La capital vive un momento complicado en lo político. Esto ha afectado el funcionamiento institucional que baja su ritmo en espera del desenlace judicial que determine quién comandará la ciudad en los próximos 22 meses.
El 2021 no ha sido un año normal para los capitalinos. A la devastadora pandemia de la Covid-19 se suman problemas políticos, que enfrentan a Jorge Yunda, actual alcalde, y a Santiago Guarderas, vicealcalde.
Mientras ellos pelean en los juzgados, en las calles los ciudadanos batallan por cubrir sus necesidades. En una de las vías de Carcelén, extremo norte de Quito, está Carla Macías. Sobre lo que pasa en el Cabildo dice que no está al tanto y que poco le interesa.
A unos pasos de ella está Carlos Parra. Cree que la ciudad está detenida, puesto que existe desorden, inseguridad y falta de acción de las autoridades. «Caminar por un parque es cosa seria (…) No hay luz y algunas calles están a oscuras». Considera que ese es uno de los factores del aumento de robos a los «ciudadanos de a pie».
Un municipio sin recursos
Fernando Carrión, analista y catedrático, en entrevista con Teleamazonas, mencionó que el nuevo Alcalde tendrá solamente el 15% del total del presupuesto a su disposición.
Apuntó que el 40% se destina para la construcción del Metro y un tercio va al pago de 22.000 funcionarios. Esto se agrava al no recibir ingresos de parte del Gobierno central y los propios que genera el municipio.
Fernando Morales, concejal de Quito, mencionó que del presupuesto 2021 se ha ejecutado únicamente “el 29%”. En el 2019 en las administraciones zonales “no se pudo hacer uso de unos “$10 millones”. A su criterio, eso evidencia que la “ejecución y planificación no van de la mano con el discurso” del alcalde Yunda.
La concejala Paulina Izurieta, considera que a estas alturas del año ya debería estar la ejecución en un 60%. Comenta que en las áreas de salud, educación y cultura “no se ha ejecutado absolutamente nada”.
Ordenanzas detenidas
Carrión considera que el Concejo municipal debe dejar de lado los temas políticos y «dedicarse a trabajar». Mencionó que existen ordenanzas detenidas por más de 12 meses, como por ejemplo, las encaminadas a la seguridad ciudadana; y, a la regulación de la venta y alquiler de edificios patrimoniales.
Morales considera que la actual administración deja “varias ordenanzas pendientes”. Por ejemplo, el “segundo debate para la reforma a la ordenanza de Quito Honesto”, pendiente de debate desde hace ocho meses.
Izurieta apunta como prioritario el Plan de Gestión de Uso del Suelo postergado de debate y aprobación por la pandemia del Covid-19. “Tenemos dos meses para aprobarlo (…) Puede ser causal de remoción de los concejales”, sostiene.
Un Metro mal diseñado
A criterio de Carrión se deben tomar tres decisiones en torno a este tema. La tarifa; la urbanización y articulación del Metro con la estructura vial de la ciudad; y, definir el modelo de gestión para su operatividad. Solventadas estas inquietudes llevaría a que este sistema de transporte opere en los próximos 12 meses.
La concejal Izurieta dice que para destrabar este proyecto es necesaria la definición del modelo de gestión. Lo califica como un “objetivo primario” que permitirá que pueda estar operativo. “No existe una unidad única que se encargue de este proceso (…). No podemos aventurarnos a decir una fecha de operación del Metro”.
Cambios estructurales
El experto Carrión cree que es hora de plantear reformas al Código de la Democracia. La municipalidad quiteña está dividida en cuatro distritos electorales que eligen en total 21 concejales.
Organizacionalmente el Concejo se divide en 21 comisiones. «Las decisiones de una comisión tienen que pasar hasta por tres comisiones más. El tema burocrático es más engorroso y es uno de los factores para el ingreso de la corrupción».
Plantea que las reformas deben estar enfocadas en tener concejales distritales y de todo el cantón Quito.
Izurieta cree que se debe ir hacia una reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), pero aclara que “llevará un largo tiempo en la Asamblea”.
Pero cree que la prioridad inmediata de gobernabilidad será la de “llegar a consensos inmediatos” que le permita a la autoridad entrante realizar un trabajo más eficiente en los 22 meses de gestión que tendría por delante. (AS)