Los subsidios a los combustibles superan casi tres veces el gasto en programas de ayuda social, según el Banco Central

HECHO. Ecuador ha gastado más de $53.000 millones en subsidio a los combustibles entre 2010 y 2023.

El Banco Central asegura que los más de $3.000 millones que se gastan anualmente en el subsidio a los combustibles impiden destinar más recursos a la inversión pública y superan casi tres veces el gasto en programas de ayuda social a los más pobres. Por eso, considera que el esquema de reducción del subsidio de las gasolinas (extra y eco país) y la compensación a sectores vulnerables es un paso necesario hacia la mejora medioambiental, fiscal y social.

Los subsidios a los combustibles constituyen un ingreso que deja de percibir el Estado, y se estiman como la diferencia entre el precio de venta al distribuidor y el costo del producto, explicó el Banco Central del Ecuador (BCE) en un reciente análisis.

En Ecuador, estos subsidios se han mantenido desde la década de 1970 y no se han realizado revisiones estructurales de manera sostenida, con excepción de la eliminación de ciertos subsidios a los combustibles del sector industrial y aéreo en 2015, a la gasolina súper en 2018 y al diésel para las camaroneras de más de 30 hectáreas productivas en 2022.

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Además, este tipo de subvención no ha sido focalizada, lo que genera una asignación ineficiente de recursos y beneficia desproporcionadamente a los segmentos de mayores ingresos.

Menos inversión y gasto social debido al subsidio a los combustibles

Según información del Ministerio de Economía, en 2023, los subsidios a los combustibles ascendieron a $3.265 millones, lo cual impidió, de acuerdo con el BCE, el fortalecimiento del gasto de inversión y la obra pública.

En ese año, los subsidios a los combustibles superaron el gasto en salud de $3.064 millones. Además, representaron el 67,5% del gasto en educación, que se ubicó en $4.835 millones.

Adicionalmente, el monto de los subsidios superó en casi tres veces el gasto en programas de protección social como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), pensión al adulto mayor, entre otros, que fue aproximadamente $1.296 millones, con una cobertura de más de 1,4 millones de beneficiarios.

En 2023, el subsidio a las gasolinas (extra y eco país) alcanzó $644 millones, es decir, representó el 20% del total de los subsidios a los combustibles.

Cabe indicar, que los niveles más altos de los subsidios a las gasolinas se registraron en los años 2012 y 2013, ubicándose en $1.996 millones, y representando entre 27% y 29% del monto total.

Para 2024, la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) establece que los subsidios a los combustibles alcanzarían alrededor de $3.093 millones. Este valor sería superior a las transferencias destinadas a la Seguridad Social ($3.082 millones) y al Desarrollo Social ($1.549 millones).

Entre 2010 y 2023, los subsidios a los combustibles representaron, en promedio, el 12,8% de la Proforma del PGE enviada por el Ministerio de Economía a la Asamblea Nacional en cada uno de los años; y, para 2024, este porcentaje alcanzaría el 8,7%. Cabe indicar que, la participación más alta de los subsidios a los combustibles en relación a la Proforma del PGE ocurrió en los años 2011 y 2012, donde alcanzaron el 25,2% y 26%, respectivamente.

Más de 53.000 millones de gasto acumulado en subsidio a los combustibles en 13 años

En Ecuador, los subsidios a los combustibles están concentrados, especialmente, en diésel, gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (GLP). De 2010 a 2023, se destinó un total de aproximadamente USD 53.922 millones para subsidios a los combustibles. Así, el 43% corresponde a diésel, 25% a gasolinas y el 18% a GLP. Estos tres subsidios concentraron el 86% del total para el periodo analizado.

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El subsidio a los combustibles no beneficia a los más pobres e impulsa el contrabando

Para que un subsidio beneficie a la sociedad debería cumplir al menos dos características, según el BCE:

1.- Ser transitorio según las necesidades del beneficiario

2.- Estar dirigido hacia los grupos más vulnerables. El esquema actual de los subsidios a los combustibles en Ecuador no cumple con estos atributos.

Varios estudios empíricos han demostrado la regresividad del subsidio a las gasolinas, lo que implica que, estarían beneficiando especialmente a los hogares que se encuentran en los deciles de ingreso más altos.

Adicionalmente, impulsa el contrabando hacia países vecinos que tienen un mayor costo de las gasolinas, es así que con datos al 2018, se estimó que Ecuador pierde al año aproximadamente $200 millones por el contrabando de gasolina.

Asimismo, los subsidios a los combustibles tienen repercusiones medioambientales ya que su uso genera mayor contaminación, lo que dificulta el cumplimiento de la reducción de las emisiones de carbono.

Según datos de Climate Watch Data, Ecuador registra altas emisiones de CO2 para su nivel de desarrollo en comparación con varios países de la región, además de mantener una tendencia creciente de estas emisiones.

En 2021, las emisiones per cápita de CO2 en Ecuador eran de 2,15 toneladas métricas (Tm), frente a las 1,63 Tm de Colombia y a las 1,56 Tm de Perú, países vecinos con un mayor nivel de renta.

La reducción del subsidio a las gasolinas es una medida oportuna

Lo anterior demuestra que el subsidio a los combustibles provoca consecuencias negativas en materia ambiental, fiscal y social. Estos recursos no son aprovechados por el Estado para ser destinados a otros rubros más beneficiosos para la población, tales como los programas sociales o proyectos de inversión pública en sectores como educación, energía, salud, seguridad y vialidad.

Por lo expuesto, el Banco Central considera oportuna la implementación de un nuevo esquema de precios para las gasolinas extra y ecopaís, acompañada de compensaciones monetarias para proteger a la población más vulnerable.

«Esta medida permitirá que los $644 millones presupuestados para subsidios a gasolinas en 2024, en su mayoría, sean redireccionados a proteger a la población que pertenece a los deciles de ingresos más bajos, mitigar el impacto ambiental y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas», concluyó el BCE. (JS).

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