se mantendrán. Esto dependerá de lo que se resuelva en sede judicial”, explicó García.

Según el abogado, este es uno de los casos en que la justicia constitucional se podría ver politizada y muy probablemente los tiempos sean atípicos a los que normalmente un procedimiento de justicia constitucional ordinariamente tiene, por lo mediático que será y por lo que la sociedad estará la atenta en torno a la resolución.

«Pero sí, en caso de que la pretensión de la vicepresidenta sea poder asumir la presidencia durante la licencia del presidente Noboa durante la campaña, está corriendo a contrarreloj y los tiempos serán un factor muy importante».

También dependerá de cuánto tiempo se demore en los juzgados, pero «presumo que este será un caso más en que la justicia constitucional producto de lo mediático del caso actuará de manera expedita».

«Se están buscando las costuras para evitar (que Abad asuma la presidencia»

Luis García señaló que, aunque no ha podido revisar la resolución a profundidad, en términos generales opinó que, es evidente la situación en la que se estaría buscando cualquier mecanismo para que la vicepresidenta no pueda asumir sus funciones.

«Se ha tomado una resolución que, desde mi punto de vista, hablando desde la legitimidad democrática que se busca que una autoridad que fue electa con la misma cantidad de votos que el presidente se la impida asumir unas funciones a través de un acto administrativo de un ministerio de Trabajo y desde una argumentación que, según mi punto de vista, esboza que se están buscando las costuras para poder evitarlo».

García, en su análisis, abrió la interrogante ¿qué le hace bien al país? «Las instituciones tienen que prevalecer más allá de las personas; hoy puede ser una persona que me caiga bien o mal, pero el día de mañana puedo ser yo, o una persona cercana, por eso es importante el respeto a las instituciones», remarcó. (SC)