Un segundo periodista ecuatoriano ha tenido que ser exiliado por amenazas de muerte

En marzo de 2023, Karol Noroña, periodista de GK, abandonó el país por amenazas de muerte. Un mes después hay un nuevo caso de exilio, por faltas de garantías de vida en el periodismo ecuatoriano. 

La Fundación Periodistas Sin Cadenas informó, este 24 de abril de 2023,  que otra persona periodista de nacionalidad ecuatoriana salió del país ante sucesivas amenazas contra su vida “y frente a la falta de acciones por parte de las autoridades para garantizar su seguridad”.

La víctima, cuyo nombre es reservado según la Fundación, ha recibido reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Comunicación, del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, desde hace ocho meses.

Sin embargo, “ninguna de esas instituciones ni sus distintas autoridades han atendido su caso en todo este tiempo con la relevancia que merece. Como consecuencia, debemos lamentar su salida permanente del país”, señala la Fundación.

Antes de marcharse para resguardar su vida, esta persona interpuso una nueva denuncia en la Fiscalía en circunstancias que resultaron revictimizantes y que le sometieron a mayor vulnerabilidad y riesgo, dice un comunicado.

De hecho, estas fueron denunciadas y son duras para las autoridades estatales. El comunicado detalla estas anomalías en el proceso:

  1. El 13 de abril del 2023, a las 09:37, la víctima llamó a una abogada del Consejo de Comunicación para informarle sobre la reciente amenaza de muerte que había recibido. La víctima le consultó, dice la Fundación, si existía la posibilidad de hacer una denuncia por vía telemática, porque temía salir de su vivienda, pero la abogada le dijo que eso no sería posible y le explicó que todas las denuncias, sin importar de qué tipo fueran, se deben realizar de manera presencial.
  2. En la misma llamada, relata ese organismo, la abogada del Consejo de Comunicación le recomendó a la víctima que ingresara al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal de la Fiscalía (SPAVT). La víctima quiso conocer cómo funcionaba este mecanismo, pero solo le enviaron un documento con información resumida de en qué consiste el SPAVT. Ese texto, obviamente, no podía absolver todas las inquietudes que derivan del ejercicio periodístico, el mismo que podría entrar en conflicto con el SPAVT. “Enviar un archivo pdf con información inútil en un contexto de amenaza contra la vida es un maltrato contra cualquier periodista en condición de riesgo y contra el periodismo en general. Este episodio también evidencia la falta absoluta de protocolos estatales y la falta de interés de las autoridades por garantizar la seguridad de los periodistas en Ecuador, aunque esta es su responsabilidad ineludible”, dice la Fundación.
  3. La víctima hizo una segunda llamada, esta vez a un funcionario de la Fiscalía, quien le recomendó poner la denuncia de manera presencial, pese a su historial de amenazas, asegura el comunicado.
  4. “De forma incomprensible, la denuncia quedó asentada como intimidación y no como amenaza de muerte, pese a la insistencia de la víctima”. De nuevo, para esa organización, esto revela la ausencia de protocolos para atender a una persona con reiteradas amenazas en contra de su vida.
  5. Aunque había un riesgo inminente, una funcionaria de la Fiscalía envió a la víctima a sacar una copia de su cédula y a comprar un sobre manila en un local ubicado fuera de esa dependencia porque, según ella, no tenía material. “Si la amenaza tenía como origen una peligrosa banda delincuencial, como lo relató la víctima, enviarle a comprar fuera de la Fiscalía es, por decir lo menos, una gran irresponsabilidad. La víctima era vigilada de manera permanente y temía por su vida en cualquier lugar”, indica Periodismo sin Cadenas.
  6. Finalmente, el organismo dice: “A todo esto se suma que la funcionaria le informó que esa denuncia iba a ser enviada a su localidad de origen debido a que esa ciudad había sido el escenario de los hechos. Consideramos que este es el punto más preocupante y que merece una revisión inmediata por parte de la Fiscalía General”.

Un mes antes, en marzo de 2023,Karol Noroña, periodista de GK, dejó el país por amenazas contra su vida.

“No queremos más periodistas exiliados, obligados a decidir entre continuar haciendo periodismo o seguir con vida”, agrega el comunicado del organismo que vela por los derechos de la libertad de expresión. (AVV)