Libertad de expresión atrapada en la lucha entre Ejecutivo y Legislativo
SUMARIO
El Gobierno dijo no al pedido de periodistas, medios, gremios y oenegés de un veto total. Ahora, tiene frentes abiertos en la Corte Constitucional y, nuevamente, en la Asamblea Nacional.
La libertad de expresión y su protección entran al juego político entre los máximos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo.
La nueva mayoría de la Asamblea aprobó reformas a la Ley de Comunicación que atentan contra la libre circulación de las ideas en los medios. El correísmo, más los disidentes de la línea partidista de Pachakutik y la Izquierda Democrática, triunfaron en el muñequeo para revivir el control de los medios y el periodismo. Están nostálgicos.
La propuesta inicial, que supuestamente mira por las “audiencias” -han dicho los correístas-, tiene que ver con eliminar la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión, derogar todo sobre la autorregulación de medios, atribuir responsabilidades civiles, y otras, por expresarse y opinar libremente. O ampliar la censura previa para privados, evitar el trabajo de directores y editores sobre los contenidos, u otorgar funciones censuradoras a la Defensoría del Pueblo. Todo para resucitar un control total.
Las objeciones
Pese a los reiterados pedidos de gremios de periodistas y organizaciones de la sociedad civil para que el Gobierno vete totalmente la propuesta de la Asamblea, el Gobierno se decidió por el veto parcial y, a la vez, mixto.
Son 17 objeciones por inconstitucionalidad y 34 objeciones por inconveniencia. La Corte Constitucional deberá pronunciarse en 30 días sobre los 17 puntos y, en esa misma cantidad de días, la Asamblea Nacional sobre lo demás. Todo el proceso pudiera demorar más de un mes.
Juego político
Pero este movimiento desde Carondelet, que nace de la Secretaría Jurídica y del propio presidente Guillermo Lasso, tiene que ver con el juego político en el que está sumido el país.
Ayer, Fabián Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia, explicó el motivo final para no acoger las solicitudes de veto total. “Los argumentos para el veto total los reconocemos. Pero no me gustan las bolas de cristal, para insistir ante un veto, sea parcial o total, se requieren el mismo número de votos, 92. En el veto parcial se puede proponer un texto alternativo, en el veto total no se puede hacer eso. Para mí el veto total significa patear la pelota hacia delante y confiar en la bola de cristal”, dijo ante unos 40 representantes de medios y oenegés.
“Ninguno de nosotros puede adivinar cómo serán las circunstancias de la política. Pero (el veto total) sí implica renunciar a cualquier mejora con un texto alternativo. Implica renunciar a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los temas de fondo. Confío en que los temas más álgidos sean resueltos para siempre en la Corte Constitucional y con eso habremos dejado un legado al país”, dijo Pozo. “Si prevalece nuestro texto… habremos hecho un bien”.
Si en la Asamblea no hay los 92 votos para ratificarse en el texto propuesto inicialmente, prevalece el pronunciamiento del Presidente Lasso. Y ese es el juego político para los próximos 30 días: evitar que se concrete esa mayoría opositora.
La Aedep y Fundamedios sobre el veto mixto
Francisco Rocha, secretario ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos (Aedep), dijo que se ha insistido lo suficiente en el pedido de veto total. Y dejó en claro que no han participado en la construcción del veto, sino que han brindado sus criterios. Sin embargo, resaltó que la Corte Constitucional pueda pronunciarse sobre los 17 temas.
Por otro lado, Fundamedios rechazó cualquier juego político que se intente armar alrededor de la libertad de expresión. “Pedimos a los legisladores de los sectores democráticos de la Asamblea Nacional que acojan aquello que va en la línea de promover y garantizar la libertad de expresión y el trabajo periodístico, como pilar en la construcción de una genuina sociedad democrática”, dijo en un comunicado.
Las objeciones por inconstitucionalidad
El Gobierno espera que la Corte Constitucional elimine estos excesos de la propuesta de mordaza correísta:
- Opinión fuera del contenido comunicacional.
- Extranjeros no puedan ser propietarios de medios.
- Error por suprimir una parte del artículo 6, y luego lo sustituye por un texto similar.
- Democratizar los flujos de información para asignación de frecuencias.
- Responsabilidad por expresiones de acuerdo a la ley, pero sin precisar tipos.
- Censura previa amplia.
- Responsabilidad ulterior y posibilidad de acciones penales por informar.
- Posibilidad de acciones legales, incluso penales, por contenidos difundidos.
- Restricciones para informar sobre casos judiciales y la intervención de la Defensoría del Pueblo.
- El derecho a la verdad.
- Revivir los defensores de audiencias.
- Consejos Consultivos con poder editorial sobre los medios.
- Universidades excluídas de los medios comunitarios.
- Exigencia de publicidad estatal para medios públicos.
- Disminución del 40% de las frecuencias para medios privados y fortalecer a los medios gubernamentales.
- Restricción de frecuencias para medios privados.
- Plan de comunicación que debe ser aprobado por el Arcotel.
El secretario de Comunicación, Leonardo Laso, sí pidió en Carondelet que el veto sea total, acogiendo las recomendaciones de los periodistas.