La ‘Ley no más apagones’, que fue aprobada en enero de 2024, no solucionó los problemas estructurales que impiden más inversión privada en el sector eléctrico. Si no se la cambia, el estatismo seguirá produciendo apagones.
La Ley de Competitividad Energética, que fue vendida por el Gobierno de Daniel Noboa como la ‘Ley no más apagones’, se aprobó a inicios de enero de 2024. Sin embargo, Fernando Salinas, docente universitario y expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, alertó desde el inicio que esa normativa necesita reformas para que sea realmente una solución en medio de la crisis eléctrica en Ecuador.
“Se necesita una reforma para que se libere completamente el segmento de generación como lo ha hecho México o Uruguay. En ese segmento está realmente el problema y donde se puede concretar más inversiones”, acotó.
Además, Salinas considera que el Plan Maestro de Electricidad, que solo se ha quedado en el papel en los últimos años, debe ser declarado como prioritario y de obligatorio cumplimiento.
Un tercer punto importante es la creación de mecanismos para que el cliente sea parte activa de la red y, por ende, parte de la solución a la crisis energética. Esto solo se logrará permitiendo que genere su propia energía y gestionándola de manera eficiente e inteligente, apuntó Salinas.
Asimismo, se necesita un nuevo reglamento y otras regulaciones que están pendientes para que se viabilice la inversión privada en un sector que ha estado, por Constitución, solo destinado a las empresas públicas.
Reforma a la “Ley no más apagones”: Abandonar el enfoque estatista
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, explicó que el estatismo siempre fracasa cuando se acaba el dinero. Eso es precisamente lo que sucede ahora con un sector público con un alto déficit fiscal y una abultada cuenta de atrasos.
“Es hora de un nuevo modelo que dé la bienvenida a la inversión privada, pública y mixta. Se necesita un cambio legal ya. Hay que controlar la demanda también, a través de precios reales. Los precios subsidiados contribuyen al exceso de demanda”, aseveró Acosta Burneo.
La “ley no más apagones” fue apoyada por más de 100 asambleístas porque no representaba realmente un cambio estructural y mantenía el poder de decisión e inversión en manos de los políticos.
Acosta Burneo recalca que se pueden tomar ejemplos internacionales de cómo acabar con el estatismo en el sector eléctrico.
–Colombia: Mercado mayorista competitivo para generación eléctrica; y concesiones reguladas para transmisión y distribución eléctrica
–Chile: Generadoras venden en un mercado mayorista competitivo; transmisión y distribución bajo regulación.
Para crear un mercado mayorista de electricidad en Ecuador se necesita lo siguiente:
Abrir la posibilidad de que generadores (públicos/privados/mixtos) vendan energía en una bolsa. Luego, permitir que las empresas distribuidoras y del sector comercial e industrial compren libremente electricidad. Finalmente, los precios no deben establecerse con criterios políticos, sino a través de oferta y demanda.
Dos trabas mortales para la inversión privada en la “Ley no más apagones”
En la ‘Ley no más apagones’, que fue la segunda económica urgente del Gobierno de Daniel Noboa, no se permite el uso de recursos privados para mantenimiento de infraestructura pública dentro del sector eléctrico.
Es decir, se cierra la puerta a la concesión de infraestructura pública para mantenimiento. Esto debe corregirse de manera urgente, destrabar la aplicación de Alianzas Público-Privadas APP.
Otra traba que se debe corregir son las restricciones para la inversión privada en generación, transmisión y distribución.
Así, por ejemplo, en la ley se establece un límite de 10 MW para proyectos de autogeneración privada y solo para iniciativas renovables no convencionales.
“Si un privado quiere un proyecto más grande, debe pasar por un proceso público de selección donde podría perderlo. Además, en la ley eléctrica de Noboa, el correísmo prohibió el uso de capital privado para el mantenimiento de infraestructura eléctrica. Como el Estado está quebrado, el resultado será instalaciones deterioradas y más apagones”, acotó Acosta Burneo. (JS)
Según el Plan Maestro de Electricidad, actualizado en agosto de 2024, se necesitará, en promedio, más de1.700 millones de inversiones cada año
Se necesita una reforma para destrabar la inversión privada
Óscar Del Brutto Andrade, máster en Derecho de la Universidad de Pennsylvania y docente, cree que la Constitución de Montecristi (2008) permite que, excepcionalmente, el Estado delegue al sector privado la participación en los sectores estratégicos, dejando un “sistema legal amorfo que genera confusión y que no otorga la seguridad jurídica que necesita el inversor para arriesgar su capital”.
En otras palabras, una de las partes más perniciosas de la Constitución de Montecristi es su regulación de los sectores estratégicos y la idea de que el Estado es quien debe administrarlos y gestionarlos con poca o ninguna ayuda del sector privado.
“Debemos regresar a la libertad de la Constitución de 1998”, apuntó Del Brutto Andrade.
En un reciente comunicado público, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) hizo un llamado para que el presidente Noboa impulse una reforma constitucional que abra la posibilidad de la inversión privada en los sectores estratégicos, así como la implementación de una tarifa técnica “no política” que cubra los costos, el mantenimiento y la reposición de la infraestructura eléctrica.
“No existe energía más costosa que aquella que no está disponible”, aseguró el gremio empresarial.