El Gobierno asegura que se priorizará la reparación de los tramos más dañados. También se reforzará el mantenimiento.
Durante el feriado de fin de año, miles de ecuatorianos se movilizaron a lo largo d e todo el país y generaron $62 millones de actividad económica. En esa temporada también se multiplicaron los puntos de congestión vehicular y las molestias por el mal estado de vías principales de conexión entre la Costa, la Sierra y la Amazonía.
Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ecuador inicia 2023 con un 45,85% de la red vial estatal en malas condiciones o de peligro para la circulación. Eso suma 4.718,32 kilómetros de carreteras que necesitan diferentes niveles de intervención, pero el Gobierno ha puntualizado que se debe priorizar lo más urgente porque no hay recursos para todo.
“Lamentablemente, estamos administrando en escasez. No alcanzan los fondos para poder arreglar todas las necesidades en el país. Vamos a tener que priorizar. Es una realidad con la que nos hemos encontrado no solo en esta cartera de Estado, sino en todas”, dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera.
Aprendizaje y eficiencia
Según Herrera, en comparación con 2022, el gran desafío de 2023 no es ejecutar el presupuesto porque “ya sabemos cómo se juega el juego y cómo ser eficientes”.
Por eso, este año las prioridades en obra pública estarán enfocadas en tres ejes. En primer lugar, se dará más relevancia al mantenimiento preventivo.
La falta de mantenimiento ha sido uno de los problemas estructurales en el país, incluso durante la década correísta, cuando se publicitan grandes obras de infraestructura.
Esta realidad no solo ha deteriorado la vialidad del país, sino que también está detrás de los problemas de producción y generación en los sectores petrolero y eléctrico.
Pablo Reinoso, economista y consultor en desarrollo vial, comentó que la falta de mantenimiento genera pérdidas para el Gobierno, los sectores productivo y turístico; pero sobre todo al bolsillo de los ciudadanos: más tiempo de traslados, menos visitantes y clientes, menos oportunidades de trabajo, entre otros.
En segundo lugar, el Gobierno priorizará la terminación de tramos viales importantes que están visiblemente dañados. Bajo este concepto están, por ejemplo, la Cuenca-Girón-Pasaje; la variante en el kilómetro 49 de la vía Cuenca Molleturo; la variante de la conexión entre Quito y Lago Agrio; solución vial sobre el río Upano (Morona Santiago).
Además, de los 1.179 puentes de toda la red vial estatal, 64 necesitan ser atendidos de manera inmediata porque están en muy mal estado.
Concesiones e inversión
De toda la red pública, solo el 11,76% está en muy buen estado (1.210,17 kilómetros). Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ese porcentaje corresponde a vías concesionadas.
Por eso, y por la falta de recursos en las cuentas públicas, otro de los ejes de acción es impulsar una mayor inversión privada.
Sin embargo, antes de hacer eso, el Gobierno ha revisado y reiniciado las concesiones privadas vigentes que tienen problemas (no todas son buenas).
Así, por ejemplo, se necesitan correcciones y reparaciones importantes en la vía que va de Guayaquil a Machala.
Por otro lado, Herrera ha reconocido que funcionan mal algunas de las concesiones viales más importantes en manos de gobiernos locales de Guayas y Pichincha.
“Vamos a ver el tema de las concesiones viales que están en manos de gobiernos locales, sobre todo en Guayas y Pichincha. En Pichincha ciertamente el caso icónico es la Alóag- Santo Domingo”, aseveró.
Luego de una concesión de 20 años, la Alóag-Santo Domingo se ha convertido en un desincentivo para el turismo, el comercio y la producción debido a sus constantes problemas.
El Gobierno ha asegurado que no está desentendido de este problema y que se van a buscar soluciones reales.
En febrero de 2022, LA HORA publicó una nota que mostraba que menos del 4% de lo que se recauda en peajes va a mantenimiento de carreteras en Pichincha. (JS)
El Gobierno tiene como meta aumentar el porcentaje de kilómetros de vías concesionadas del 17% actual al 40% hasta 2025.
El presupuesto de inversión del ministerio de Transporte y Obras Públicas será $297,68 millones para 2023.
La inversión total en obras de infraestructura en todo el sector público será de un poco más de $1.800 millones para 2023.
La ejecución presupuestaria aumentó al final de 2022
Según el Gobierno, luego de tener niveles bajos de ejecución presupuestaria en alrededor del 30% hasta junio de 2022, la situación se revirtió en el último tramo del año pasado.
Así, la ejecución del gasto corriente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas llegó al 98%; y en el caso del gasto de inversión sumó el 87%.
“Cogimos el Ministerio a medio año con varios proyectos que tuvimos que destrabar. Entregamos los hospitales y el aeropuerto en Manabí y otros proyectos que habían estado totalmente trabados legal y operativamente”, aseguró Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas.
Para 2023, por una parte, la liberación de más recursos públicos dependerá de una focalización efectiva del subsidio a los combustibles; por otro lado, las Alianzas Público-Privadas (APP) todavía siguen esperando por su despegue.