Reducir asambleístas significaría un ahorro para el país

Pleno de la Asamblea Nacional.

El  valor mensual por asambleísta es de 15. 825 dólares. En una de las transitorias consta el concepto de elecciones anticipadas.

Crisis de representación, falta de  proporcionalidad en su conformación, falta de credibilidad, ingente gasto estatal.

Esos son algunos de los argumentos que plantea el presidente de la República, Guillermo Lasso, para enmendar el artículo 118 de la Constitución con la pregunta 4 de la propuesta de consulta popular:  ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provisional adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residen en el exterior?

“Con esto se busca fortalecer la Legislatura”, dijo Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. 

La propuesta dice que, de no enmendarse la Constitución, la Legislatura pasará de 137 asambleístas a cerca de 152 en 2025 porque el número de representantes crecerá de acuerdo a la población, cada vez que se realice un censo.

Si se aprueba la pregunta, en cambio, habrán 100 asambleístas. Eso significa que el país se ahorrará 585.525 mensuales si se restan 37 asambleístas y 822.900 si los 52 salen de la ecuación. Esto, tomando en cuenta que cada asambleísta le cuesta 15.825 mensuales a los ecuatorianos.

Con la enmienda se busca fortalecer la institucionalidad. Incluso, con la reducción, habrá mejor representación, cada legislador podrá ejecutar sus labores de forma más eficiente y, eventualmente, ganar la confianza de sus mandantes. Sichel explicó que en 23 países hay evidencia de que esta fórmula mejora la representatividad. 

En una de las transitorias de esta pregunta consta el concepto de elecciones anticipadas. Pero Sichel aclaró que este tema se mantuvo “por responsabilidad”, pero aseguró que de ninguna forma se intenta anticipar “bajo ningún concepto” la muerte cruzada. Sin embargo, puntualizó que esa es una posibilidad constitucional. 

La última encuesta de  Cedatos, realizada entre el 14 y 17 de septiembre,  midió  el respaldo que tienen las ocho preguntas.  El sondeo se realizó  en 2.300 hogares a personas de 16 años en adelante, en 21 ciudades del país. La pregunta 4  registró un 81,4% de apoyo. Por el No se pronunció el 12.2% de la población, y por la opción No sabe o No contesta el 6,4%. (SC)