En agosto de 2022, el jefe de Estado eliminó con un decreto ejecutivo el término “ad honorem” .
La Procuraduría General del Estado (PGE), determinó que los asesores «ad honorem» no son funcionarios públicos, por lo tanto, la Contraloría General del Estado (CGE) no puede emitir una opinión legal sobre funcionarios que no son públicos.
En agosto de 2022, Pamela Aguirre, asambleísta de la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES) había pedido al Contralor subrogante, Carlos Riofrío que audite a los funcionarios o consejeros “ad honorem” designados por Guillermo Lasso, presidente de la República.
El 8 de agosto, el jefe de Estado eliminó con un decreto ejecutivo el término “ad honorem” (actividad que se lleva a cabo sin percibir un pago económico). Bajo esta modalidad figuraban los consejeros presidenciales Juan José Pons y Aparicio Caicedo. (SC)