En 2007, Rafael Correa asumió un país con superávit, crecimiento económico y millonarios ahorros. En 2025 hay un déficit crónico, mínimo crecimiento, aumento de la pobreza y una deuda pública histórica.
El Ecuador que Rafael Correa encontró al asumir la Presidencia en 2007 dista mucho del que recibirá el próximo presidente de Ecuador, que asumirá en mayo de 2025.
En 2007, el país acumulaba 6 años seguidos de un crecimiento económico promedio de alrededor de 5% entre 2001 y 2006. Quien asuma el poder en 2025 tendrá que gestionar una economía que, entre 2019 y 2024, apenas ha tenido un crecimiento promedio del 1,2%.
Ante las expectativas de que se podría replicar el modelo de crecimiento, basado en el alto gasto público que se impuso con Correa entre 2007 y 2017, la realidad del Ecuador en este 2025 pinta otro escenario.
Un arranque con recursos vs. un Estado en crisis
Correa recibió un país con superávit fiscal de más del 2% del PIB y una deuda pública inferior al 30% del PIB. Además, heredó más de $4.600 millones en ahorros petroleros y fideicomisos. Esto le permitió implementar su modelo de alto gasto y expansión estatal sin problemas inmediatos.
En 2025, el próximo mandatario enfrentará un panorama opuesto: el Estado carece de ahorros, arrastra un déficit mensual de entre $250 millones y $400 millones, y la deuda pública ha escalado a más de $82.000 millones, superando el 65% del PIB.
Pobreza y empleo: Antes y ahora en Ecuador
Entre 2001 y 2006, Ecuador logró reducir la pobreza del 54,9% al 37,6%. Para 2007, el 43% de la Población Económicamente Activa (PEA) tenía empleo formal. Por el contrario, entre 2019 y 2024, la pobreza creció del 25% al 28%, con un pico del 33% en pandemia. En 2025, solo el 33% de la PEA tiene empleo adecuado, con una informalidad del 67%.
Andrés Rodríguez, economista, explicó que, en las circunstancias actuales, con un Estado desfinanciado y con gastos crecientes en temas como seguridad social, pagos de bonos sociales y servicios de la deuda pública, “se vuelve cuesta arriba replicar el modelo del correísmo entre 2007 y 2017, que se basaba en un Estado empleador y constructor en continua expansión. Se necesitan reformas y cambios estructurales para que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, muevan la economía”.
La crisis ha hecho que, por ejemplo, ya se haya producido un cambio estructural del sector de la construcción. Durante la bonanza petrolera entre 2007 y 2017, se consolidó que el 70% de ese sector dependiera de la obra pública y solo el 30% de la actividad inmobiliaria.
Ahora, a inicios de 2025, el porcentaje es de 50/50, es decir, ya en los hechos el Estado dejó de ser la principal fuente que mueve a la construcción.
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Un modelo irrepetible: la bonanza petrolera no volverá a Ecuador
El modelo del correísmo en su primera etapa (2007-2017) se basó en un elevado gasto público, financiado por una bonanza petrolera sin precedentes y un agresivo endeudamiento con China. Correa gobernó más de 996 días con un precio del crudo sobre los $94 por barril, mientras que en 2025 se proyecta un precio promedio de $60.
A esto se suma que el endeudamiento con China, clave para el financiamiento de obras en la década pasada, ya no es una opción viable. La economía ecuatoriana está mucho más restringida y sin fuentes fáciles de financiamiento.
A esto se debe añadir que, solo entre 2013 y 2017, cuando se comenzó a secar la bonanza petrolera, Correa acumuló déficits fiscales por más de $40.100 millones, es decir, en promedio más de $8.000 millones de saldo en rojo, que se cubrió con deuda no solo de China, sino también gastándose reservas del Banco Central y desfinanciando al IESS, cada año.
Un futuro incierto para el próximo presidente a partir de mayo de 2025
El próximo presidente de Ecuador asumirá un país sin capacidad para grandes inversiones públicas, con obligaciones de pago de deuda que superarán los $10.000 millones anuales y con una economía estancada. Esto sin contar los más de $5.000 millones en atrasos o pagos pendientes que se arrastran en el sector público con proveedores, gobiernos locales, IESS, entre otros.
Si bien el correísmo de 2007 tuvo las condiciones para impulsar su modelo, en 2025 la realidad es otra. La solución no podrá venir del mismo enfoque de gasto e infraestructura financiada con deuda, sino de reformas estructurales y una visión más sostenible para el país.
“Se requiere un programa fiscal serio, muy serio, de disciplina absoluta para generar confianza, que baje el riesgo país, que vengan las inversiones y el país crezca. No hay otra alternativa. En 2025 se producirá un punto de inflexión donde los ecuatorianos deberán decidir qué tipo de economía y Estado quieren tener”, concluyó Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal. (JS)
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Pagar la deuda pública tomaría más de 68 años
Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, explicó que para pagar los $82.000 millones de deuda pública, Ecuador debe tener superávit fiscal (más ingresos que gastos).
“En un alarde de éxtasis imaginativo, vamos a suponer que un manto divino cobija al país y se han logrado acuerdos para generar un superávit fiscal de $1.200 millones cada año (1% del PIB). En consecuencia, el Ecuador requerirá superávits fiscales durante 68 años para cancelar la deuda pública”, acotó Carrera.
En los últimos años los déficits fiscales han sido endémicos. Así como la reiterada costumbre de no pagar las deudas y renegociarlas. Para conjurar los déficits se acudió a frecuentes reformas tributarias, amnistías, aumentos de tarifas públicas, reducción de subsidios, impuestos temporales y un sinfín de medidas. Nunca se logró preservar cuentas públicas sostenibles.
En este contexto, sacarles la mayor cantidad de dinero a las operadoras móviles por la renovación de las concesiones, o cobrar las deudas tributarias, solo serían ingresos temporales por una sola vez y no solucionaría el problema fiscal y económico de Ecuador.