Ecuador lleva cuatro años sin posesionar a un contralor

INSTITUCIÓN. El edificio de la Contraloría General del Estado, ubicado en el centro de Quito. Foto. Cortesía.
El edificio de la Contraloría General del Estado, ubicado en el centro de Quito. Foto. Cortesía.

Desde hace cuatro años no se ha posesionado a un contralor en el país. Pablo Celi, quien está preso por investigación, llegó al cargo como subrogante.

Desde el 21 de junio de 2017 la Contraloría no ha posesionado a un contralor, tras un proceso de selección. Un día antes de la fecha señalada, Carlos Pólit, excontralor, presentó su renuncia mientras estaba de vacaciones. En ese entonces, Pablo Celi, quien está detenido en el marco de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada, fungía como contralor subrogante por la ausencia temporal de Polit.

El domingo 3 de julio de ese mismo año, la Asamblea resolvió la censura de Pólit con 132 votos a favor y una abstención, en un juicio político al que el excontralor no asistió. Se justificó por un asunto médico. Celi asumió como contralor encargado.

Un puesto cuestionado

El constitucionalista Salim Zaidán recuerda que Celi fue nombrado bajo la figura del encargo “y esa figura no existe”, dice. “Esa fue una decisión equivocada porque no existe el encargo, al igual que no existe el encargo para el puesto de Defensor Público”.

Con una orden de prisión preventiva contra Celi, la Contraloría estaría acéfala. “Se vuelve imperante que el actual Consejo de Participación Ciudadana designe un nuevo contralor”, dice el penalista Ramiro Román. “Mientras tanto se requiere un contralor subrogante Ad honorem por orden de sucesión”.

¿Qué pasa en Ecuador sin un contralor?

Las tareas de la Contraloría no se detienen, pese al desconcierto que los últimos sucesos generan el interior de la institución. “Lo que estaría pendiente es la figura del contralor y las resoluciones que este emite. Eso puede ser un problema, por lo que urge se nombre un subrogante por línea de sucesión”, dice el constitucionalista Santiago Alvarado.

El impacto más significativo, según el experto, sería a la imagen de la institución. “El prestigio y credibilidad de la Contraloría podría verse afectada”, dice. “Cómo se mira desde afuera una Contraloría cuyo titular, que debería estar revestido de ética, resulta estar inmerso en caso de corrupción?”.

Alvarado deja una duda en el aire: “¿Qué va a pasar con todos esos casos de corrupción investigados, los que estaban en sus manos del excontralor y en su conocimiento? ¿Tendrá que llegar uno nuevo para que se empape de los procesos? ¿Cuánto tiempo podrá tomar eso?”.

En contexto

La noche del 13 de abril, mientras Pablo Celi era trasladado a su audiencia en la Corte Nacional de Justicia, a los trabajadores del Contraloría se les indicó que las actividades no se verían alteradas y que el titular seguiría en el cargo pues no existía ningún impedimento.

Sin embargo, en torno a las 21:00, la fiscal Diana Salazar solicitó medidas cautelares contra Celi y otros detenidos en caso Las Torres. El juez Felipe Esteban Córdova, juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, aceptó la petición y dispuso la prisión preventiva. (LGP)