Conflicto de poderes deja de lado el interés y la preocupación de la ciudadanía

ASAMBLEA Sesión del 6 de junio de 2024 en la que se archivó el proyecto de Seguridad Digital (Foto Asamblea).
ASAMBLEA Sesión del 6 de junio de 2024 en la que se archivó el proyecto de Seguridad Digital (Foto Asamblea).

El conflicto de poderes que se desató entre el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle,  y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dejó en evidencia el distanciamiento entre la política y los temas ciudadanos.

El conflicto de poderes que se desató tras una serie de declaraciones entre el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres (PSC), dejó en evidencia el distanciamiento que hay entre la política y el interés de la ciudadanía.

Un claro síntoma es que temas como la falta de empleo, la seguridad, la salud y la educación están fuera de las prioridades de la casta política.

Según unos resultados difundidos el 5 de junio de 2024 por Jean Christophe Salles, de la encuestadora Ipsos, las principales preocupaciones de los ecuatorianos son el desempleo (74%), la inseguridad (59%) y la corrupción (54%).

Legislación basada en la coyuntura político-electoral

Las discrepancias entre los políticos han llevado a que haya una legislación basada en la coyuntura político-electoral, y alejada de proyectos de las bancadas en el Parlamento, o del plan de desarrollo del Gobierno, opinó Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

En el plan de Gobierno que Daniel Noboa presentó en campaña, se incluyó en 76 páginas y se divide en cuatro ejes: social, económico, institucional y productivo y medioambiental.

 Ley de Seguridad Digital

Un ejemplo de que la agenda partidista está por encima del interés ciudadano fue la decisión el Pleno de la Asamblea en la sesión del 6 de junio de 2024, cuando el proyecto de Ley de Seguridad Digital de iniciativa del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) fue archivado con 75 votos de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), y un sector de independientes.

Esa normativa buscaba contribuir en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia organizada. También establecía regulaciones para hacer frente a las amenazas, riesgos e incidentes en el ciberespacio u otros entornos digitales mediante el Sistema Nacional de Seguridad. Además, creaba procesos para la prevención, identificación, mitigación, respuesta y resiliencia frente a las amenazas.

El legislador Carlos Vera Mora (PSC), quien propuso el archivo, mencionó que la norma genera dudas en la conformación de protocolos para su aplicabilidad en materia de protección de los datos ciudadanos.

De su lado, Lucía Posso (Avanza) mostró su preocupación por la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Digital, asignada según la norma, al Ministerio del Interior. “Esta cartera de Estado ha sido la encargada de la seguridad interna del país y el mantenimiento del orden público, por lo que darle las actividades de rectoría en materia digital podría cambiar drásticamente sus prioridades”, comentó.

Añadió que Chile, que es el único país de la región con una ley de seguridad digital, creó una Agencia de Ciberseguridad encargada de aplicar de forma técnica y científica la normativa.

¿Quién perdió con el archivo de la ley?

Roger Celi, del Observatorio Legislativo, dijo que con el archivo de la ley “no perdió ni el Gobierno, ni la Asamblea; perdió la ciudadanía” y agregó que alguna institución del Estado podría haber activado nuevos mecanismos para la lucha contra la delincuencia organizada.

Según Celi, la ruptura que se está generando entre la Asamblea y el Gobierno podría crear resistencia en la comisión multipartidista conformada para tratar los proyectos de ley enviados por el presidente de la República, Daniel Noboa, para viabilizar los temas de la consulta popular. En este punto, aclaró que los asambleístas deben cumplir a cabalidad las respuestas que dio el electorado.

La comisión multipartidista tiene previsto que el informe para el primer debate esté listo el o 9 de junio para que el Pleno lo conozca el 11 de junio. Mientras tanto, avanza en la elaboración de los textos. El 4 de junio fueron convocadas a la mesa 12 autoridades, entre ellas el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing; el Procurador General del Estado (PGE), Juan Carlos Larrea, entre otros; pero solo acudieron delegados. (SC)

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