Expertos en contratación pública detallan que la Secretaría de Salud de Quito no compra nuevas pruebas PCR, porque un menor precio confirma el peculado.
Ni una sola prueba PCR se ha comprado en la Secretaría de Salud de Quito desde abril de 2020.
“Nosotros no disponemos de pruebas del primer contrato de Saludmed”, dijo Linda Guamán, asesora técnica de la secretaría de Salud.
El contrato al que hace referencia Guamán es el mismo por el que ella, el Alcalde de Quito y 12 personas más fueron llamadas a juicio por el presunto delito de peculado.
Actualmente, Quito – epicentro de la pandemia- cuenta con menos de 3.000 pruebas que fueron donadas para detectar Covid-19.
¿Por qué la Secretaría de Salud no adquiere más kits de diagnóstico? Las autoridades se justifican detrás procesos de contratación caídos y en que los funcionarios municipales tienen miedo de firmar contratos.
Sin embargo, los expertos en contratación pública, Pedro Freile, Pablo Beltrán y el penalista Sebastián Cornejo, tienen otra teoría.
El tema es más político que jurídico”, argumenta Freile. “Si en una nueva adquisición se evidencian precios más bajos a lo que realmente pagaron, estarían casi condenando a los procesados por la adquisición de las pruebas covid”.
Desde el 4 de mayo, LA HORA buscó la versión de la Secretaría de Salud sin obtener respuesta.
Procesos caídos y miedo de funcionarios
Hasta noviembre de 2020 se realizaron las 88.500 pruebas diagnósticas de Covid-19 que el Municipio adquirió en abril de ese mismo año.
Luego, la Secretaría de Salud anunció un concurso de licitación, pero no para adquirir pruebas, sino para el servicio de un laboratorio sea el que entregue las pruebas y las procese.
El proceso de contratación se publicó en diciembre y fue declarado desierto. Guamán explicó que recibieron cinco ofertas, pero todas con errores. El proceso se retomaría el pasado febrero. Es mayo de 2021 y no hay ni concurso, ni pruebas.
Por su parte, Ximena Abarca, secretaria de Salud, aseguró que los funcionarios en áreas técnicas, como en la financiera y la jurídica tienen miedo de firmar documentos que den paso a la adquisición de tests, debido al juicio por presunto delito de peculado en curso y que aún no tiene fecha.
“Quito no tiene pruebas PCR, ni de antígenos. El Municipio no ha logrado hacer esas inversiones”, dijo el concejal Fernando Morales y destacó que de ninguna manera es válido decir que por procesos legales no se pueden comprar más pruebas.
El juicio es a la persona, no a la institución
El penalista Sebastián Cornejo detalla que en materia penal las responsabilidades son individuales. “Tampoco pueden paralizar los procesos de la Secretaría de Salud. Los mecanismos de contratación son para viabilizar los objetivos de la institución”, detalla Cornejo.
Su opinión coincide con la del experto en contratación pública, Pablo Beltrán, quien detalla que el proceso legal es contra la persona no contra la institución.
“No puede el sector público paralizarse por miedo de los juicios de otras personas. Un funcionario público no puede negarse a cumplir con sus responsabilidades”, comenta.
El abogado y excandidato presidencial, Pedro Freile, sostiene que el juicio que enfrenta el alcalde Jorge Yunda y otras 13 personas no tiene que ver con la decisión de comprar pruebas sino con el precio pagado.
“Si eres funcionario público y quieres volver a comprar a un precio inapropiado, debes estar dañado moralmente. Si lo que les preocupa es eso, simplemente hagan la adquisición al precio que corresponde”, dice.
Para Freile, que un funcionario no firme nuevos contratos no lo protege a él, sino a quienes enfrentan un juicio: “Se están tratando de sacar el cuerpo para no hacerse enemigos con los que están imputados en el proceso. Si ellos compran y evidencias que se podía comprar más barato, les fregaron a los enjuiciados”.
Cornejo considera que pasada la audiencia preparatoria de juicio, las pruebas ya se anunciaron. Considera que un nuevo contrato con un precios más bajos, en teoría, no influye en el juicio por peculado, pero podría entorpecer la percepción pública.
“El primer comentario que saldría es que hubo sobreprecio. La gente va a decir ‘miren a lo que se compró y miren ahora a lo que se está comprando’”, agrega el penalista. Si bien en el ejercicio de administración de justicia no debería influir “obvio que va a influir”, agrega, “este es un proceso mediático”.
“Este es un tema de criminología mediática. Por el mismo tema de que toda la ciudadanía está expectante se aceleran los plazos e incluso, en ciertas circunstancias, se crea un efecto de sesgo en los mismos administradores de justicia, que no debería pasar, pero lamentablemente, a veces sucede”, destaca Cornejo.
“Los funcionarios con problemas legales, que no puedan ejecutar el tema administrativo deberían también dar un paso al costado”, Fernando Morales, concejal.
A menor testeo, menos control de la pandemia. Hasta marzo de 2021, en Quito se levantaron 38 cadáveres. En abril fueron 71.