El conflicto entre las más altas autoridades de la Justicia agudiza lacrisi de todo el sistema. Hay errores en citaciones, ejecución de sentencias, archivos, audiencias…
Los recurrentes problemas en la administración de Justicia y las trabas que a diario enfrentan los usuarios del sistema se han intensificado en los últimos días. A esto se suman las pugnas de poder generadas entre las autoridades judiciales y jueces que devienen en consecuencias frente a las necesidades de la población.
Hace pocos días un caso emblemático evidenció la indiferencia en el tratamiento de los casos. El 20 de mayo, una jueza resolvió declarar fallida la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del policía Froilán Jiménez, y los militares Darwin Panchi y Francisco Cortes, ocurrido en la revuelta del 30 de septiembre de 2010.
La decisión de la magistrada se dio porque uno de los abogados de los procesados, por estar fuera del país, no compareció a la diligencia. La jueza convocó a audiencia para el 28 de mayo.
A Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, le preocupa que se “dilaten los procesos” y no descarta acudir a organismos internacionales.
Las preocupaciones planteadas por Romero son similares a las que se tienen en la Clínica Jurídica del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).
Gabriela Flores, directora de este consultorio jurídico, dijo que los problemas de acceso a la justicia “son de siempre”.
‘Conflicto agudiza la situación’
La Clínica Jurídica reconoció que los problemas del sistema son estructurales y que no se deriva del conflicto reciente entre las autoridades del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia.
No obstante, consideró que, sin duda, este conflicto agudiza la situación de un sistema que “de por sí está en pedazos” y provoca que los tomadores de decisiones estén ocupados en sostener una postura dentro del conflicto o evitar que su imagen se vea amedrentada. Esto, en lugar de buscar formas de agilizar las citaciones o que los mecanismos de comunicación al interno de los despachos mejoren, o, incluso, evitar la dilatación de los procesos.
“Estos conflictos ocupan las cabezas de los tomadores de decisiones, y el sistema se ahoga en sus problemas”, señaló Gabriela Flores. Y advierte que muchos de los recursos de la Judicatura, tanto humanos como económicos, se encaminan a resolver problemas interpersonales en lugar de resolver lo que afecta a los usuarios.
Algunos casos
Flores detalló que son pocos los casos que se han resuelto luego de la pandemia, pero otros conflictos relacionados con temas de familia, laborales y violencia, se han multiplicado.
Subrayó que, si bien estas necesidades han ido en aumento, paradójicamente no se ha incrementado el número de profesionales que puedan ofrecer el servicio a las personas que lo necesitan.
De hecho, en los últimos días, la Clínica presentó tres quejas en contra de diversas unidades judiciales por falta de respuesta a los procesos.
Un caso muestra el grave problema que tienen los Juzgados para que la Justicia se aplique con celeridad. Un proceso relacionado con la fijación de pensión de alimentos se resolvió en 2021, tiempo en el que se determinó que los escritos podían ser ingresados a través de la ventanilla electrónica. Pero el “problema”, indicó Flores, es que no siempre este trámite garantiza que sean adecuadamente incorporados en el expediente físico al que tiene acceso el juez en su despacho.
“Esto produce un desfase. Ocurre que los jueces no conocen ciertos escritos y muchos pedidos se pierden por negligencia de las personas encargadas del archivo”, alertó. Para lograr que se agilice el trámite y que los documentos se incorporen al expediente pasaron diez meses. (SC)
Citaciones y ejecución de sentencias con problemas
Un proceso penal que siguió Norma P., (nombre ficticio para proteger identidad), víctima de abuso, fue resuelto hace varios años y un juez penal condenó al procesado a diez años de prisión y al pago de una indemnización. Desde noviembre de 2021, Norma solicita la ejecución de la sentencia de reparación, pero hasta ahora ese pago no se cumple.
En la Clínica Jurídica se desconocen las razones de la demora, o si esta se produce porque los documentos se perdieron.
Otro problema que se ha identificado son los trámites de citación. Esto ha “empeorado con el tiempo”.
Flores cree que desde la Judicatura no hay una intervención adecuada para tratar de resolver esta situación “apremiante”. Si hay suerte, las citaciones a las partes procesales pueden demorar cuatro meses, e incluso hasta tres años.
En la práctica, esto significa que la persona que trata de acceder al sistema de justicia, simplemente, “no lo puede hacer”, mencionó. Un caso de divorcio por causal fue presentado a mediados de 2019 y a mayo de 2022, todavía no se realiza la citación.
Iván Saquicela se defiende en tribunales
Este 26 de mayo de 2022, Iván Saquicela presidente suspendido de la Corte nacional de Justicia (CNJ), sustentó en una unidad judicial de Cuenca, su argumento de la acción de protección que impulsa para dejar sin efecto la sanción por 90 días. El Consejo de la Judicatura (CJ) lo sacó temporalmente del cargo, el máximo en la Justicia del país, por presunta negligencia en sus funciones y retrasar el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa. Saquicela alertó que la intención del CJ sería destituirlo.
La constitucionalista Lolo Miño argumentó que en la sentencia 3-19-CN/20, la Corte Constitucional señaló el deber de contar con una declaratoria judicial previa a la imposición de las sanciones. Señaló que el “desacato” de la Judicatura en el caso de Saquicela debería ser sancionado.
“En varias providencias los jueces piden que se emitan certificados de manera electrónica porque a veces la unidad judicial no tiene tóner, impresora o copiadora” .
Gabriela Flores, directora de Clínica Jurídica de la USFQ.
“La crisis judicial constituye un riesgo para la democracia. El respeto por la independencia judicial, la separación de poderes y el principio de legalidad deben primar en cualquier Estado de Derecho”. Lolo Miño, abogada.