La fiscalía general del Estado investiga la participación de Javier Córdova en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El juez de la CNJ, Marco Rodríguez, acogió un dictamen acusatorio de fiscalía que incluyó la presentación de más de 100 elementos de convicción.
El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, acogió hoy, 5 de agosto de 2024, el dictamen fiscal acusatorio y dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Javier Córdova, exministro del entonces presidente Rafael Correa por ser autor directo del presunto delito de enriquecimiento ilícito por un monto de $1.281.402,27.
La supuesta infracción está tipificada en el artículo 279, incisos 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de la libertad de siete a diez años.
Al emitir su resolución durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el magistrado negó el pedido de la defensa de Córdova para que se ratifique su estado de inocencia, y por el contrario insistió en la medida de prisión preventiva que pesa en su contra desde el 10 de enero de 2024.
Córdova asistió a la audiencia de hoy vía telemática desde Medellín (Colombia), según informó el juez de la CNJ.
Además, ordenó la retención de sus cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantenga en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de transferir y enajenar bienes inmuebles y vehículos.
La decisión del juez fue notificada a las partes procesales en base al artículo 604, numeral 5 del COIP que señala que: «concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución que se considerará notificada en el mismo acto»
La teoría de la fiscalía general del Estado
En su dictamen acusatorio sustentado con la presentación de más de 100 elementos de convicción, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, expuso que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018, Javier Córdova ocupó varios cargos públicos en calidad de ministro del Interior, de Recursos Naturales No renovables, y de Minería.
Durante ese periodo se habría producido un aumento patrimonial injustificado constante y continuo por parte del procesado a través de actividades financieras como el pago de valores por parte de terceras personas a través de dinero en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos, compra de autos, motocicletas, sin que los mismos contaran con justificación o respaldo documenta
Entre los elementos de convicción presentados se incluyó el informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas del procesado.
Además, versiones y el informe de análisis financiero, del cual se desprende que la suma de los ingresos recibidos en las cuentas del procesado por terceras personas suma un total de $1’ 281.402,27. (SC)
NOTA RELACIONADA
Correísmo: Historia de derrotas en la administración de justicia se podría repetir – Diario La Hora