Pachakutik, al igual que otros bloques políticos en la Asamblea Nacional, intentan llegar a alianzas para definir quién presidirá el Legislativo.
“Indignante esta forma sucia de hacer política”, dijo el asambleísta electo por Pachakutik (PK) Salvador Quishpe, respecto a un supuesto pedido del correísmo para sumar sus votos en la Asamblea, a cambio de apoyo para dar paso a la amnistía del exvicepresidente Jorge Glas y otros sentenciados por casos de corrupción.
“Primero me piden amnistía para Jorge G. y otros. Como no lo consiguen, ahora buscan venganza sacando las demandas que el correísmo hizo en mi contra en 2013”, dijo. “Prefiero quedarme sin la Presidencia de la Asamblea, antes de caer en estos chantajes”.
Ante esta afirmación, el prefecto de Zamora Chinchipe, Clever Jiménez, cuestionó que Quishpe no lo denunciara antes y le preguntó sobre quiénes le estarían presionando. En un mensaje en redes sociales, Jiménez también publicó una imagen extraída de la página web de la Función Judicial en la que se indica que el 3 de febrero de 2020 inició un juicio por presunto peculado en contra de Quishpe.
“Que la Fiscalía investigue sin presiones de nadie sobre mí y mi familia, todo lo que quiera. Para mí será una gran oportunidad que el Ecuador conozca sobre mi realidad socio económico”, dijo el asambleísta electo.
Pachakutik, al igual que otros bloques políticos en la Asamblea Nacional, intentan llegar a alianzas para definir quién presidirá el Legislativo. Como parte de estos acuerdos, algunos bloques aspiran hacerse con el control de comisiones a cambio de los votos que permitan a una u otra bancada poner a sus candidatos en la presidencia o vicepresidencia legislativas.
El primer acuerdo visible fue el del movimiento indígena con la Izquierda Democrática (ID), sumando 45 votos de respaldo en favor de los posibles candidatos de PK. El más opcionado es Quishpe, pero necesita mínimo 70 votos.
¿Se puede negociar con la amnistía?
La Asamblea Nacional tiene límites respecto al tipo de delitos que se pueden acoger a la amnistía.
“En el caso del indulto o la amnistía legislativa existe una limitación impuesta por la propia Constitución respecto de qué delitos no son susceptibles de ser amnistiados o de un indulto legislativo. Y, entre esos, están los delitos contra la administración pública. Son delitos que no pueden ser susceptibles de esta gracia legislativa”, explicó el constitucionalista Ismael Quintana.