Gabriela Obando, funcionaria reincorporada por Yunda, emitió un comunicado luego de que el TCE se pronunciara en favor de Santiago Guarderas.
Aunque el 10 de agosto de 2021, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió un comunicado en el que ratifica que no queda nada por resolver sobre la remoción de Jorge Yunda como alcalde de Quito, la procuradora del Municipio, Gabriela Obando, sostiene que no es así.
A través de un comunicado emitido este 11 de agosto de 2021, la funcionaria señaló que la decisión del TCE tiene carácter de absolución de consulta, no sentencia. Agregó que el 30 de julio, la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto el proceso de remoción de Jorge Yunda, «ratificando su condición de Alcalde».
Obando, quien salió por segunda vez del Municipio cuando Santiago Guarderas asumió la alcaldía y regresó por disposición de Yunda, detalló que en concordancia con la Constitución, que indica el orden jerárquico de la aplicación de normas, la acción de protección (concedida en favor de Yunda) es un recurso constitucional que prima sobre la absolución (lo emitido por el TCE).
https://twitter.com/GabrielaObando/status/1425500356537163777
«En conclusión, el alcalde legal y legítimo del Distrito Metropolitano de Quito es el Dr. Jorge Homero Yunda Machado«, sostiene Obando.
Sin embargo, este argumento es rechazado por juristas como André Benavides. Este sostuvo, a través de su cuenta de Twitter, que la idea aplicar el orden jerárquico normativo no tiene sustento en este caso, porque no se está hablando de normas, sino de decisiones.
En el Municipio de Quito quieren resolver el conflicto de fallos del TCE y Corte Provincial mediante las reglas de solución de ANTINOMIAS, sí, ANTINOMIAS.????
Se cita el Art. 425 de la Constitución para decir que se aplica el de jerarquía superior.????
¿Las sentencias son normas? pic.twitter.com/WDJSdm0UAl
— André Benavides (@AndreBenavidesM) August 11, 2021
Rol de la Corte Constitucional
Ante los criterios contradictorios del TCE y la Corte Provincial de Pichincha, será la Corte Constitucional la que deberá pronunciarse. El 10 de agosto de 2021, Santiago Guarderas presentó un acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual tendrá una respuesta en aproximadamente 45 días. (AVV)
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