Sin recurrir a medidas que afectan a los que tienen menos ingresos, se pueden establecer cambios para recaudar más dinero.
Incluso en un escenario de austeridad, el gasto público para 2022 será alrededor de $34.000 millones. La única forma de cubrir ese monto -y evitar que se sigan acumulando déficits fiscales- es tomar medidas para incrementar la recaudación de impuestos en al menos $2.200 millones.
Ese aumento es indispensable para el país, independientemente de que el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), continúe o no.
Sin embargo, ante la incertidumbre de un nuevo presidente, con una Asamblea atomizada, existen dudas de si se podrán generar consensos mínimos para aprobar una reforma tributaria que haga posible ese objetivo.
Napoleón Santamaría, analista tributario, aseguró que la clave es que, con la participación de universidades y profesionales expertos, se genere una propuesta técnica, sin tintes políticos. “Si se plantea bien, puede ser la base para construir una propuesta inteligente en favor de los ecuatorianos”, dijo.
A poner el hombro
Si se dejan de lado las medidas tradicionales, como el aumento del IVA o el impuesto a la renta, el primer punto donde se puede llegar a acuerdos, a pesar de las diferencias políticas, es en una reducción sustancial del nivel de exenciones, deducciones y exoneraciones tributarias.
Actualmente, Ecuador tiene un sistema donde, por ejemplo, sectores rentables como el camaronero o el brocolero no pagan tributos por nuevas inversiones o adquisiciones.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), todos los beneficios incluidos en la ley, que permiten pagar o no pagar, son los causantes de que el Estado deje de recaudar alrededor de $5.400 millones al año.
Belén Morales, experta tributaria, recalcó que se debe hacer un ejercicio de depuración para tener un esquema más justo, el cual podría incluir una tarifa plana para todas las actividades económicas. “Que todos paguen y no haya unos más favorecidos que otros”, acotó.
Impuesto al incremento del patrimonio
El segundo punto de consenso es la constitución de un impuesto al incremento patrimonial, el cual está en el centro del debate sobre la distribución de la riqueza. La meta es que los que más tienen contribuyan -en proporción a sus bienes- pero sin repetir los excesos y equivocaciones del pasado.
Los impuestos mal diseñados, como el de la plusvalía, generó recaudaciones de $480 millones durante la década correísta, pero con un buen sistema se podría conseguir ingresos adicionales de entre $800 y $1.000 millones.
“Con una explicación razonable y parámetros justos, todos apoyarían una reforma, incluso los que ahora pagan poco o nada. Los empresarios deben pensar que, si los niveles de pobreza y extrema pobreza llegan al 50% de la población, ese no es un buen ambiente de negocios”, acotó Santamaría.
Invertir en gestión de cobro
Ecuador pierde al menos $2.000 millones anuales por evasión tributaria, por lo que con una mejor gestión de cobro se podría cambiar drásticamente la realidad de ingresos fiscales. Sin embargo, el SRI ha sufrido la reducción de su personal de control en los últimos años.
Uno de los principales acuerdos que debe tener el país es identificar los gastos inútiles en todo el sector público, con el fin de dar más recursos a tareas importantes como la recaudación efectiva de impuestos.
Además, se debe construir todo un sistema operativo y legal para que se fiscalicen las fortunas mal habidas y se recuperen las deudas, en firme, de grandes empresas. Por ejemplo, solo entre Quito y Guayaquil, diez negocios tienen obligaciones vencidas de pago por más de $800 millones. (JS)
Dentro del acuerdo con el FMI, el plazo máximo para aprobar una reforma tributaria es el 30 septiembre 2021.
Sectores como educación y gobiernos locales reciben entre 11% y 21% de la recaudación anual de impuestos, directamente.
“Los empresarios deben pensar: ¿de qué sirve estar exonerados y llevarte el 100% de la utilidad, si el país se derrumba?”.
Napoleón Santamaría, experto tributario.