‘No tenemos ningún plan y vivimos tratando de reaccionar al susto con una red vial colapsada’

Personaje. Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, busca despolitizar y hacer más técnico el debate sobre la Obra Pública.
Personaje. Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, busca despolitizar y hacer más técnico el debate sobre la Obra Pública.

Desde la Cámara de la Industria de la Construcción se pide al Gobierno que se ponga a gente técnica a cargo de la Obra Pública. Todo el país pierde sin buena inversión.

Leopoldo Ocampo, ingeniero civil y presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, explicó que uno de los principales errores del Gobierno de Guillermo Lasso es no poner a profesionales técnicos, que realmente entiendan sobre la materia, en ministerios tan importantes como el de Transporte y Obra Pública.

Ocampo aseguró que en el país existen más de 20.000 ingenieros civiles, la mayoría de alto nivel, que pueden ayudar a establecer un real plan vial para que no sigamos actuando “al susto”, cuando nos cae una emergencia.

P. ¿Cuáles son las razones para haber enviado una carta al presidente Lasso pidiendo que se pida la renuncia al ministro de Transporte y Obras públicas, Darío Herrera?

Primero, quiero aclarar que estamos en contra de la desestabilización política. Nosotros estamos a favor de que todos aunemos esfuerzos para salir adelante. Las paralizaciones que anuncian los indígenas o las presiones para un juicio político son contraproducentes. Lo que más necesitamos es estabilidad e inversión. Las intenciones desestabilizadoras ahuyentan todo esto. Necesitamos políticas de Estado que se mantengan, sea quien sea Presidente. En este país está todo por hacer. Hay predisposición, hay técnicos de primera. Tenemos constructores que no le piden ningún favor a los de afuera. Existe la mano de obra calificada. Pero, como contraparte desde el Gobierno, se debe poner a gente preparada y técnica en los puestos que son precisamente técnicos, es decir, zapatero a tus zapatos. No puede ser que tengamos a una persona en el Ministerio de Obras Públicas que no tiene idea de la red vial. Por eso no tenemos un plan y vivimos reaccionando al susto.

P. ¿Los desastres se ven magnificados por la falta de planificación y conocimiento?

La red vial está colapsada, los puentes se están cayendo, y no es cuestión de simplemente culpar al invierno. Todos los años, con mayor o menor intensidad, tenemos invierno. Si tuviésemos una planificación técnica, solo haría falta ampliar la ejecución para salir adelante en una emergencia. Necesitamos un plan permanente de mantenimiento de la red vial estatal. Para eso se necesita tener gente al frente del Ministerio que tenga un conocimiento cabal de esa red. No tenemos recursos para intervenir todo, pero, con el apoyo de los ingenieros civiles de alto nivel que tiene el país, se puede establecer que zonas de la Sierra, la Costa y la Amazonía necesitan trabajos a corto, mediano y largo plazo. Por eso hemos solicitado muy comedidamente al Presidente que cambie de Ministro. Hacer cambios no es malo. El Gobierno todavía tiene dos años y la oportunidad de implementar un plan real de reactivación de sectores tan importantes como la construcción.

P. ¿Cuánto pierde el país por la falta de planificación en obras públicas?

Alrededor del 80% de las empresas pequeñas y medianas del sector de la construcción depende de la obra pública, que ha sido mínima en los últimos años. El sector es una de las principales fuentes de trabajo de la mano de obra no escolarizada. Actualmente, los empleos directos del sector llegan a cerca de 500.000, pero podrían ser muchos más. En su momento, llegamos a aportar con entre el 10% al 15% del Producto Interno Bruto (PIB). Ahora llegamos apenas al 6% del PIB. Cada 1% perdido representa alrededor de $1.000 millones que dejamos de generar para toda la economía. Todos ganamos cuando se reactiva el sector de la construcción. El Gobierno se ha enfocado en buscar inversión extranjera, pero todavía no hay resultados.

P. ¿Existe inversión local con capacidades técnicas y económicas para impulsar proyectos necesarios para el país?

Hay inversionistas ecuatorianos que desean apostar por el país, pero se topan con una pared burocrática y el desconocimiento de las autoridades. Se puede potenciar mucho más las Alianzas Público-Privadas o las alianzas estratégicas. Existen ejemplos como lo que se hizo en el corredor de Carchi hasta Chimborazo o la red vial en Guayas. También se puede implementar un plan de caminos vecinales porque hay sectores productivos que tienen caminos de herradura y los productos se están pudriendo. En el país tenemos técnicos que ya han mapeado los sitios donde son más urgentes esos caminos y no se necesita una gran cantidad de recursos para hacerlos.

P. ¿Se necesita transparentar las necesidades y hablarle claro a la gente sobre el real estado de la red vial?

Sí, la transparencia es un componente imprescindible. Se debe despolitizar y volver técnico el debate sobre la obra pública. Desde la Cámara estamos trabajando, por ejemplo, en un Comité de Infraestructuras para Quito, con el fin de que se sepa cuáles son los proyectos prioritarios; cuál es la realidad y las necesidades. Esto también debe pasar a escala nacional. No puede ser que el Ministro de Obras Públicas salga, de manera acelerada, a sacar listados de obras que se van a hacer y, enseguida, exministros le rebatan diciéndole que, en muchos casos, ya se están ejecutando y corresponden incluso a administraciones anteriores. Hay que sincerar las cosas. Hay cosas que están colapsadas. Hay que intervenir mejor. Sincerarse, pero hablando desde el conocimiento técnico. Además, el Gobierno debe tener cuidado con otros anuncios como el relacionado con aumentar el presupuesto de inversión en alrededor de $1.000 millones. Dentro de esa mayor inversión está, por ejemplo, la carretera Quito-Guayaquil y se publicitó la firma de un memorándum de entendimiento con una empresa extranjera. Pero, solo entre los estudios de prefactibilidad y la contratación de la obra, se puede demorar al menos dos años. Así, al contrario de las expectativas creadas, gran parte de esos $1.000 millones no se van a ejecutar en este Gobierno. (JS)

“Las declaratorias de emergencia están justificadas en casos como los derrumbes en la Alóag-Santo Domingo y el colapso del puente de Río Blanco, que provocaron que ciudades queden aisladas. Pero las emergencias no pueden solucionar la falta de planificación en toda la red vial”.

Leopoldo Ocampo, ingeniero civil y presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción.