Premiar a quienes denuncian los actos de corrupción le ha servido a países como Hong Kong para estar en el puesto 12 del índice de transparencia intencional.
A menos de 48 horas para que se cumplan dos meses de la entrada en vigencia de la resolución de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (FNAE), prepara una demanda sobre la base de lo que denominan “recurso objetivo de anulación por violar la ley” ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Desde el 24 de abril de 2022, rige el derecho a la resistencia en la FNAE ante la decisión de la UAFE que el 8 de abril de 2022, emitió la resolución No. UAFE-DG-2022-0129, que apunta a la eliminación del secreto profesional en el ejercicio del Derecho.
Así, todo abogado que intervenga en materia societaria y transacciones, incluso de bienes raíces, deberá reportar la actividad de sus clientes.
El gremio, que agrupa a cerca de 80.000 profesionales del derecho, considera que tras la presentación de la demanda en el Contencioso Administrativo, la calificación y la citación a las partes procesales no tomaría más allá de 15 días.
Dentro de este trámite, el juez deberá señalar día y hora para la audiencia, y los resultados podrían darse a conocer en seis meses. En cambio, un trámite en la Corte Constitucional (CC) normalmente toma hasta tres años para que se califique la demanda. “Estamos hablando de una justicia lenta, que podría demorar seis meses en el Contencioso, a una justicia de tres años en la Corte”, subrayó José Alomía, presidente de la FNAE.
El representante de los profesionales no reporta que, desde el 8 de abril, las autoridades de la UAFE hayan emitido nuevos comunicados o llamados de atención solicitando el cumplimiento de la resolución, pero opinó que detrás de esta decisión solo habría compromisos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); organismo intergubernamental que desde 2003 estableció estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
A pesar de ello, los abogados mantienen su preocupación de que exista una norma que les obliga a revelar el secreto de sus clientes.
Otro punto de vista
Desde otro punto de vista se plantea que “justamente” la UAFE se creó para cumplir con las disposiciones de la GAFI. En Colombia y otros estados se implementaron sistemas similares para combatir la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico que está ganando terreno, dijo Agustín Acosta, vicepresidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), capítulo Ecuador.
Subrayó que, más que el control, de por medio está el deber ciudadano dispuesto en el Artículo 83 de la Constitución numeral 8 en reportar y denunciar todos los actos de corrupción.
Las denuncias o reportes de actividades irregulares es uno de los mecanismos utilizados a escala mundial para combatir este flagelo. Por ejemplo, Acosta mencionó que en países como Estados Unidos se premia al que delata los actos de corrupción con el 20%.
Este especialista reseñó el caso de Carlos Polit, a quien le acusan de un perjuicio de más de 100 millones de dólares por presunto lavado de activos en Estados Unidos. Si ese dinero se llegara a recuperar porque alguien lo denunció, esa persona se ganaría un 20%. Este es uno de los mecanismos de incentivos que existe en esta lucha, que no solo compete a jueces o fiscales, sino a todos los ciudadanos.
Dice que la UAFE debería emitir algún reporte de evaluación o si ha existido denuncias, y seguir informando a la población, y opina que el análisis que debería imperar es si el secreto profesional está por encima del deber de reportar actos de corrupción, o viceversa. (SC)
El trámite en la CC
Desde el 21 de abril, en la CC reposa una demanda de inconstitucionalidad a la resolución de la UAFE que fue presentada por el Colegio de Abogados de Pichincha. Ciro Guzmán, uno de sus representantes, explicó que en el documento remitido a la Corte se solicita que ésta quede sin efecto, porque “evidentemente” violenta una serie de elementos referidos al derecho a la defensa, a la reserva que debe guardar el profesional, etc,,garantizados en la Constitución.
Los estándares de la GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige a los países miembros que tomen medidas para evitar que las entidades (empresas, fundaciones y asociaciones) sean utilizadas con fines delictivos, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y para garantizar que las autoridades puedan obtener o acceder rápidamente a la información sobre el último titular de las entidades.
El organismo internacional, con sede en París, ha señalado que a sus miembros les ha resultado difícil implementar y cumplir con los estándares existentes. Además, ha indicado que los países que dependen de un enfoque único son menos efectivos para obtener información precisa y oportuna sobre la propiedad de una entidad.
Eso podría incluir el uso de fuentes de información existentes, como las derivadas de instituciones financieras y de registros de propiedad; y exigir a los registros mercantiles que mantengan información actualizada sobre el beneficiario final; así como obligar a las propias empresas a obtener información sobre los accionistas o miembros.
“Hay que incentivar el cambio de cultura. En lugar de ocultar y tolerar la corrupción de los amigos, de los vecinos, de los clientes, de políticos, de familiares, los actos de corrupción deben ser denunciados”,
Agustín Acosta,vicepresidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), capítulo Ecuador.
Los actos de corrupción generan pérdidas por más de $6.000 millones, según cifras del Banco Mundial.