SIP condena ataques y asesinatos a periodistas en Ecuador

Durante el paro de junio, en el que hubo 335 heridos, 155 detenidos y 77 violaciones a los derechos humanos, 242 periodistas fueron víctimas de violencia.

Un informe de la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se desarrolló del 27 al 30 de octubre de 2022 en Madrid (España), recoge los acontecimientos ocurridos en el Ecuador durante el paro indígena de junio de 2022,   y rechaza las agresiones y asesinatos a periodistas.

La SIP -donde Gabriela Vivanco, directora de Diario La Hora, fue elegida para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo-  afirmó que en este periodo la labor de los medios de comunicación se vio entorpecida por las fuerzas de seguridad del Estado y servidores públicos que atacaron a periodistas durante manifestaciones públicas.

Durante el paro registrado entre 13 y el 30 de junio, en el que hubo 335 heridos, 155 detenidos y 77 violaciones a los derechos humanos, 242 periodistas fueron víctimas de violencia. Además de intimidación verbal, muchos periodistas tuvieron que soportar que les tiren piedras, bombas lacrimógenas y hasta sufrieron ataques con látigos.

El 17 de junio el presidente Guillermo Lasso declaró el Estado de Excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, lo que se tradujo en restricciones a la libertad de prensa.

El decreto especificaba que «esta limitación consistirá en el establecimiento de restricciones y suspensiones; o el establecimiento de restricciones de calidad, de los servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet».

También estableció restricciones a la publicación de información que el gobierno considerara reservada o de circulación restringida, a través de los medios de comunicación y redes sociales. Poco tiempo después, el gobierno las dejó sin efecto.

Las agresiones contra periodistas también se registraron debido a la creciente inseguridad y a la acción de la delincuencia organizada. Muchos periodistas y medios sufrieron ataques, amenazas y acciones de sicariato. En ciertas zonas del país, en especial en Guayaquil, la prensa no ha podido desarrollar normalmente su labor, ante la falta de garantías de seguridad, dice la SIP.

Esta violencia es la consecuencia de dos asesinatos de periodistas en este período. Mike Cabrera fue asesinado el 24 de julio y Gerardo Delgado, el 10 de agosto.

Cabrera, de 33 años, dirigía en redes sociales su página Nexo Digital, en la que publicaba temas de interés local. Conversaba con otras personas en una avenida de Portoviejo, en Manabí, cuando dos sicarios que se movilizaban en una moto les dispararon en seis ocasiones. Las autoridades desconocen el móvil del crimen.

Delgado era gerente propietario del medio digital Ola Manta, en el que abordaba sucesos de relevancia para la comunidad y denuncias ciudadanas. Era precandidato a concejal de la ciudad de Manta. Fue atacado a balazos junto a su hija cuando se movilizaba en su vehículo por una avenida de Montecristi.

El 7 de octubre se registró un atentado contra el canal RTS y amenazas de muerte contra el director del diario Extra. Dos sujetos que circulaban en una motocicleta fueron captados por cámaras de seguridad cuando disparaban contra la puerta de acceso a RTS.

Los autores del atentado también dejaron enfrente del canal un panfleto firmado por «La Nueva Generación», en aparente alusión a uno de los carteles de narcotráfico de México, con amenazas de muerte contra el director de diario Extra, Galo Martínez Leisker, y los vendedores del periódico, además de «prohibir» su venta en Guayaquil y en las ciudades de Esmeraldas, Machala y Cuenca.

Ante los hechos de violencia, la SIP y otras organizaciones pidieron al gobierno de Lasso implementar un sistema de protección para periodistas y trabajadores de prensa.

La Fiscalía General del Estado (FGE)  ordenó que cinco periodistas ingresen en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, en respuesta a los atentados y amenazas que sufrieron Guayas, Morona Santiago, Azuay, Bolívar y Guayaquil.

FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

En un fallo considerado favorable para la libertad de prensa y el ejercicio periodístico, el 3 de octubre la Corte Constitucional aceptó la mayoría de las objeciones que presentó el presidente Lasso a un proyecto de reforma de la Ley de Comunicación que presentó la Asamblea Nacional.

Las objeciones de Lasso buscaban neutralizar los efectos negativos de la legislación, denominada «ley mordaza», creada y utilizada por el expresidente Rafael Correa para censurar a los medios y perseguir a los periodistas.

Lasso envió las objeciones parciales a la reforma de la ley el 24 de agosto a la Corte, con la intención, según la SEGCOM  de «sepultar» la ley mordaza.

Uno de los artículos objetado por Lasso, cuyo veto fue respaldado y ampliado por el tribunal, establecía que «el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos, queda prohibida la difusión de toda información falsa».

El fallo judicial especificó que «el Estado no puede prestarse a ser un ‘policía de la verdad’, y que no puede decir que información es verdadera y cual es falsa, así como tampoco crear un organismo estatal que supervise a los medios de comunicación.

En su dictamen, la Corte Constitucional resaltó que los medios de comunicación deben actuar con diligencia y esfuerzo para verificar y contrastar la información. Sin embargo, advirtió que «estos deberes y compromisos deontológicos del ejercicio periodístico no tienen como consecuencia la posibilidad de exigir que los periodistas provean la verdad absoluta». (SC)

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INFORME DE LA SIP 

Ecuador (sipiapa.org)