Las autoridades han evadido desde 2019 la crisis carcelaria, cuando la Corte Constitucional emitió dictámenes que facultan al Estado a actuar.
“Que en este video quede constancia de que pudieron hacer algo y no hicieron nada, señores. Por Dios, ayúdennos”, fueron las palabras de uno de los internos del pabellón 2 de la ‘Penitenciaría del Litoral’, quien transmitía en vivo vía Facebook la ‘masacre’ del 12 y 13 de noviembre en la ‘Penitenciaría del Litoral’, una de las cárceles más pobladas del país.
La alerta, que se dio desde el jueves 11 de noviembre no fue suficiente para evitar el saldo de 68 muertos y 25 heridos que dejaron los nuevos enfrentamientos que iniciaron a las 19:00 del 12 de noviembre y frente al cual las autoridades intervinieron siete horas después, el 13 de noviembre.
Luego de las declaraciones de la Comandante General de la Policía, Tannya Varela y del Gobernador del Guayas, Pablo Arosemena Marriott; el Presidente Guillermo Lasso, a través de un twit, hizo un llamado de atención a la Corte Constitucional, en el cual pidió las herramientas constitucionales para luchar por la seguridad y contra las mafias.
Frente a este llamado, hubo un cruce de twits entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, en donde ninguna autoridad asumió su responsabilidad. La Corte, por un lado, rechazó las declaraciones del Presidente, argumentando que desde 2019 “se advierte de manera reiterada que la severa crisis que afecta al sistema penitenciario requiere de acciones concretas y estructurales, diferentes a las que pueden ser adoptadas en un estado de excepción”.
Por otra parte, el presidente Lasso respondió que su obligación legal es acatar sus fallos pero que “ello no obsta que esté en desacuerdo con ciertas posiciones y lo declare públicamente cuando lo amerite”.
¿Quién es responsable?
Este intercambio de responsabilidades dejó en evidencia que la crisis carcelaria es el resultado de un problema estructural que se ha tratado de solucionar con medidas ‘parche’ como los decretos de estado de excepción.
La Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) determinan que el órgano rector en materia de Rehabilitación Social es el servicio nacional de atención a personas privadas de la libertad (SNAI); así lo explica el abogado constitucionalista André Benavides, para quien los últimos asesinatos en la Penitenciaría, son responsabilidad compartida del Gobierno y de las autoridades que forman parte del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
“Es absurdo culpar a la Corte Constitucional de estas matanzas porque las herramientas jurídicas están ahí. La Corte ha hecho su parte a través de los dictámenes que ha emitido para declarar la constitucionalidad de los estados de excepción por crisis carcelaria”, detalla Benavides.
Por ejemplo, el Dictamen 4-20 emitido por la Corte Constitucional del Ecuador, en agosto de 2020, establece que la Policía Nacional tendrá la misión de “reforzar el control interno de los centros en coordinación con el SNAI y la seguridad perimetral de los centros de privación de libertad, para garantizar la integridad personal, la vida y la convivencia pacífica de las personas privadas de libertad”.
No obstante, esta medida poco o nada ayudó a restablecer el orden y evitar más muertes al interior de la ‘Peni’. “Esto se pudo controlar con apoyo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) o del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), pero la ineficiencia del Estado les lleva a culpar a otras instituciones que no tienen nada que ver”, dice Benavides.
¿El ingreso de las FFAA es una solución?
La Constitución establece, en el Art. 158, que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la “defensa de la soberanía y la integridad territorial” por lo cual, la Corte Constitucional decretó funciones “estrictamente complementarias” para el control de armas en los exteriores de las cárceles y ordenó que “de ninguna manera la medida autoriza su ingreso a los centros de privación de libertad”.
Desde la academia, Diego Pérez, experto en Seguridad, enfatiza en que no existe el marco legal para que las FF.AA. ingresen en las cárceles. “Esta entidad realiza un trabajo subsidiario a lo que hace la Policía, cuya atribución exclusiva es la garantía del orden público”, comenta.
Por su parte, André Benavides menciona que el trabajo de las FFAA es únicamente complementario porque su preparación está dirigida a “eliminar al enemigo” y la solución del sistema carcelario no radica en esto sino en un tema de control. “Meter a los militares a las cárceles iría, incluso, en contra de estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, finaliza.
“No existe un marco legal que permita que las Fuerzas Armadas entren en las cárceles”. Diego Pérez, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y experto en Seguridad.
Soluciones a corto plazo desde la voz de los Derechos Humanos
Bianca Gavilánez, coordinadora de la Fundación Dignidad que se encarga de defender y promover los derechos de personas en contextos de encierro, dijo que luego de 4 masacres en las cárceles del país, el SNAI no ha cumplido con los diferentes dictámenes de la Corte Constitucional.
“El Estado tiene toda una estructura para hacer algo por el Sistema Penitenciario pero no actúa pese a todas las alertas que se emitieron esta última vez”, comenta Gavilánez y habla de que el Gobierno ha develado una “política de exterminio” de la gente más pobre.
La activista propone que, a corto plazo, se debería conceder traslados penitenciarios que abogados han interpuesto a varios internos, que el SNAI entregue de manera oportuna e inmediata, los cambios de régimen con certificaciones y así ‘desintoxicar’ las cárceles; y, finalmente, que Judicatura atienda casos de habeas corpus que “se deben atender en audiencia en 24 horas y nos han atendido en una semana”, explica. (MFU)