Las reacciones llegaron una vez que se conoció que el Legislativo introdujo un artículo que intentaba reformaba al COIP, amparados en la Ley de Violencia Digital.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) cuestionaron la decisión de la Asamblea Nacional de intentar coartar la libertad de expresión en el país.
Los pronunciamientos se dieron antes de que la Asamblea retrocediera en reformar el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Las reacciones llegaron una vez que se conociera que el Legislativo introdujo un artículo que reformaba el COIP, amparados en la Ley de Violencia Digital que se aprobó el 6 de mayo de 2021.
La SIP indicó que de aprobarse, esta reforma serviría para restringir “la libertad de expresión y puede afectar el trabajo de los periodistas”.
Jorge Canahuati, presidente de este organismo, señaló que le “la generalidad de la ley permite que los periodistas puedan ser demandados por incurrir en el delito de violación de la intimidad, sin establecerse diferencias respecto de asuntos de interés público”.
Rechazo a la ley
En cambio, la AEDEP, a través de un comunicado, pidió expresamente al presidente, Lenín Moreno, vetarla totalmente y que le permita al gobierno entrante, de Guillermo Lasso, trabajar en un nuevo proyecto de ley que aborde la violencia digital “contemplando” la protección de las “víctimas de acoso digital” pero sin afectar el derecho a la libertad de prensa.
La falta de debate y la premura con la que la Asamblea trabaja para aprobar leyes a pocos días de terminar su gestión hacen, según la AEDEP que, “se contemplen sanciones absurdas.
Francisco Rocha, presidente de la AEDEP, considera que Ecuador tiene “la necesidad de debatir” temas “preponderantes” como el ciberacoso, pero debe ser tratado “técnicamente y no usado para callar voces”..
Hoy, lunes 10 de mayo José Serrano, presidente de la Comisión de Fiscalización donde se trató esta ley, pidió reconsiderar esta votación y aprobar las reformas planteadas al COIP pero excluyendo los artículos 178 y 178.1.
El referido texto planteaba la pena privativa de libertad de hasta 3 años a la persona que grabe, revele, difunda o publique datos de terceros.
Canahuati recordó que en la reciente reunión semestral de la organización se prestó especial atención a la tendencia excesiva a regular internet sobre delitos que ya están tipificados en la legislación general, lo que crea doble estándares peligrosos, apuntaron. (AS)