La disputa por la Presidencia del denominado quinto poder del Estado alcanzó su máxima intensidad y dejó ejemplos del ansia por lograr el cargo.
¿Qué pasó el 9 de febrero de 2022?
A las 06:00, la Policía Nacional cercó la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que los cuatro vocales de mayoría: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñan, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo sesionaran. Esto terminó en la remoción de Sofía Almeida y David Rosero como presidenta y vicepresidente del organismo, respectivamente.
La mayoría acusó a Almeida de haber suspendido sesiones ordinarias de forma arbitraria y de no exponer ni socializar la información total de la documentación de los procesos de designación de autoridades con el Consejo.
Mientras que Almeida denunció que existe un intento de tomar por ‘asalto’ el cargo y con esto designar a las nuevas autoridades ‘a dedo’. Alegó que el mecanismo con el que se la removió del cargo es “inconstitucional”.
La ley respaldaría lo actuado
Según el abogado Ismael Quintana, el proceso que removió a Almeida de la presidencia del Cpccs no incumpliría ninguna norma constitucional, porque las causales de cesación, tanto del cargo de presidenta y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana “no están detalladas en la Constitución”.
Quintana explicó que este 9 de febrero de 2022 sucedió que los vocales de mayoría aplicaron el Art. 55, sección 5, del Código Orgánico Administrativo, para remover la representación del cuerpo colegiado. Eso quiere decir que Sofía Almeida y David Rosero fueron cesados de sus cargos como presidente y vicepresidente del organismo, más no de sus puestos de consejeros.
El abogado señaló que esto se fundamentaría en uno de los principios más “antiguos” del derecho público y administrativo que expresa que los cuerpos colegiados, en este caso el Cpccs, pueden escoger en mayoría a sus representantes, pero también removerlos.
¿Quién está detrás de la pugna?
En la esquina azul
Sofía Almeida asumió la Presidencia del Consejo de Participación el 16 de octubre de 2020, tras la salida de Christian Cruz, acusado de obtener de manera fraudulenta un carnet de discapacidad.
La consejera es hija del asambleísta y ex diputado Luis Almeida Morán, del Partido Socialcristiano. En principio, Sofía Almeida manejaba las riendas del Cpccs por lo que contaba a su favor con una mayoría formada por David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán.
Hasta que el 6 de enero de 2022, la consejera Estupiñán se apartó de la mayoría oficialista al apoyar la aprobación del reglamento para elegir Superintendente de Compañías.
Actualmente, en la Asamblea Nacional, la coalición de Pachakutik, el Partido Social Cristiano y la Unión Nacional por la Esperanza (UNES) impulsa un juicio político en contra de la nueva mayoría. Este pedido cuenta con 74 firmas de respaldo.
Los legisladores los acusan de haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado. Así también, por la presunta existencia de unos audios donde una de las vocales del Cpccs habría conversado con uno de los posibles candidatos al cargo.
En la esquina roja
Según Quintana, los indicios de la presencia policial en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este 9 de febrero de 2022, y la notificación del Ministerio de Trabajo donde se reconoce y acredita a Hernán Ulloa como presidente del organismo, “invita a especular” el interés del Gobierno Nacional en la institución.
En rueda de prensa, los asambleístas de la coalición tripartidista anunciaron que llamarán al Pleno del Legislativo a la Ministra de Gobierno, a la cúpula de la Policía Nacional y a los 4 vocales. Afirmaron que este pedido “no defiende personas ni banderas, sino la democracia del país”. Actualmente el proceso está en manos del CAL.
La importancia de llegar al cargo
El titular del Cpccs tiene la facultad de definir el orden del día de las sesiones del pleno e introducir a debate las normativas de los concursos, así como acelerarlos o frenarlos.
El Cpccs se encarga de la designación de Fiscal, Contralor, Procurador, Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, superintendentes, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral.
Es decir, designa a todas las personas que tiene el poder de fiscalizar al poder público y manejan las elecciones; he ahí su poder.
El consejero, Francisco Bravo, hizo una ‘limpia’ con hierbas medicinales en el asiento que ocupará Hernán Ulloa en la presidencia, para quitar las ‘malas energías’.
▶️#ATENCIÓN Con hierbas realizaron una especie de «limpia» al asiento que utilizará el designado presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa. ???????? pic.twitter.com/YLQkFylpmo
— Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) February 9, 2022
Cuando Almeida llegó al organismo y logró pasar, hubo gritos y peleas entre los vocales por la oficina de la Presidencia.
Hoy presenciamos un asalto a las instalaciones y a la presidencia del @CpccsEc. Oscuros intereses buscan manejar la designación de autoridades.
¡No lo permitiremos! pic.twitter.com/vmmaLPgggk
— Sofía Almeida Fuentes (@SofiaAlmeidaEc) February 9, 2022
Así también, permanecieron hasta la madrugada resguardando el mismo, cubriéndose con el celular para no cruzar miradas.
La mañana de este 10 de febrero de 2022, Sofía Almeida dio una rueda de prensa en dónde expuso que la misma jueza de Samborondón, declaró sin efecto todas las acciones o decisiones que puedan darse para validar su destitución. Aseguró que presentará acciones legales frente a los cuatro consejeros.
¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
El objetivo principal del Consejo es la designación de autoridades. Lo realiza mediante 4 vías legales: comisiones ciudadanas de selección, ternas presentadas por el Ejecutivo, ternas enviadas por Funciones e instituciones del Estado y a través de una Comisión Calificadora.
Es el responsable de escoger a los titulares de: la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procuraduría General del Estado, Superintendentes, jueces de la Corte Constitucional y a los miembros del Consejo de la Judicatura. Es decir, todos los cargos públicos que manejan, fiscalizan y controlan el país en diferentes sectores.
Fue creado por la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008, en el gobierno de Rafael Correa y desde su instalación ha sido fuertemente criticado por analistas y políticos. Esto debido a que se cree que ha sido cooptado por fuerzas políticas partidistas.
En 2023, se tiene previsto que los ecuatorianos decidan el destino de este organismo; por lo que se tendrá que escoger, a voto popular, los nombres que ocuparán el cargo de consejeros de Participación Ciudadana.