Las secuelas del paro de octubre de 2019 se ‘reavivaron’ con las amnistías otorgadas por la Asamblea. Afectados dicen cómo ese suceso les ‘marcó’ y pedirán cuentas a los asambleístas de Pichincha.
En la rueda de prensa del viernes 11 de marzo del 2021, representantes de la sociedad civil y empresarios, rechazaron la decisión de la Asamblea de lanzar al olvido los actos vandálicos que afectaron a la Quito por las protestas de octubre de 2019.
Diego Vivero es el director de la Confederación de restaurantes del Ecuador y una de las 16 personas que solicitarán una acción de protección contra el fallo del Legislativo. Él tiene una cadena de pizzerías. Uno de sus principales locales estaba en el Centro Histórico. Durante dos semanas no pudo entrar a su negocio. Sus ventas bajaron un 30%.
Los primeros días de las protestas de octubre de 2019, sus ocho colaboradores se quedaron encerrados en la pizzería. No podían salir, porque podían ser víctimas de agresiones. Vivero asegura que las calles eran “un campo de batalla”
“Fue un shock, económico y emocional”, recuerda. Dice que nadie habla de la recuperación que tuvieron que enfrentar los locales que fueron sitiados por las manifestaciones: “las protesta duraron dos semanas, pero tuvo que pasar más de tres meses para podernos levantar”.
Finalizada la protesta, un grupo de vecinos, ciudadanos y empresarios se juntaron para limpiar la ciudad. La Junta Cívica de quiteños promovió mingas de recuperación del Centro Histórico.
Vivero cree que esto fue un arma de doble filo. “Los empresarios, dolidos con la destrucción de la ciudad, actuaron rápido y entre todos recuperamos las calles. El problema es que, por eso, quizá todo se olvidó tan rápido”
La paralización del país, esas dos semanas, dejó a gente sin empleo y con miedo. El consumo disminuyó. Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio, dijo, en la rueda de prensa de ayer, que Quito perdió más de 200 millones de dólares en esos días de manifestaciones
Diciembre de 2019 debió ser uno de los peores diciembres de la historia, dice Vivero. “La gente estaba en shock, no fueron las mismas fiestas, la gente no venía a los restaurantes, fue deprimente” cuenta con nostalgia.
‘Quito es una ciudad olvidada’
El economista Patricio Alarcón dijo, frente a las cámaras, que “la próxima que venga alguien a cometer estos actos vandálicos, actos terroristas, vamos a estar listos, preparados, nos vamos a organizar”
Alarcón es empresario en el sector alimentario y de movilidad. Dice que le da impotencia ver el abandono en el que se encuentra Quito. “No hay derecho, le juro que, no hay derecho” dice por teléfono, al referirse a los actos violentos de octubre 2019.
Es tajante en rechazar la violencia de octubre que quedaría en impunidad si se mantienen las amnistías. Desconfía de los políticos y cree que es necesario que la sociedad civil se organice para levanta la ciudad.
‘Es como darle una cachetada a la mamá’
María Elena Rivera es dueña de un restaurante. Sus balcones tienen vista privilegiada a la Plaza Grande. En octubre de 2019 su negocio no sufrió daños materiales, pero sus ventas se redujeron en un 50%. “Imagínese lo que significa no vender nada la mitad del mes. Para una empresa es catastrófico” dice Rivera.
Por eso, para ella es inadmisible perdonar a quienes se fueron en contra del patrimonio de la capital: “Es como darle una cachetada a la mamá”.
Rivera cuenta que tuvo que pagar sueldos sin vender nada: “los arriendos, los salarios de los trabajadores, los proveedores, los créditos, nunca esperan” y le obligaron a sacar plata “de su propio bolsillo”
Para Rivera las amnistías dadas por la Asamblea son “una afrenta a la ciudad”. Está dispuesta a firmar la solicitud que los 16 quiteños planean presentar el 14 de mayo de 2022 al Legislativo pidiendo, la revocatoria del mandato de los asambleístas de Pichincha que votaron a favor de las amnistías.
“Si dejamos pasar esto, corremos el riesgo de que nos vuelvan a hacer lo mismo” dice María Elena Rivera.
Tuvieron que endeudarse
Ricardo Sánchez es dueño de un restaurante. Hasta antes de octubre de 2019 tenía 20 trabajadores, pero, esos 12 días sin poder trabajar le obligó a reducir el personal a 6.
“Lo que vivimos fue brutal” afirma Sánchez. Dice que levantaron piedras de las calles, saquearon negocios, todos los locales cerraron y la gente con tuvo miedo de salir de sus casas.
Este caos causó un retroceso económico que obligó a algunos empresarios a pedir créditos. Sánchez hizo uno con BanEcuador. Eso fue terrible porque “la pandemia nos encontró endeudados”, dice Sánchez, quien sigue arrastrando deudas desde el año 2019.
Por eso, se identifica con la indignación de los 16 quiteños que presentarán la acción de protección el día martes 15 de marzo de 2022. (GVL)