La productividad en el agro es casi cinco veces menor a la de la industria, pero los controles de precios no solucionan el problema

Producir más y de manera más eficiente podría aumentar el nivel de ingresos en el campo.

Dentro de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, se tratan temas relacionados con controles de precios finales para los consumidores y “precios justos” para los productores agrícolas.

Entre las propuestas se incluye la creación de observatorios público-privados y listas oficiales para establecer cuánto se puede cobrar por más de 40 bienes y servicios. Es decir, se busca atacar el problema del costo de la vida y la producción con más burocracia y control político.

Sin embargo, según Andrea Garzón, economista y emprendedora, los bajos ingresos de los agricultores y los altos precios finales de los productos en la Canasta Básica Familiar (CBF) están directamente relacionados con la baja productividad y los problemas de eficiencia.

“La mayoría de los pequeños productores del campo ofrecen servicios con escaso o nulo valor agregado. Antes que poner más trabas políticas, se debe buscar cómo incentivar la asociatividad y el acceso al crédito; mejores formas de siembra y producción. Los controles de precios solo generan escasez y más costos a mediano y largo plazo”, puntualizó.

Desempeño por sectores

En su último libro, ‘Ecuador: Prender el turbo para avanzar (más y mejor)’, Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ), explica que la productividad es la clave del desarrollo. Sin embargo, en promedio, un trabajador ecuatoriano genera alrededor de $14.000 al año, lo que equivale a 1.200 mensuales. Eso debe repartirse entre empresarios, trabajadores y Estado (impuestos), por lo que la consecuencia son pobres ingresos, poca capacidad de crecimiento y mayores costos de producción.

El sector económico con peor desempeño es el agrícola, con una productividad que no supera los $3.961 al año por trabajador. En otras palabras, se produce alrededor de $330 al mes, los cuales deben repartirse en toda la cadena hasta la comercialización. Ese nivel es demasiado bajo y está directamente relacionado con sistemas de siembra y riego desactualizados y poco tecnificados; ineficientes cadenas de intermediación, entre otros. Todo esto da como resultados campesinos que no cubren sus costos y pocos bienes finales de calidad a altos precios.

Alberto Díaz, ingeniero agrónomo y pequeño empresario del sector agrícola, puntualizó que antes de los controles de precios se deben buscar vías para optimizar y hacer más eficientes los sistemas de producción. También que una mayor parte de las ganancias se queden en el campo y no solo en los intermediarios y los comercializadores.

En comparación, la productividad en el agro es casi cinco veces menor que en el sector industrial manufacturero. En ese sector, cada trabajador genera $18.859 anuales, es decir, alrededor de $1.571. En la mitad de esas dos actividades está el comercio, el cual produce $7.230 al año por trabajador.

El sector más productivo del Ecuador es petrolero y de minas, donde cada trabajador representa $162.308, o 13.525,66 al mes. Pero, estas actividades no necesitan grandes cantidades de mano de obra.

Baja productividad

De acuerdo con Lucio Paredes, la clave de la pobreza está detrás de la baja productividad, sobre todo en el campo.

“Esto se corrige con integración social sin duda (conocernos y relacionarnos), pero sobre todo con integración a los mercados. Poder producir, vender bienes de más valor y captar más de ese valor “, puntualizó.

Eso significa más capitalismo, es decir, integrar más capital a la producción, más capital al servicio de la gente: tecnología, procesos, información. Lo cual obviamente implica un rol para las propias comunidades (responsabilidad), para los empresarios (integrar a los sectores más pobres a la producción) y para el Gobierno (aportar con infraestructura, crédito y educación).

Actualmente, el sector agrícola ecuatoriano está muy lejos de su potencial, pero las soluciones que se proponen, desde el mismo Gobierno y el movimiento indígena, son precios establecidos políticamente, en lugar de evaluar dónde se podrían reducir los costos de producción y cómo se eliminan pasos en la cadena de intermediación para que le queden mayores ingresos a los pequeños campesinos.

En septiembre de 2021, la primera ministra de Agricultura del actual Gobierno, Tanny Vera, trató de argumentar, frente al pleno de la Asamblea, que los precios oficiales de los productos agrícolas son tan ineficientes como el subsidio a los combustibles. Sus alegatos no sirvieron para nada y dejó el cargo pocos días después. (JS)