Verónica Abad presentó el desistimiento ante la Corte Constitucional porque el decreto impugnado ya fue derogado por el presidente Daniel Noboa.
Verónica Abad ingresó un escrito a la Corte Constitucional (CC) este 9 de enero de 2025. Se trata de una solicitud de desestimiento.
En un documento suscrito por su abogado Damián Armijos, Abad explica que el 2 de enero del 2025 presentó una acción de incumplimiento para impugnar el Decreto Ejecutivo 492.
Con ese decreto, el presidente Daniel Noboa «de manera arbitraria e inconstitucional me reemplazó en el cargo de Vicepresidenta de la República con la señora Sariha Belén Moya Angulo por una supuesta ausencia temporal basada en el ejercicio de mi derecho a vacaciones, incumpliendo el Dictamen 2-24-IC», alega Abad.
Sin embargo, el 4 de enero de 2025, Noboa derogó el Decreto Ejecutivo 492 al expedir el Decreto Ejecutivo 494 para designar a Cynthia Gellibert como nueva vicepresidenta.
Eso para Abad constituye una «artimaña jurídica que busca evadir el control de constitucionalidad de sus autoridades, pues es conocido que no cabe el control de actos derogados».
Desistimiento de Verónica Abad
Por lo que Abad decidió desistir. «No puedo exponerme a una nueva narrativa falsa y desprestigio público al que acostumbra el actual gobierno nacional en mi contra, ante el inminente rechazo de la presente acción. En virtud de lo expuesto, desisto de la presente acción, exhortando a sus autoridades la priorización de causas de interés nacional (como el caso 20-24-CN) en este delicado momento histórico para proteger responsable y oportunamente la institucionalidad democrática y el orden constitucional en el país», afirma en el escrito.
El caso 20-24-CN fue admitido a trámite por el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Este caso, explicó la CC el 8 de enero, corresponde a una consulta sobre la constitucionalidad de los artículos 2, 4, 54 y 56 del acuerdo ministerial MDT-2024-175, presentada por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el contexto de la tramitación de una acción de protección presentada por Verónica Abad. Actualmente, el caso está sustanciándose por la jueza ponente Daniela Salazar Marín.
Abad, además, aprovechó para recordar a las autoridades de la Corte Constitucional «que sí pueden actuar de oficio activando la fase de seguimiento para asegurar el cumplimiento de sus sentencias y dictámenes». (KSQ)