Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), explica que se les debería cerca de 692 millones de dólares. Por eso se planteó que a cambio de dinero se inmunice a la gente campesina, para que puedan trabajar con tranquilidad.
Después de que la Asamblea aprobara la enmienda para que los kilómetros de vialidad sean considerados en la distribución de recursos a las provincias, aún cuando el Gobierno mantiene deudas con algunos municipios y prefecturas, empiezan a darse los primeros pronunciamientos.
Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), explica que entre las deudas están los fondos de equidad territorial y las acciones de las empresas eléctricas en cada provincia. El monto ascendería a 692 millones de dólares.
| El 21% de los ingresos permanentes y el 10 % de los no permanentes del Estado se distribuyen a los municipios, prefecturas y juntas provinciales. | Es por eso que el Congope ha planteado al Gobierno que parte de la deuda se cancele con la entrega de vacunas para la Covid 19. |
“El sentir de la gente en este momento no es una vía más amplia, resulta incómodo movilizarse por un camino de tierra, pero no es la prioridad, a la gente, a las comunidades rurales les preocupa la reactivación de la economía”, afirma Jurado.
“Prefectos y prefectas nos planteamos negociar con el Gobierno una parte de las deudas, como la de las acciones de las empresas eléctricas -que bordean los 94 millones de dólares- o la de la Ley Amazónica -que supera los 61 millones-, así como la deuda por drenado, que alcanza 10 millones-, a cambio de la inmunización de la gente campesina, son ellos los más vulnerables y mientras más rápido mejor”, acotó
La asignación
Cada año, las prefecturas, municipios y juntas parroquiales reciben un ingreso permanente del Estado con base en siete criterios, como la densidad poblacional y la extensión de territorio; con la enmienda, el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales será el octavo criterio a tomarse en cuenta, solo para el caso de los gobiernos provinciales.
Jurado dice que la enmienda permite incluir a los kilómetros viales como un nuevo ponderador y será necesario establecer el peso que tendrá al momento de la entrega de recursos, para lo que se necesita una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Se debe determinar quién certifica el total de kilómetros viales que tiene cada provincia. “No contamos con un estudio que nos diga la extensión de las provincias en relación a los km viales. No es algo que se dice por decir, debemos contar una información técnica donde el Ministerio de Obras públicas quizá, pueda determinar (entre otras cosas), el número de kilómetros de vías primarias, secundarias y tercer orden (…) para que cualquier GAD pueda justificar el valor a recibir,”, agrega Jurado. (DC)
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