En todos los Gobiernos se habla del tema y se hacen mesas técnicas con transportistas, pero luego no se toman decisiones. La actual administración ha hecho lo mismo; y en diálogo fallido con la Conaie no se presentaron propuestas de ningún lado.
Con la última reducción de 10 centavos en el galón de diésel y gasolina extra, el gasto mínimo en el subsidio de los combustibles será de $3.250 millones hasta finales de 2022. Ese monto equivale al presupuesto anual necesario para financiar 43 universidades públicas.
Si se bajaran a un más los precios, hasta completar los 40 centavos menos que pide la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el subsidio total para este año subiría a por lo menos $4.000 millones. Eso representa 18,44% más que todo lo presupuestado para salud pública.
Por eso, según Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, seguir aumentando el subsidio a los combustibles es un costo alto para todos los ecuatorianos e implica un desperdicio enorme de recursos. Es decir, tiene un error de fondo en las prioridades porque se prefiere alimentar vehículos antes que otros temas importantes como la salud de su población.
«Es fundamental focalizar. Esa es la ruta. Me sorprende que, después de un año, el Gobierno todavía no descubra el mecanismo para focalizar. Eso se debía hacer en el primer día de Gobierno. No ahora por las marchas. El problema es que todavía siguen buscando la solución perfecta. Que sea un sistema tecnológico con lectores de placas, los cuales identifican el consumo. Y determinan un precio hasta cierto volumen y otro a partir de otro volumen. Una cosa maravillosa que tecnológicamente es posible hacer, pero toma tiempo. Eso hace que políticamente sea inviable», dijo.
Por eso, la solución deber ser simple, pero de aplicación inmediata, y luego se puede ir mejorando con el tiempo. Lo principal es que el combustible subsidiado llegue realmente a los que más lo necesitan; y no sea una ayuda generalizada para todos.
Sin embargo, de acuerdo con Carlos Navas, docente e investigador en desarrollo económico, el principal escollo es que, en algún momento, se debe liberalizar los precios y solo mantener valores subsidiados para sectores específicos como el transporte público y de carga; además de los agricultores pequeños y medianos.
» En otras palabras, no todos saldrán ganando, y a algunos en la sociedad les tocará pagar el costo real. Eso normalmente genera descontento social, protesta y desestabilización. Todos los Gobiernos, ante este panorama, se asustan y ya no hacen nada. Por eso, la solución más fácil siempre es subsidiar a todos y hablar de focalización, pero nunca hacerla», puntualizó.
Esta realidad se visualizó claramente durante el diálogo fallido entre el Gobierno y la Conaie. Cuando se trató el tema de la focalización, los representante de la administración de Lasso aseguraron que no han encontrado en mecanismo idóneo; mientras desde movimiento indígena respondieron que ellos no tiene por qué presentar una propuesta porque todo eso es responsabilidad del ejecutivo.
¿ El Gobierno de Lasso tiene vías rápidas para focalizar?
Acosta Burneo comentó que hay opciones de sistemas inmediatos para focalizar combustibles, que incluso pueden comenzar a operar muy rápidamente; y luego perfeccionarse poco a poco. Una de las principales de esas opciones es la siguiente:
1.- Fijar un precio base para el diésel de, por ejemplo, $1.8 por galón.
2.- Determinar el consumo promedio del transporte urbano. Es decir, cuántos galones consumen en promedio al mes.
3.- Calcular mes a mes cuál es el precio de mercado y compararlo con el precio base. Con base en la diferencia entre esos precios se calcula el valor a subsidiar o cuánto se debe entregar a los transportistas.
4.- Mes a mes se les deposita en una tarjeta que les sirva para retirar la plata de un cajero o para pagar en una estación de servicio.
Para este tipo de medidas se necesita un adecuado registro de todos los transportistas urbanos e interprovinciales y también los de carga. Para eso, se puede cruzar información de las bases de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Tránsito.
Sin embargo, incluso este tipo de soluciones tienen un lado difícil de controlar políticamente porque, si se van a dar precios subsidiados solo a ciertos sectores y actividades, para el resto se deberían pagar precios de mercado y eso es explosivo en sociedades como la ecuatoriana.
Otro mecanismo inmediato, pero que fue descartado de plano durante las protestas de octubre de 2019, es la transferencia directa de recursos a los sectores, es decir, a los incluidos en el Registro Social. Así, en esa época, a cambio de la eliminación total de los subsidios, el Gobierno de Lenin Moreno propuso un aumento de $15 en los montos entregados por bonos de ayuda social. (JS)