Durante el segundo año del Gobierno de Correa se registró la mayor salida de capitales. Las actuales autoridades buscan abrir una ventana para la regularización de lo fugado.
En los últimos 14 años, más de $1.173 millones anuales han salido, en promedio, de manera ilícita del Ecuador. En otras palabras, esos recursos se han “fugado” sin ningún tipo de declaración o registro ante las autoridades nacionales.
Según Global Financial Integrity, esos flujos son un cálculo aproximado e incluyen dinero de la corrupción, narcotráfico y otros delitos, pero también el patrimonio lícito de personas y empresas que han buscado blindarse de la inestabilidad política, económica y normativa del país.
‘Fuga’ de dinero en 2008
Por ejemplo, en 2008 se registró la mayor fuga (más de $4.000 millones) relacionado en su mayoría con ecuatorianos que temían confiscaciones o cobros exagerados de impuestos durante los primeros meses de Rafael Correa en el poder.
En total, se estima que hay más de $16.400 millones que están en el exterior y fuera del radar de las instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, esa cifra se puede duplicar si se suman los recursos que podrían estar involucrados en la llamada facturación falsa dentro del comercio internacional, es decir, la subvaloración de exportaciones e importaciones para desviar fondos. Asimismo, la dimensión de todo lo que realmente genera el crimen organizado es complicado de cuantificar con exactitud
Según Belén Rodríguez, abogada tributaria, esta realidad es uno de los mayores retos dentro de los esfuerzos que se puedan hacer para combatir la evasión fiscal.
“Varios gobiernos han puesto la mira en eso, pero nunca se ha concretado nada. En el Gobierno de Lenín Moreno se propuso un régimen de regularización de activos en el exterior; pero no prosperó. Ahora, el Gobierno de Guillermo Lasso lo vuelve a intentar dentro de su reforma tributaria”, comentó.
Comenzar a recuperar parte de lo que se fugó
En la llamada Ley de Desarrollo Económico, el actual Gobierno incluye un régimen temporal para declarar y regularizar activos en el exterior.
Así, se abre una ventana, entre marzo y diciembre de 2022, para que se legalicen bienes y dinero, a cambio de un pago de entre 3,5% y 5,5% sobre el valor de estos.
La principal ventaja de esta iniciativa es que la implementación de un régimen de este tipo es requisito indispensable para que puedan entrar en vigor los convenios de intercambio de información financiera que el Ecuador ha firmado con Estados Unidos y más de 100 países a escala mundial.
Con estos intercambios, a mediano y largo plazo, las autoridades como el SRI podrán monitorear de mejor manera y detectar los flujos ilícitos para imponer sanciones drásticas y obligar al pago de impuestos.
En este sentido, las personas y empresas que se acojan a esa ventana de oportunidad tendrán dos ventajas principales. En primer lugar, pagarán un impuesto mínimo (entre más pronto pagan, el porcentaje es más bajo) para regularizar sus activos.
En segundo lugar, se evitan consecuencias posteriores, tanto económicas como legales, si las autoridades detectan en el futuro recursos no declarados y, que, en su momento, se podrían haber acogido a las facilidades planteadas en la reforma laboral.
“Se podrá exigir un pago más alto de impuestos a la renta, de hasta el 37% sobre todo lo no declarado, sin tomar en cuenta multas e intereses. Además, se deberán enfrentar a juicios y auditorías tributarias severas”, puntualizó Rodríguez.
Se espera recuadar $200 millones
La idea detrás de esto es que la única forma de ir reduciendo la salida ilícita de recursos, y la evasión que va de la mano, es con el efecto disuasorio: que se sancione a los que incumplen las leyes y no pagan lo que deben.
El Gobierno espera recaudar alrededor de $200 millones con la regularización inmediata, lo que representa una cifra conservadora, si se toma en cuenta solo los más de $16.000 millones de flujos ilegales calculados por Global Financial Integrity.
La meta ecuatoriana es mucho menor de lo que se logró con procesos similares en países como Colombia, Chile o Argentina, debido a que la economía nacional es más pequeña; pero también a que un gran porcentaje de los capitales fugados tienen su origen en la corrupción y el narcotráfico. En esos casos, una declaración voluntaria es completamente impensable. (JS)
