El número de heridos llega a 400 y se registran 14 muertos en lo que va de 2023. Los sectores productivos gastan $200 millones al año para defenderse de la inseguridad.
En estos 110 días del 2023, la inseguridad constituye uno de los mayores problemas que amenazan gravemente a los sectores productivos.
Diariamente se registran nuevas víctimas de asaltos a mano armada, extorsiones, secuestros e incursiones a predios. Los hechos en su mayoría no son denunciados por temor a represalias y porque se ha perdido la confianza en la justicia para sancionar a los delincuentes.
Para tener muestra del impacto de la delincuencia, sólo en los gremios de camarón, banano, cacao y plátano suman casi 400 personas heridas en lo que va del año; 14 muertos y un perjuicio económico superior a los $2 millones.
Las cifras se han duplicado y hasta triplicado en comparación con el mismo periodo del año pasado, sin contar los eventos delictivos que no se denuncian. Los gremios antes mencionados forman parte de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador que representa el 75% de las exportaciones, no petroleras y no mineras.
Es preciso recalcar que el sector privado invierte anualmente más de 200 millones de dólares en sistemas de seguridad mediante la implementación de cámaras de video vigilancia, equipos de monitoreo, rastreo satelital, candados satelitales, escáneres, radios, contratación de guardias en turnos rotativos y custodias móviles armadas, entre otros rubros para intentar combatir la inseguridad; sin embargo, la situación está fuera de control.
Representantes de los sectores productivos de agricultura, ganadería, acuicultura y textiles exigen que se atiendan con carácter de urgente los siguientes puntos:
Al ejecutivo:
Asigne los recursos necesarios a las autoridades de control para que ejerzan con firmeza patrullajes permanentes a nivel terrestre y fluvial.
Asigne resguardo permanente a las zonas georreferenciadas como las de mayor incidencia delictiva.
Fortalezca el departamento de inteligencia de la Policía y sume esfuerzos con las Fuerzas Armadas para contrarrestar los casos de extorsión y secuestro.
Autorice, vía norma técnica, el porte de armas de largo alcance para uso de guardias de empresas de seguridad.
Al legislativo:
Se cree normativas que protejan a las víctimas y no a los victimarios.
A la función judicial:
Destituya a los jueces que dictan medidas sustitutivas a delincuentes.
Restitución y reforzamiento del programa de víctimas y testigos para dar mayores garantías a los denunciantes.
“Exigimos que el Estado, en su conjunto, actúe combatiendo la delincuencia de manera frontal controlando las zonas de alta peligrosidad que se tienen perfectamente identificadas. A este trabajo se lo debe acompañar de una correcta administración de justicia ya que no sirve de nada que la Policía capture a los delincuentes y la función judicial los absuelva, poniendo en riesgo a las víctimas que se atrevieron a denunciar. Ya no queremos más víctimas que lamentar”. Así resumió los pedidos de los sectores productivos José Antonio Camposano, Presidente del Directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) y Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. (JS)