La solicitud de juicio político a punto de ingresar al filtro de la Corte Constitucional

DECISIÓN En manos de la Corte, presidida por Ali Lozada, recaerá decisión de enjuiciar o no a Lasso.
DECISIÓN En manos de la Corte, presidida por Ali Lozada, recaerá decisión de enjuiciar o no a Lasso.

La Unidad Técnica Legislativa emitió un informe técnico-jurídico no vinculante. Recomendó al CAL que dé trámite a la solicitud de juicio y la remita a la Corte Constitucional.

Es cuestión de horas para que la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, que aún se tramita en la Asamblea Nacional, pase al terreno de la Corte Constitucional (CC).

El viernes 17 de marzo de 2023, una mayoría en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) resolvió solicitar a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) un informe de cumplimiento de requisitos del pedido de interpelación al jefe de Estado oficializada el 16 de marzo con 59 firmas de un sector de la bancada correista Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC), de la  Izquierda Democrática (ID), de Pachakutik (PK) y algunos  independientes.

El CAL está  presidido por  Virgilio Saquicela, titular de la Asamblea;  Marcela Holguín y Ronny Aleaga (UNES);Esteban Torres (PSC), Darwin Pereira (Pachakutik), y Jhoana Moreira (ID). Nathalie Arias representa al oficialista CREO.

Un día después del pedido  del CAL (el 18 de marzo), Jorge Washington Sosa Meza, coordinador general de la UTL emitió un informe técnico-jurídico no vinculante, es decir que el CAL puede o no acoger sus recomendaciones.

En su parte pertinente concluye que la solicitud de enjuiciamiento político cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución, y se “encuentra debidamente fundamentado” por lo que recomienda al CAL que dé trámite a la solicitud y la remita a la Corte Constitucional.

¿Qué revisa la UTL?

Que la solicitud de juicio esté debidamente fundamentada; que contenga la formulación de los cargos por escrito atribuidos al presidente; que contenga el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, así como la prueba documental. Finalmente, se verifica que tenga las firmas de al menos una tercera parte de los miembros del Pleno de la Asamblea, declarando que las rúbricas son verídicas y corresponden a sus titulares.

Estos parámetros están determinados en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

A partir de que la Corte reciba el pedido formal, la atención del país se centrará en la decisión que deberán adoptar los jueces.

Seis de los nueve magistrados tendrían que dar un voto positivo por la admisibilidad del juicio político, caso contrario el tema quedaría archivado.

Fortalecimiento institucional

Los jueces se han manifestado a favor del fortalecimiento institucional del país.  De hecho, la designación de Ali Lozada, como presidente; y Carmen Corral, como vicepresidenta, en febrero de 2022, tuvo una votación unánime de los magistrados Teresa Nuque, Enrique Herrería, Carla Andrade, Daniela Salazar, Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas.

En esa ocasión, durante una breve intervención, Lozada destacó que, el hecho de que la designación de autoridades haya sido unánime demuestra que lo que se hará (a futuro), institucionalmente, será de manera colectiva, buscando que las decisiones sean lo más consensuadas y buscando garantizar la independencia de cada uno de los jueces.

Henry Cucalón, ministro de Gobierno, insiste que el jefe de Estado no está incurso en las causales de concusión y peculado con las que un sector de la Asamblea pretende llevarle al banquillo de los acusados, y dijo que a la CC le corresponde actuar en derecho y observar que la acusación esté acorde a lo previsto en la Constitución. “Sabemos de las credenciales de los magistrados de la Corte; esperemos que fallen en derecho y en función de país”. (SC)

El procedimiento

Si el CAL aprueba la solicitud de juicio, Virgilio Saquicela, deberá elevar el expediente a conocimiento de la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisibilidad.

Una vez que reciba la documentación, el pleno de la Corte se instalará y sorteará, con la presencia de todos los jueces, al magistrado ponente quien deberá preparar un proyecto de dictamen en tres días revisando aspectos de forma:  el proyecto debe argumentar si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, o si la solicitud singulariza la infracción que se le imputa al Presidente determinada en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución (concusión y peculado).

Culminado el plazo para que el juez emita un proyecto de dictamen, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, deberá convocar a una sesión de Pleno dentro de las 24 horas siguientes, y la resolución la deberá emitir dentro de las siguientes 48 horas con el voto de las dos terceras partes de los integrantes (al menos seis de nueve jueces).

Si la Corte emite un dictamen en contra, el expediente será remitido a la Asamblea para que disponga su archivo.

Pero, si los jueces emiten un fallo a favor, lo devolverá a la Asamblea, y Saquicela lo deberá remitir a la Comisión de Fiscalización para la respectiva sustanciación del juicio político al jefe de Estado.

Esta mesa tiene 30 días para presentar un informe que deberá recomendar o no el enjuiciamiento a Lasso. De sugerirse un juicio, se otorgará diez días al Presidente para que ejerza su derecho a la defensa, diez días para la actuación de pruebas, y diez días para la elaboración del informe.

Con ese informe, Saquicela tiene hasta cinco días para convocar al Pleno para el enjuiciamiento. En esa sesión, los interpelantes tendrán dos horas para la acusación, y Guillermo Lasso tres horas para defenderse; luego cada parte podrá replicar por una hora.

Luego iniciará el debate en el Pleno, donde podrán intervenir los 137 asambleístas por un tiempo de diez minutos. Para la aprobación de la moción de censura se requiere el voto de una mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea, es decir, 92 votos.

La solicitud de juicio fue oficializada el 16 de marzo de 2023 con 59 firmas de un sector de la bancada de UNES, del PSC, de la ID y de Pachakutik.

 Henry Cucalón, ministro de Gobierno

“Sabemos de las credenciales de los magistrados de la Corte; esperemos que fallen en derecho y en función de país”