En 2016, Valentina, de 11 años, fue hallada sin vida en una escuela. Su madre no se cansa de luchar por conocer la verdad. Dice que ha vivido un proceso de revictimización.
Valentina Cosíos, hija de Ruth Montenegro, fue encontrada muerta en el patio de su escuela, en 2016. Luego de cinco años, el caso apenas está en instrucción fiscal.
Montenegro no se describe como una víctima, sino como una sobreviviente de un sistema que juzga a las víctimas de feminicidio y a sus familias. Asegura que no se activó ningún protocolo cuando Valentina, que entonces tenía 11 años, fue reportada como desaparecida y tampoco se sintió la indolencia de autoridades y maestros que vieron a la menor sola -la tarde del 23 de junio de 2016-, dentro de la escuela, sin dar aviso a sus padres, ni preguntarse ¿quién la retuvo? o darle acompañamiento.
Luego de cinco años del asesinato de Valentina, Fiscalía vinculó a cinco personas. ¿Qué significa para usted?
Que la justicia a lo largo de estos años no ha operado de la manera célere, como se debió haber tratado el caso de una niña encontrada muerta dentro de su institución educativa.
¿Cómo afectan estas demoras al proceso?
Estamos a cinco años y no tenemos a los responsables, a quienes agredieron a Valentina aquella tarde y le quitaron la vida. Sabemos que hay cómplices, encubridores y agresores directos.
¿Cómo ha sido enfrentar no solo la pérdida de una hija, sino también al sistema?
Perder a una hija no es el orden natural de la vida. Una madre jamás debería vivir esa violencia, porque es un acto violento enterrar a su hija. Hemos vivido un largo y doloroso proceso de revictimización, porque en un inicio se lo quiso hacer pasar como “un lamentable accidente”. Luego, incluso, como un suicidio; yendo contra todo lo bello que era Valentina.
¿Estas hipótesis qué significaron?
El Estado naturaliza la violencia sobre los cuerpos de niñas y mujeres. Lamentablemente justifica estos hechos poniendo la responsabilidad sobre las propias víctimas. Cada 71 horas en nuestro país se produce un feminicidio. Nos hemos acostumbrado a ver esto como algo normal. Y la muerte de Valentina, para el Estado y la sociedad, probablemente es una de tantas, una de cientos.
Montenegro dice que el 23 de junio de 2016 se denunció a Valentina como desaparecida. La Policía Nacional no activó ningún protocolo de búsqueda.
Desde el Ministerio de Educación se dijo a los padres de Valentina que al ser una institución particular no era de su injerencia.
¿La falta de recursos también ha sido limitante?
Para Valentina se han necesitado pericias a escala internacional, porque no hay peritos aquí en el país y el Estado dice que no tiene recursos. Sin embargo, para bodas fastuosas como la que se vivió hace unos días (se refiere a la del hijo del Vicepresidente, Alfredo Borrero), sí hay policías. Hay recursos que se destinan para cosas que no deberían ser. Y no para la justicia de una niña que salió una mañana a su escuela y se ha tratado de poner la responsabilidad de su muerte en sus manos de forma cobarde.
¿Qué tipo de pericias se necesitan en el caso de Valentina?
No puedo revelarlo, porque está dentro de la información (reservada).
¿Cómo se cubren los costos de los peritajes?
El hecho que se necesiten peritajes de afuera (internacional) significan recursos que deben ser pagados. Sostener un proceso de justicia en nuestro país es una tarea cuesta arriba. Con los años, para una mamá, un papá, que no tiene los medios, ni una gran cuenta bancaria es sumamente complejo. Y es por eso que muchas historias no logran salir a la luz, no porque no existan, sino porque es complejo sostener los procesos a lo largo de los años.
Montenegro asegura que la escuela donde estudiaba Valentina no contaba con permisos de funcionamiento. Además –detalla la madre– sigue funcionando con otro nombre, en el Valle de los Chillos, pese a las constantes denuncias que ha presentado ante el Ministerio de Educación. Varios de los implicados en el caso siguen trabajando ahí, en cargos distintos.
¿El Estado les ha proporcionado seguimiento psicológico?
Hubo la disposición, pero quedó en el papel. Cuando intentamos acceder a través del Ministerio de Salud con el sello de ‘urgente’, nos dijeron que en cinco o seis meses, era lo más urgente que nos podían atender.
¿Cree que un día llegará la justicia?
Me gusta una frase que dice: ‘justicia que tarda no es justicia’. Una justicia que somete a una madre durante cinco años a un proceso de espera y doloroso de victimización, como en mi caso, no es justicia. Un proceso de siete años, como el de Juliana Campoverde y su madre que sigue buscando su cuerpo, no es justicia.
“Lo que le pasó a Valentina no es cuestión de mala suerte o designio divino. Valentina debería estar aquí si realmente se respetara la vida de nuestros hijos”.
“La vida de otras criaturas sigue amenazada, porque quienes agredieron a Valentina siguen libres”.
Ruth Montenegro, madre de Valentina (+).
El 11 de octubre de 2021, Valentina Cosíos cumpliría 17 años.
Entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación registró 3.607 denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas.
El 10 de junio de 2021, la Fiscalía procesó a una docente por presunto homicidio culposo, en el caso de Valentina. En total, hay seis implicados.
La negligencia en el sistema educativo se refleja en casos como el de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, (AAMPETRA).
NOTA RELACIONADA
El colectivo ecuatoriano Vivas Nos Queremos recibió un galardón en Francia en 2020. Da clic y revisa los detalles.