lunes, noviembre 29, 2021
País En seis países de América Latina hay reparto de utilidades

En seis países de América Latina hay reparto de utilidades

Además de Ecuador, el beneficio está en la legislación de México, Perú, Chile, Brasil y Venezuela. El pago por cargas familiares solo se aplica en Ecuador.

Dentro del proyecto de Ley de Oportunidades, el Gobierno de Guillermo Lasso incluirá la eliminación del reparto de utilidades por cargas familiares. El objetivo es reducir el pago de impuestos para la nuevas empresas y contrataciones que se hagan a partir de que se apruebe la normativa.

El tema ha generado rechazo, sobre todo desde los sindicatos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Incluso es parte de las razones que sustenta la jornada de protestas anunciada para el 15 de septiembre de 2021.

Desde esos sectores, se argumenta que se están vulnerando derechos adquiridos y que el reparto de utilidades es un beneficio ampliamente extendido en todo el mundo.

Sin embargo, si se analiza América Latina, solo cinco países, además del Ecuador, establecen ese beneficio en sus leyes laborales.

Así, en México y Perú, se reparte el 10% de las utilidades entre los trabajadores, sin restar pérdidas de ejercicios anteriores. En ambos países, una porción de ese porcentaje se distribuye de acuerdo al total de días trabajados en el año; y otra, en relación a los salarios.

Es decir, cada empleado recibe de acuerdo a cuánto ha laborado y a su sueldo. En Perú, se establece un límite máximo de 18 salarios mínimos mensuales.

En Chile, el reparto de utilidades se da a través de dos mecanismos. Las empresas pueden optar por distribuir el 30% de la utilidad al cierre de cada año. El límite es 4,75 salarios mínimos por trabajador.

La otra opción es mensualizar el pago. Incluso sin saber si se tendrá utilidades o no, se saca el 25% de la remuneración de trabajador y se lo divide para 12 meses. El resultado se incluye mensualmente en el salario pagado a cada colaborador.

En Brasil, la legislación no obliga a las empresas a repartir un porcentaje fijo de su utilidad a los trabajadores; más bien es una compensación que se negocia en el contrato colectivo y debe ser repartida a todos por igual.

Finalmente, en Venezuela, al igual que en Ecuador, el porcentaje de reparto de utilidades es del 15%. El valor máximo que puede recibir un trabajador equivale a cuatro meses de salario en empresas grandes y medianas; y de dos meses para aquellas  con menos de 50 empleados.

¿Qué pasa en el resto del mundo?

En Estado Unidos, que es el destino de más del 80% de los migrantes ecuatorianos, no hay obligación lega de repartir utilidades a los trabajadores. Sin embargo, desde el gobierno central se lo recomienda como una manera de lograr mayor eficiencia. Es decir, se impulsa que se entregue de acuerdo a resultados y a desempeño de cada trabajador.

Una práctica común al repartir ganancias es depositarlas en un fondo de pensión, lo que da ventajas impositivas para el empleado.

Una situación parecida se vive en Inglaterra, donde tampoco es una obligación. En ambos países, más del 30% de las empresas tienen algún sistema de reparto de utilidades, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Ecuador, al contrario, menos del 15% de las organizaciones entregan ese beneficio.

Por otra parte, la ley de trabajo francesa prevé que toda empresa que tiene más de 50 empleados debe repartir parte de sus ganancias con ellos, según una fórmula fija. Cada compañía puede determinar qué factores se toman en cuenta a la hora de distribuir el pago, pero los factores más utilizados son el salario y la cantidad de tiempo trabajada.

En España, el reparto de utilidades se pacta entre la empresa y los trabajadores, pero no es una obligación legal ni tiene porcentajes establecidos.

En los países nórdicos como Suecia, Noruega o Islandia, que son puestos muchas veces de ejemplos de estados fuente de bienestar, no existe el salario mínimo establecido por ley ni el reparto de utilidades. Los beneficios se negocian entre empleados y empleadores de manera directa.

El Gobierno de Lasso no propone llegar a eso, pero en la mega Ley de Oportunidades busca flexibilizar la contratación y reducir las cargas impositivas a las empresas. (JS)

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