Una de las prioridades es el proceso de interpelación a vocales del Cpccs y de la exministra de Salud, Ximena Garzón.
Luego de la derrota de la oposición (agrupada en las bancadas de la Unión por la Esperanza -UNES-, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática) en la Asamblea Nacional, que no reunió 92 votos para destituir a tres vocales y una expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Virgilio Saquicela rearmó la agenda de prioridades antes de la vacancia legislativa que inicia el 12 de septiembre y concluirá el 26 de este mes.
La primera prioridad apunta a instalar este jueves 8 de septiembre de 2022, una sesión del pleno donde eventualmente se plantearía una moción para que se reconsidere la votación de censura y destitución de Fausto Murillo, presidente del CJ; los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, y María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo.
Aunque Saquicela adelantó que “todavía se arma” el orden del día, recordó que la reconsideración es una figura legal que está prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que podría ser argumentada y solicitada por cualquier legislador.
“No existe ninguna situación de camisa de fuerza que tenga que darse o no tenga que darse; es un derecho que tienen los legisladores y sabrán si así lo consideran”, comentó.
Los votos en juego
Las autoridades de la Judicatura se mantienen en sus cargos, pero no todo está dicho. El artículo 145 de la Ley de la Función Legislativa establece que, cualquier decisión adoptada por el pleno de la Asamblea puede ser reconsiderada.
Las bancadas de UNES, PSC e ID solo necesitan 70 votos para aprobar la moción de reconsideración de la votación. Con los 87 votos obtenidos en la sesión del jueves, a la oposición solo le falta cinco voluntades para censurar y destituir a los vocales.
Los oficialistas representados en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), están conscientes que estos días serán claves para la búsqueda de los cinco votos que les falta a la oposición. Juan Fernando Flores, jefe de este bloque legislativo, hizo un llamado a estar vigilantes de lo que ocurra en las próximas horas, aunque no cree que habrá sorpresas porque fueron 51 asambleístas que no aprobaron la moción de censura.
‘Juego democrático’
Ante las críticas de algunas bancadas por la decisión de Virgilio Saquicela de haber suspendido la sesión el pasado jueves para, según dijeron, negociar los votos que les faltaban para reunir 92 voluntades, el presidente de la Legislatura justificó su decisión de clausurar la sesión.
“Estamos en un juego democrático, la Asamblea es eminentemente política, el Pleno se pronunció el jueves, y de existir un pedido de reconsideración debería volver a pronunciarse el Pleno”.
¿Qué apuro tenía el jueves para cerrar la sesión del 5 de septiembre de 2022? “Ninguno, clausuré al terminar la sesión, no hubo ninguna situación anómala; que algunos intereses particulares por allí empiecen a rasgarse las vestiduras y a analizar y decir una u otra cosa, gente allegada a los distintos sectores políticos, ya es cuestión de cada quien”, señaló Saquicela.
‘Juicios a la carta’
Desde la Presidencia de la Asamblea se ha establecido, además, que los lunes, miércoles y viernes sesionen las comisiones especializadas, y de manera virtual los fines de semana.
Una mayoría en la comisión de Fiscalización y Control Político intentará acelerar el proceso de interpelación en contra de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por presunto incumplimiento de funciones. En esta mesa también se debate un posible juicio a Ximena Garzón, exministra de Salud Pública. En una sesión de la Mesa de Fiscalización del 29 de agosto de 2022, Ana Belén Cordero (CREO), declaró que es “evidente que se quiere avanzar con juicios políticos a la carta”. (SC)
Ley Orgánica de Comunicación
El 24 de septiembre se cumple el plazo de 30 días que tiene la Asamblea para pronunciarse sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Comunicación. Este pronunciamiento puede darse después de la vacancia legislativa (facultado en el artículo 26 de la LOFL) que suspende los plazos para el trámite de leyes, explicó Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Función Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
En el caso de la objeción por inconstitucionalidad a 17 artículos que deberán ser conocidos por la Corte Constitucional (CC), la Asamblea debe remitir un informe a la Corte y esta debe dictaminar sobre la objeción en un plazo de 30 días.
Para eso, el caso se sortea automáticamente a un juez sustanciador, quien puede requerir las actuaciones necesarias para su mejor resolución. Luego debe remitir un proyecto de dictamen para que sea debatido y resuelto por el Pleno de la Corte Constitucional. Si es que la objeción del Ejecutivo también es por inconveniencia, primero debe resolverse la objeción por inconstitucionalidad.
Para este domingo 11 de septiembre se prevé instalar una plenaria para celebrar el Día de la República por la aprobación en Riobamba de la Primera Constitución del Ecuador.
La Asamblea tiene pendiente el trámite de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de Gestión de la Pandemia, Reformas a la Ley de Educación Superior, y Código de la Salud.