Los cambios están considerados en el proyecto de Ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que presentó el Gobierno.
Militares y policías podrían ingresar a las cárceles cuando se produzcan revueltas o amotinamientos. La propuesta de ley para mejorar la seguridad planteada por el Gobierno propone reformas legales para que los uniformados sofoquen las emergencias, sin necesidad de que se emita previamente un estado de excepción.
La Ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la Fuerza Pública presentada por el Ejecutivo es la apuesta del actual régimen para bajar los índices de violencia en el país. Ahí se plantean reformas a cinco cuerpos legales.
Por ejemplo, la propuesta de ley gubernamental pide modificar el art. 685 del Código Orgánico Integral Penal (Coip). Así se incluiría el siguiente texto:
“En casos de amotinamientos, crisis carcelaria, o cuando existan elementos que permitan razonablemente prever que hay riesgo de que se generen estos eventos, la Policía Nacional podrá complementar la seguridad interna en los centros de privación de libertad”.
También propone hacer cambios en otro artículo del COIP para el empleo de militares con el mismo fin. Con las modificaciones se incluye el siguiente texto que facultaría a los soldados a ingresar a las cárceles.
“En los casos señalados en el segundo inciso del artículo 720 de este Código en que resulten insuficiente la actuación de la Policía Nacional para restablecer la seguridad de los centros, las Fuerzas Armadas también apoyarán al restablecimiento de la seguridad interna en operaciones bajo el mando de la Policía Nacional”.
El segundo inciso al que hace referencia esta propuesta dice: Cuando se produzca un motín o una grave alteración del orden en un centro de privación de libertad, la autoridad competente del centro solicitará, de ser necesario, la intervención de la fuerza pública en la medida y el tiempo necesario para el restablecimiento del orden.
En el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso también se plantea incluir a los centros de privación de libertad como parte de los sectores estratégicos de la seguridad del Estado.
En la Ley de Seguridad Pública y del Estado (art. 43) se indica que el Ministro de Defensa Nacional ante circunstancias de inseguridad críticas que pongan en peligro grave o grave riesgo la gestión de las empresas públicas y privadas, responsables de la gestión de los sectores estratégicos dispondrá a las Fuerzas Armadas, como medida de protección, la protección de las instalaciones e infraestructura necesaria para garantizar el normal funcionamiento.
Las normas actuales entregan la competencia de la seguridad interna de los centros de rehabilitación exclusivamente al Cuerpo de Agentes Penitenciarios. Sin embargo, la crisis carcelaria develó que no tienen el control de pabellones completos de cárceles.
Informes oficiales indican que los guías de las prisiones son insuficientes en número y que están mal equipados para contener revueltas o amotinamientos.
Para autorizar el ingreso de policías y militares a los centros carcelarios, los gobiernos han emitido decretos ejecutivos para declarar estados de excepción y hacer frente a la violencia penitenciaria. Con los cambios planteados, ya no sería necesaria esta figura porque el ingreso de la Policía y Fuerzas Armadas estaría reglamentado por vías ordinarias, en un cuerpo legal vigente. (DPV)
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