El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, con gente infiltrada en su campaña, es un antecedente que se toma en cuenta para las elecciones de 2025. El Gobierno dice que los recursos deben salir del CNE.
El sicario que mató a Fernando Villavicencio tenía una camiseta y un pañuelo de campaña de la lista del candidato a la Presidencia de la República. Los criminales hicieron gorras y camisetas para camuflarse en el que sería su último mitin político.
El asesinato del periodista y político sentó un precedente nefasto que plantea desafíos sobre los cambios en la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones de abril de 2025.
Candidatos presidenciales deben solicitar un análisis de riesgo
Henry Cucalón, precandidato por el movimiento Construye, señala que desde hace varias semanas ha solicitado al Ministerio de Interior un nuevo análisis de riesgo, ya que ese es el procedimiento jurídico previo al otorgamiento de la protección policial.
Iván Saquicela, precandidato por Democracia Sí, señala que aún no ha solicitado este estudio de riesgo, pero que será labor del Estado precautelar la seguridad de los candidatos, haciendo especial énfasis en las labores de Inteligencia.
Ambos precandidatos presidenciales dicen que cada organización política deberá trabajar y analizar las estrategias de seguridad para evitar filtraciones en eventos masivos.
Al momento, la Policía Nacional no tiene una alerta – entre los precandidatos– de altos niveles de riesgo.
Este panorama será más claro cuando se inscriban las candidaturas. Según el calendario electoral, eso será entre el 13 de septiembre y 2 de octubre de 2024.
¿A quién le compete la seguridad de los candidatos a la Presidencia en las elecciones 2025?
A finales de julio de 2024, las organizaciones políticas participaron de un consejo consultivo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde solicitaron que la institución presidida por Diana Atamaint tenga un acercamiento con la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y se informe cómo se manejará la seguridad en campaña.
Con esos antecedentes, la seguridad de los miles de candidatos que se presentarán a las elecciones de 2025 ocupó buena parte del debate en el consejo consultivo. Los representantes de los partidos pidieron al CNE que haga nuevos acercamientos con la Policía y el Ministerio del Interior, para conocer cómo se actuará.
La responsabilidad sobre la seguridad de los candidatos parece no estar clara, pues el CNE señala que es un ámbito de la Policía, mientras que esa institución detalla que –según el Acuerdo Ministerial 150– las instituciones públicas a las que se les solicite resguardo deben cubrir los costos. Es decir, que si un candidato requiere seguridad, el dinero debe salir del CNE.
Durante el consejo consultivo, el consejero José Cabrera dijo que ya han tenido reuniones con las instituciones de la Fuerza Pública y que –según la Policía Nacional– cada candidato debería contar, como mínimo, con:
- Un vehículo blindado
- Chaleco antibalas
- Casco
En el caso de Fernando Villavicencio, la camioneta en la que se trasladaba no era blindada y, por falta de presupuesto, su cápsula de seguridad estaba conformada por solo cinco personas.
A la falta de recursos se suma el número de candidatos que supera la docena. En el caso de los aspirantes a la Asamblea, el acuerdo 150, que establece los parámetros para la protección oficial, no contempla a dichos candidatos.
Actualmente, la Dirección Nacional de Protección y Seguridad (Dinpro) tiene cerca de 1.500 agentes de protección, especializados en las unidades de élite.
Si bien Ecuador vive una ola de violencia, Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, dice que ningún candidato podría tener el mismo riesgo de muerte que el exasambleísta, pues su vida estaba comprometida mucho antes de aspirar a la Presidencia. Si bien la falta de recursos fue una limitante –según Sarauz– hubo complicidad u omisiones en la cúpula policial de aquel entonces. (DLH)
DATO
14 políticos fueron asesinados en Ecuador entre 2023 y 2024