Los plazos que constan en la consulta pueden extender la pugna entre Ejecutivo y Legislativo

CONSULTA. El presidente Guillermo Lasso podría recibir resultados del referéndum en Quito.
El presidente Guillermo Lasso.

El Ejecutivo y la Asamblea tendrán un panorama distinto después de que se conozcan los resultados del referéndum constitucional.

A pocos días de que los ecuatorianos decidan sobre el referéndum constitucional que plantea el Gobierno de Guillermo Lasso, se avizoran  tres posibles escenarios sobre un eventual triunfo o fracaso del planteamiento gubernamental en el que la Asamblea Nacional deberá cumplir un mandato constitucional.

La teoría del oficialismo se sostiene en que el Parlamento tendrá que atenerse al criterio del soberano en las urnas y emprender las reformas legales, pero también reconocen que habría riesgos de que la Asamblea quiera actuar con arbitrariedad y que esto lleve a que los cambios contenidos en las ocho preguntas de la consulta popular no se produzcan.

Esa posibilidad daría paso a una batalla legal. Nathalie Arias, asambleísta del movimiento CREO, señaló que en el caso de que la Asamblea no acate el mandato, una de las vías para las reformas sería la Corte Constitucional (CC).

En las enmiendas planteadas en la consulta se prevé un régimen de transición que consta en los anexos. En las disposiciones también se incorporan plazos para el accionar legislativo, es decir, para que las reformas surtan efecto y se plasmen en el texto constitucional.

En caso de que triunfe el ‘SÍ’, el Gobierno tiene seis meses para enviar a la Asamblea los textos de los proyectos de ley y que se materialice lo aprobado. Mientras, el Legislativo tiene un año de plazo para el debate y aprobación.

Ana Changuín, viceministra de Gobierno, confía en que el pronunciamiento de los  ciudadanos  en las urnas sea respetado por los legisladores, quienes tendrán la obligación de desarrollar cada enmienda, indicó.

El actual periodo legislativo (de 4 años)  concluirá en mayo de 2025, tiempo suficiente para incorporar los cambios constitucionales. “Tengo la certeza que los plazos se van a cumplir”, señaló Changuín.

Pero Marco Salamea,  sociólogo  de la Universidad de Cuenca, opinó que el problema es que el mismo Gobierno impuso tiempos  demasiados amplios.  Este profesional no se explica cómo se plantearon seis meses de plazo si para el presidente de la República, Guillermo Lasso, la consulta era urgente.

El  otro camino -para este especialista- es que la Asamblea asuma el compromiso de que está frente a un pronunciamiento popular y que tendría que tratarse con la urgencia del caso, y se tome menos de un año para el tratamiento de los textos de las preguntas que hayan tenido un resultado positivo.

“Caso contrario, con estos plazos tan largos quedaría mediatizada la voluntad popular, contenida en las respuestas”, opinó.

Composición de la Asamblea

Existen visos de dificultad sobre las “certezas” a las que también se refiere Ana Changuín, subsecretaria de Gobierno.

La actual función legislativa está bajo el control del correísmo, a través de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) que actúa en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), los disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y del movimiento Pachakutik (PK), que no pierden oportunidad para hacer campaña por el NO a pesar de no estar autorizados por el CNE. 

Estos grupos políticos de oposición también se empeñan en frenar iniciativas de ley del Ejecutivo y obstaculizar las disposiciones de otros organismos del Estado como el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs),  que desde hace casi dos meses le pide a la Asamblea que posesione al Superintendente de Bancos, Roberto Romero.

También desacatan órdenes judiciales. El 11 de enero de 2023, los asambleístas retiraron la placa que colocaron ocho días antes (el 8 de enero) y que formó parte de un fallo del juez de La Concordia, Ángel Lindao, que bloqueó la destitución de cuatro vocales del Cpccs. El texto de la placa decía: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Cambio de autoridades

El cambio de autoridades en la Asamblea (Presidencia, Vicepresidencia, comisiones especializadas) prevista para el 14 de mayo de 2023, y una eventual reconfiguración de fuerzas políticas podría dar un respiro u oxígeno  al Gobierno que le signifique llegar a acuerdos mínimos entre bancadas para generar una agenda conjunta.

“Siempre vienen bien los cambios, aspiramos que sean positivos para la gobernanza interna dentro del Parlamento, no me puedo adelantar a cómo cambiarían (las fuerzas) pero aspiramos que sean vientos frescos que viabilicen las reformas y los cambios lleguen a buen término”, puntualizó Ana Changuín. (SC)

La ‘muerte cruzada’

La figura de la ‘muerte cruzada’ o el adelanto de elecciones no está en los planes de la administración de Guillermo Lasso.  El sociólogo Marco Salamea no cree que esta herramienta jurídica se convierta en una forma para frenar la resistencia de la Asamblea. La ‘muerte cruzada’ se ha convertido en un discurso retórico utilizado por el Gobierno para intentar doblegar la voluntad de la Asamblea y como un mecanismo de presión, pero que en caso de  llegar a aplicarla pondría fin a su Gobierno. “El panorama político para el régimen  se está complicando”, afirmó el sociólogo.

Después del 5 de febrero de 2023 se empezará a evidenciar un nuevo capítulo en la lucha por la hegemonía política.