La institución desarrolla un proyecto para evitar que los procesos legales lleguen a instancias jurídicas. El BID financia la propuesta.
Actualmente, la Procuraduría General del Estado (PGE) representa al país en 102.450 procesos nacionales y 34 internacionales activos establecidos en su contra; ello sin contar los procesos históricos y los que se desarrollan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En conjunto representan demandas por $57 mil millones.
Algunos de esos casos se resolverán en favor del país y otros no. Y para evitar los costos que acarrearía la pérdida de algunas de esas demandas, en ciertos casos, y arbitrajes, en otros, la entidad desarrolla el proyecto denominado ‘Procuraduría del Futuro‘. Este consiste básicamente, en palabras del procurador Íñigo Salvador, en modernizar la gestión del organismo con el objetivo de evitar que la mayor cantidad posible de procesos lleguen a instancias jurídicas.
Así, se busca «evitar que Ecuador malgaste sus recursos en costosos litigios». Según Salvador, con esto se prevé «una reducción de al menos 1% de casos, (lo que) permitirá un ahorro aproximado al país de $570 millones al año».
El proyecto cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó un préstamo de $5.000 millones, los cuales servirán para ejecutar el proceso, que inició en 2019 y termina en 2023. (LAG)
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