Gary Espinoza, presidente de la Fenocin afirmó que son “centenas” de procesados y enjuiciados.
A 27 días de que termine el plazo que tienen el Gobierno y la dirigencia indígena para llegar a acuerdos en el marco del “Acta de Paz” firmada el 30 de junio de 2022, se advierten nuevas divergencias.
En la apertura de la mesa de Seguridad y Justicia, considerado otro de los temas sensibles en los diálogos que desde el 13 de julio mantiene el Gobierno con la Conaie, Feine y Fenocin, la dirigencia indígena exigió el archivo definitivo de los procesos que se siguen en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de actores sociales que participaron en la protestas de junio de 2022 que paralizaron el país por 18 días (entre el 13 y 30 de junio).
Entre los procesados están Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Gary Espinoza, de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Eustaquio Toala y Samuel Lema, de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine). También tienen procesos judiciales dirigentes de la provincia de Tungurahua, detalló Espinoza. Dichos dirigentes son los mismos que encabezan las mesas de diálogo en representación de este sector.
Proceso suspendido
Desde el 4 de julio de 2022 está suspendida la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de paralización de un servicio público en contra de Iza.
“Por allí vi un inicio de investigación previa en mi contra; aspiramos que eso no prospere; no se hace Patria amedrentando y asustando a la gente”, dijo Gary Espinoza, quien volvió a defender la participación en las protestas, amparándose en el artículo 98 de la Constitución, que se refiere al derecho a la resistencia.
“¡El inicio de estos procesos no tienen ni pies ni cabeza! ¿Procesarme a mí o a Leonidas Iza? ¿Cuál es la intención? ¿Asustarnos? ¿Amedrentarnos? Esto debe archivarse”, exigió. “Si yo estoy procesado tengo menos posibilidad de participar en unas próximas movilizaciones, pero eso no lo van a conseguir porque la cárcel es parte de este proceso y estaríamos preparados para aquello” advirtió.
Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, dijo, en una entrevista en Canal 7, que si bien el poder Ejecutivo y las organizaciones indígenas tienen el compromiso de mantenerse hasta el final del proceso, exhortó a los representantes de la administración de Justicia, como la Fiscalía, a la Corte, y al Consejo de la Judicatura a participar en las mesas para que escuchen lo que tienen que decir las organizaciones sociales. “Les digo públicamente que es importante que ellos se integren a la mesa”, resaltó Jiménez.
Gary Espinoza reconoció que el Gobierno no tiene competencia para resolver los casos judiciales, por lo que mencionó a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura (CJ) y a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
“Esperemos que acojan nuestros planteamientos porque no hemos cometido ningún delito; queremos una sociedad incluyente, no excluyente. No queremos un estado arbitrario que vulnera los derechos de los pueblos afroecuatorianos, montubios e indígenas”.
Añadió que, por el contrario, la sugerencia de las dirigencias es que quienes resultaron heridos, y los familiares de los fallecidos en las protestas deberían denunciar al Estado por la “injusta y excesiva represión”. En ese sentido, también llamó a la Defensoría del Pueblo “para que cumpla su rol”.
Otro tema que les preocupa es el cumplimiento del papel de la Policía Nacional. “La seguridad en Ecuador está en el limbo, la delincuencia nos tiene arrinconados y el Gobierno no reacciona”, agregó el presidente de la Fenocin.
Evaluación oficial
Según el Gobierno, el trabajo en las mesas de control de precios, fomento productivo, banca pública y privada, y energía y recursos naturales concluyeron el 9 de septiembre de 2022 con 40 acuerdos, incluidos los cinco criterios que aún se trabajan en la comisión de focalización de subsidio a los combustibles, que todavía está abierta. Francisco Jiménez reconoció que en esta mesa hay algunos niveles de complejidad. (SC)
Debate desde el 13 de julio
Desde el 29 de julio de 2022, cuando la mesa de focalización terminó una primera fase de su trabajo, hasta esta semana Gobierno e indígenas llegaron a cinco pre acuerdos:
- Los recursos derivados de la focalización deberán beneficiar a la población con indicadores más críticos de pobreza.
- La política pública deberá respetar los principios de eficiencia, solidaridad y subsidiaridad en la aplicación de los subsidios.
- No se deben liberalizar los precios de las gasolinas
- Se efectuará una valoración a vehículos que superen los 40.000 dólares avaluados en el año.
- Se excluye a quienes tienen autos de hasta 2.2 centímetros cúbicos, motocicletas de hasta 250 metros cúbicos, jeeps de hasta 2.000 centímetros cúbicos, y en camionetas hasta 3.000 centímetros cúbicos. Sus propietarios tendrían una cobertura de subsidio catalogada como consumo doméstico.
Leonidas Iza, dijo que aún se trabaja en una fórmula para el subsidio en el sistema productivo del transporte pesado. Todavía no existe una definición en el cupo que tendría que ser subsidiado en esta área productiva.
El artículo 98 de la Constitución dice que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.