Las concesiones hechas al sector indígena, antes y después del paro de junio de 2022, complicaron las finanzas y la inversión estatal.
En el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), con corte a diciembre de 2022, se establece que el congelamiento de los precios de la gasolina extra y el diésel en octubre de 2021, y la posterior reducción de $0,15 por galón en julio de 2022, resultaron en un golpe importante a las finanzas públicas ecuatorianas y a las metas establecidas inicialmente.
No solo se tuvo que reevaluar el monto estimado del ajuste fiscal, debido a que el costo de los subsidios se disparó a más de $4.000 millones durante este año, sino que también se cerró el espacio para tener más fondos disponibles para inversión productiva.
En otras palabras, el organismo multilateral apunta a que, las concesiones hechas al movimiento indígena antes y después del paro violento de junio de 2022, se convirtieron en un bumerán para el desarrollo del país.
En concreto, más gasto en subsidios es igual a menos dinero disponible para aumentar los bajos niveles de inversión y obra pública no solo para 2022, sino para 2023.
Gasto corriente
El FMI asegura que, sin una adecuada focalización de los altos subsidios a los combustibles, será imposible destinar más recursos para carteras, mejoramiento de escuelas, entre otros temas con impacto directo en la producción y desarrollo del país.
Para 2023, el Plan Anual de Inversiones (PAI), incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE), tiene un monto total de $1.871,47 millones.
Este valor es casi el mismo que el establecido para 2022, y refleja claramente que la mayoría del dinero público se va en gasto corriente (sueldos y compras), subsidios y pagos de deuda pública.
Roberto Andrade, economista y consultor internacional, comentó que el modelo de focalización acordado con el movimiento indígena no es efectivo ni soluciona los problemas estructurales.
“Pretender mantener subsidios generalizados, con excepciones como los camaroneros y los atuneros, solo generaría, en el mejor de los casos, $300 millones de ahorro, frente a más de $2.600 millones de gasto para mantener combustibles baratos en 2023. Esto es ineficiente e incluso impulsa el contrabando a los países vecinos”, puntualizó.
LA HORA, en notas como la publicada el 29 de junio de 2022, ha analizado que existen mecanismos fáciles de implementar para desmontar subsidios a los combustibles, pero provocan reacciones de rechazo de sectores políticos y sociales.
Destinos de inversión
Si los subsidios a los combustibles se redujeran sustancialmente, se podría aumentar hasta en un 50% el presupuesto de inversión pública para 2023. Eso repercutiría de manera directa en obras para salud, educación e incluso seguridad.
Sin embargo, mientras no se concrete la focalización, los $1.871,47 millones tiene los siguientes destinos principales:
1.- Los cinco ministerios con mayores presupuestos de inversión son los de Transporte y Obras Públicas con $297,68 millones; Educación con $259,13 millones; Salud, con $254,34 millones; Defensa con $205,73 millones; y Agricultura con $120,26 millones.
Eso quiere decir que alrededor del 61% de todo el Plan de Inversiones para 2023 se irá a los sectores prioritarios de educación, salud y defensa.
Yendo más al detalle, se ha presupuestado más de $194 millones para terminar obras de reconstrucción pendientes en Esmeraldas y Manabí desde el terremoto de 2016; $95 millones solo para reparar infraestructura educativa deteriorada; $33,50 millones solo para recuperar la capacidad operativa del Ejército para controlar el territorio nacional; $69,31 millones para obras dentro del fondo de la circunscripción especial Amazónica; más de $56 millones para mantenimiento de vías principales en la red vial; compra de un buque y ampliación de infraestructura de la Armada por $65 millones; carreteras en varias zonas del país por más de $120 millones, entre otros.
2.- Otros rubros importantes son los destinados a la inversión en Educación Superior ($53 millones); programa de desnutrición infantil ($32 millones); Rehabilitación Social o sistema carcelario ($30 millones); ampliación de programas sociales de apoyo infantil ($24 millones): $50 millones para Programa Creamos Vivienda.
3.- El rubro que puede generar más controversia son los $210 millones destinados al llamado Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública. Este programa sirve para asegurar recursos para la desvinculación de personal en el sector público, dentro del programa de ajuste del gasto público.(JS)
Según las directrices elaboradas con asesoría del FMI se busca reducir la utilización de contratos ocasionales, cubrir parcialmente las vacantes por retiros y jubilaciones, entre otras medidas incluidas en el decreto 457 de junio de 2022.