La posible salida de los cuatro consejeros del Cpccs llevaría a las suplentes Karina Ponce y Mónica Moreira a asumir la titularidad. El CNE debe asignar los otros puestos.
La decisión de una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional entró a un punto de no retorno en su intención de censurar y destituir a Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, y a los consejeros Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, por presunta arrogación de funciones para reformar el reglamento de designación del nuevo Contralor General del Estado (CGE).
Las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC), una fracción del movimiento Pachakutik, y de la Izquierda Democrática (ID), dieron el primer paso en la sesión del Pleno del Legislativo este 15 de noviembre de 2022 cuando ratificaron su hegemonía al consolidar 87 votos de los 70 necesarios continuar con el juicio político.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), también refiere la necesidad de contar con 70 votos para la censura y destitución. Los consejeros fueron convocados a la Asamblea este viernes 18 de noviembre, justo cuatro días después de que se abrieron las inscripciones para el concurso para designar a la primera autoridad titular de la Contraloría.
‘Concursos están blindados’
Hernán Ulloa, pidió a la Asamblea el archivo del proceso y afirmó que como autoridades del Cpccs están facultados a mocionar y proponer reformas dentro de las sesiones del Pleno, como lo dispone el artículo 15 del Reglamento del Consejo.
Aclaró que los concursos que se desarrollan en el Cpccs están blindados. “No existe un objetivo político para la censura porque todo está consumado. No era lo mismo enjuiciarnos en febrero que enjuiciarnos en este momento cuando están posesionadas las comisiones ciudadanas de selección del concurso del Contralor, o del Consejo Nacional Electoral”.
En una entrevista radial, aseguró que ninguna nueva mayoría que llegue al Cpccs podrá “muñequear”, ni “alterar” los concursos porque “ahora cada uno de los procesos están blindados y sellados”. Según Ulloa, nadie se va a “atrever” a suspender o a cambiar las reglas de un concurso (a Contralor) que ya está convocado y al que ya han ingresado postulaciones.
Agregó que tampoco se podrán suspender los procesos porque de por medio existen gastos para pagos de logística y publicaciones. “Ningún consejero que se quede va a tomar la decisión, con su voto, de modificar las reglas o suspender los procesos porque va a tener consecuencias económicas sobre ellos”, alertó.
Examen para Contralor
Advirtió que si las 60 preguntas que están incluidas en el reglamento para el concurso se filtran a los postulantes a Contralor podría tener consecuencias penales. Ulloa espera que las personas que integran las comisiones ciudadanas de selección se manejen con ética, responsabilidad y “entreguen al Ecuador el Contralor que el país se merece» e investigue actos de corrupción.
Ibeth Estupiñán, pidió el archivo del proceso y alertó que correístas y socialcristianos buscarían nombrar un “contralor a su medida”.
María Fernanda Rivadeneira, dijo que, como candidata a la reelección en las elecciones de febrero de 2022 no puede ser enjuiciada políticamente.
Su colega Francisco Bravo, también prepara sus argumentos de defensa, y anticipó que demostrará que no se ha vulnerado la seguridad jurídica, ni se arroga funciones en el ejercicio de su actividad. (SC)
Control sistemático
Desde hace cinco meses, la mayoría de oposición en la Asamblea entró en un proceso sistemático de control.
El 31 de mayo destituyeron a Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea, y apoyaron el nombramiento de su aliado, Virgilio Saquicela, para ocupar el primer sillón legislativo.
El 14 julio de 2022, destituyeron a Yeseña Guamaní (ID) de la segunda vicepresidencia, y se apuraron en designar como su reemplazo a Marcela Holguín (correísta).
El 21 de julio aprobaron una ley de comunicación que pretendía amordazar a la prensa.
El 10 de noviembre suspendieron por 31 días a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización.
En los próximos días sería inminente una nueva sanción a Guadalupe Llori, acusada presuntamente de solicitar diezmos a sus excolaboradores.
¿Quiénes elegirán al nuevo Contralor?
La designación del nuevo Contralor se realizará a través de una comisión ciudadana de selección conformada por cinco representantes de las funciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, y Función de Transparencia y Control Social), y cinco representantes de la sociedad civil designados mediante un concurso público de selección y méritos. Una veeduría ciudadana integrada por alrededor de 400 personas desplegadas en todo el país se encargará de vigilar el concurso.
Los delegados de las funciones del Estado
- Jhossueth Almeida, abogado y exfuncionario de la Procuraduría General del Estado, es el delegado de la Función Ejecutiva.
- Valentina Galarza, licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, exfuncionaria de la Asamblea Nacional, delegada de Función Legislativa.
- Maribel Baldeón, abogada y exfuncionaria del CNE, es la representante de la Función Electoral.
- Eugenia García, abogada, exfuncionaria de la Contraloría, delegada de la Función Judicial.
- Raúl Guaña, abogado y exfuncionario de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, es delegado de la Función de Transparencia y Control Social.
De la interpelación en la Asamblea quedaron a salvo Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero, consejeros de minoría identificados con un sector de la oposición.
Las postulaciones al concurso para la designación del Contralor se abrieron el 14 de noviembre y se podrán presentar hasta el 25 de noviembre.
La institucionalidad del Cpccs (desde la presidencia de Carlos Tuárez, Christian Cruz, y Sofia Almeida), inició el proceso para designar al contralor titular cinco años después de que este organismo de control ha tenido tres contralores subrogantes: Pablo Celi, Valentina Zárate y Carlos Riofrío.