La Procuraduría espera que el tribunal penal, que sentenció a Rafael Correa y otros, responda a la solicitud de embargo de los bienes.
El monto total al que ascienden las reparaciones, penas económicas, multas y otro tipo de sanciones penales en casos que involucran a exfuncionarios correístas alcanza los $108 millones. De ese número, la justicia ecuatoriana apenas ha podido recuperar 2,4 millones; es decir, el 2,2%.
Con el paso de los años, los sentenciados van recuperando su libertad, a pesar de que no han honrado las sanciones pecuniarias. Es el caso de Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, quien ya accedió a la prelibertad y ha solicitado mediante un escrito judicial que los jueces le permitan entregar un vehículo sedan usado y sus conocimientos para cancelar los $666.000 por reparación integral. El carro es parte de un peritaje para conocer su avalúo.
Mosquera, quien fue ministro en 2008, aceptó haber recibido $1 millón de parte de una empresa extranjera vinculada a la constructora brasileña Odebrecht; sin embargo, negó que se tratara de una coima. Durante las investigaciones, la Fiscalía demostró que el dinero estaba en cuentas en paraísos fiscales y sirvió para comprar maquinaria, que años después llegó a Ecuador, a compañías de familiares.
En 2018 fue sentenciado a cinco años de cárcel, pero accedió a la prelibertad en julio de 2020. Hoy dice que no tiene cómo cancelar los $666.000 que un tribunal le ordenó pagar, tras ser hallado culpable del delito de lavado de activos.
En libertad sin pagar
Cuatro de los ocho sentenciados en el esquema de corrupción de Odebrecht ya salieron libres, dos más fallecieron por Covid-19, según sus abogados. En este último grupo está el tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, quien murió el sábado.
Un séptimo procesado tiene prisión domiciliaria y solo el exvicepresidente Jorge Glas sigue tras las rejas. Ninguno ha pagado su parte en la compensación al Estado por $33,4 millones.
En otro caso, Laura Terán es una de las 20 personas sentenciadas por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Cumplió prisión por siete meses y ahora trabaja como secretaria en el sector privado, con un sueldo que bordea los $400. Ella fue juzgada como cómplice y todavía está pendiente su pago por $368.632. Su abogado dijo que no puede cancelar esta obligación. La justicia ordenó a todos los sentenciados pagar $14,7 millones. Y apenas se han recuperado $1,9 millones.
Autoridades a la espera de los jueces
La Procuraduría embargó en noviembre de 2021 el dinero de las cuentas de todos los procesados. Además, LA HORA conoció que la entidad ya pidió al tribunal de ejecución, presidido por el juez Wálter Macías, que “disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los sentenciados”, pero esta solicitud no había sido respondida hasta el viernes 14 de enero de 2022.
La Unidad de Recuperación de Activos, que pertenece a la Procuraduría, tiene 10 procesos abiertos del correísmo en los que busca recuperar algo del dinero robado a las arcas estatales (ver infografía). Los más avanzados son IESS, en el que fue sentenciada la excoordinadora general de esa institución, María Sol Larrea (ya en libertad); el caso Petroecuador, en el que fue sentenciado Carlos Pareja Yannuzzelli; y el caso Sobornos. Esos tres están en la última de las cuatro etapas de recuperación: que es el embargo y la retención de los bienes.
Otros seis casos están en la etapa tercera: ejecución; y solo uno, el proceso por peculado en contra del exministro del Deporte, Raúl Carrión, está en la segunda fase: pedido de ejecución. La Procuraduría informó que todos los expedientes ya superaron el primer paso que se refiere a la investigación.
Las autoridades apuntan a terrenos, casas y menaje
En mayo de 2021, el Estado tomó posesión de tres inmuebles que eran de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, sentenciado por el delito de cohecho dentro de la trama de corrupción en la empresa estatal petrolera. Propiedades valoradas en $240.000. Dos meses después, en julio de 2021, se logró el embargo de $430.000 en bienes joyas y otros bienes que pertenecían a María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sentenciada por enriquecimiento ilícito.
El camino para recuperar el dinero robado es largo, indica el abogado penalista y catedrático Pablo Encalada. Luego de agotar todas las instancias de un juicio (sentencia, apelación, casación) se inicia un nuevo trámite para cobro de las reparaciones económicas.
Opciones para pagar lo robado
Los sentenciados tienen dos opciones: pagar en efectivo o dimitir bienes, es decir, entregar a la justicia sus vehículos, casas, terrenos o activos para que sean vendidos y con ese dinero descontar la deuda con el Estado. En el caso de que los procesados no tengan el dinero ni bienes para cubrir los montos, serán declarados insolventes y el Estado tendrá que dar por perdido el dinero. Ahí, los multados no podrán contratar, iniciar un negocio o abrir una cuenta bancaria.
Gobierno afina mecanismo anticorrupción
El consejero de Gobierno para la lucha contra la corrupción, Luis Verdesoto, informó que se crearán “grupos de tarea” para detectar alertas tempranas de corrupción en las 10 áreas más sensibles.
Estas unidades estarán integradas por un delegado presidencial, un experto internacional en el área, un perito nacional y un abogado. Se hará especial énfasis en el área petrolera, minera, telecomunicaciones, electricidad y obras públicas.
Con la creación de estos grupos se busca formular denuncias ante la Fiscalía en casos puntuales y, también, realizar los cambios en política pública para impedir nuevos hechos de corrupción. Esta acción se presentará como parte de la estrategia anticorrupción, en abril próximo.