El Frente Unitario de Trabajadores ratificó una movilización para el 21 de septiembre de 2022.
El proceso de diálogo instaurado en el país ha contribuido a disminuir las tensiones políticas y sociales que llegaron a su punto máximo en las protestas de junio de 2022.
Si bien es cierto, los dirigentes de los movimientos indígenas han expresado su inconformidad por los resultados logrados, han reiterado que respetarán lo acordado en el Acta de Paz firmada el 30 de junio, y dialogarán hasta el final de los 90 días (12 de octubre de 2022).
Pero existe un “riesgo latente” que, una vez agotado este plazo, el movimiento indígena, agrupado en la Conaie, Feine y Fenocin, retome las protestas.
Sin embargo, en su análisis político, Juan Sebastián Salcedo, director de Asuntos Públicos de la consultora Llorente y Cuenca, dijo que existen motivos para pensar que estas protestas, en caso de darse, no alcanzarían las dimensiones de octubre de 2019 o junio de 2022, al menos no este año. Esto es atribuido al menos a seis factores.
“Existen más actores involucrados”, señaló, al explicar que el diálogo se ha desarrollado bajo el escrutinio de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), de la Organización de las Naciones Unidas, de universidades, de otras funciones del Estado y de entes civiles y empresariales.
Por ello, una eventual decisión del movimiento de romper el diálogo y recurrir nuevamente a métodos violentos no sería bien recibida, opinó.
Cumplió exigencias
A pesar de que el movimiento indígena insiste en que las conversaciones iniciadas el 13 de julio de 2022 no han generado resultados, la realidad es que el Gobierno ha cedido y cumplido gran parte de sus exigencias. “Por esto sería difícil de justificar para el movimiento nuevas protestas”, detalló Salcedo.
Otro factor considerado en su estudio son las elecciones seccionales. Las organizaciones políticas -dijo- tienen su mirada puesta en los comicios de febrero de 2023 y sus esfuerzos estarán enfocados en la campaña. Para varias organizaciones, apoyar un nuevo paro nacional iría en contra de sus intereses.
Fraccionamiento de Pachakutik
El fraccionamiento de Pachakutik, brazo político de la Conaie en la Asamblea Nacional, es otro factor por el cual será difícil alinear la agenda de las movilizaciones con la política.
La decisión de este movimiento de tomar distancia de las iniciativas de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) -de votar a favor de la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura- podría también observarse como un elemento que retrasaría una eventual decisión de volver a las calles. Esto a pesar de que la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE), tendría en mente empezar a organizarse en territorio después del 12 de octubre de 2022, cuando concluyan los 90 días de plazo. LA HORA buscó una versión de Leonidas Iza, pero la entrevista se aplazó.
Consulta y fútbol
En este escenario también entra la propuesta del Gobierno que alista una consulta popular, con la cual espera recuperar la iniciativa política y marcar la agenda pública. Esto implica que la agenda de las movilizaciones tendrá menos relevancia.
Para muchos emprendedores, microempresarios y empresas, los últimos meses del año representan la mayor parte de las ventas de todo el año. Paralizar nuevamente el país, particularmente en estos meses, podría ser ampliamente repudiado, dijo Salcedo.
En el estudio de Llorente y Cuenca se incluyó la cercanía del inicio del Mundial de Fútbol. Ecuador vuelve a jugar una Copa Mundial de Fútbol luego de ocho años. En su opinión, esto podría influir positivamente en el estado de ánimo de los ecuatorianos, generando mayor optimismo y patriotismo. Esto hará que los ciudadanos sean menos tolerantes a los desmanes violentos.
FUT confirma marcha
Existen factores que podrían avivar una eventual movilización. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), por ejemplo, ratificó que realizará una marcha el 21 de septiembre para exigir al Gobierno que establezca un plan de pagos de la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que bordea los $24 mil millones.
José Villavicencio, presidente del FUT, dijo que el plan de pagos debe incluirse en el presupuesto de 2023. Además, que se proceda con la designación de nuevos representantes de los empleadores y empleados en el Consejo Directivo del Seguro Social. (SC)
Mesas permanentes de diálogos
Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), es optimista al señalar que al finalizar los 90 días se puedan constituir mesas permanentes de diálogo. “Ojalá se llegue a legalizar este mecanismo”, señaló.
Alfredo Espinoza, arzobispo de Quito, llamó a respetar los compromisos firmados y asumidos por el Gobierno y el sector indígena de cerrar cuatro mesas este viernes y abrir otras cinco el 12 de septiembre. “Confiamos en la palabra (de Iza) asumida el 30 de junio”, pidió el prelado, que resaltó que en este proceso debe primar el bien del país y donde tampoco debe haber imposiciones.
La Iglesia espera tener los resultados de cada una de las mesas una vez que se vaya cerrando el diálogo para difundirlos a la ciudadanía. Los procesos de seguimiento deberán darse en territorio transformado en programas o proyectos sociales.
La consultora Llorente y Cuenca, es una agencia de comunicación que se encarga de realizar análisis político y económico del Ecuador y la región.
Las diez mesas
Focalización de subsidios de combustibles
Banca pública y privada
Fomento productivo
Empleo y derechos laborales
Energía y recursos naturales
Derechos Colectivos y Educación Superior
Protección a inversiones nacionales
Control de precios
Acceso a Salud
Seguridad