De enero hasta agosto de 2021, el Parlamento Andino ha aprobado 25 recomendaciones normativas al Sistema Andino de Integración y a los Gobiernos de los países miembros del organismo.
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú son parte del Parlamento Andino, órgano supranacional y democrático de la comunidad andina conformada por cinco integrantes de cada país.
Ecuador destina cada año aproximadamente $2 millones para financiar las actividades del Parlamento, que este año está conformado por los asambleístas correístas Verónica Arias y Virgilio Hernández; Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC); Miriam Cisneros, de Pachakutik; y, Paúl Desamblac, de la Izquierda Democrática (ID), para el período 2021-2025.
En estos ocho meses, el Parlamento Andino ha aprobado 21 resoluciones, 5 declaraciones, 3 decisiones administrativas y 25 recomendaciones normativas. Estas últimas están dirigidas a instituciones del Sistema Andino de Integración, Gobiernos y poderes legislativos de los Estados miembros del Parlamento en materia de educación, salud, economía y derechos laborales, de las mujeres, de los migrantes, entre otros.
Sin embargo, estas recomendaciones, que buscan promover políticas, planes, programas y proyectos, para así armonizar las leyes a nivel regional en pro del fortalecimiento del proceso andino de integración y con miras al bienestar y desarrollo de los pueblos, no son vinculantes.
La parlamentaria Cristina Reyes explica que aunque las recomendaciones del Parlamento Andino no sean vinculantes, son trabajos académicos que aportan a la construcción de política pública en cada país.
En julio de 2021, este organismo aprobó el marco normativo para promover el trabajo digno en la región. Esta recomendación normativa hace un llamado al respeto a los derechos de los trabajadores frente a las nuevas tecnologías de información y de comunicación, así como el derecho a la desconexión. Esta propuesta será entregada a la Asamblea Nacional que debatirá el nuevo Código Laboral, dice Reyes. Así las recomendaciones podrían ser ley.
Además, Reyes enfatiza que el único organismo de integración del mundo cuyas decisiones son vinculantes es el Parlamento Europeo. “El resto de estos espacios, como la Organización de Estados Americanos, la misma Naciones Unidas, en una serie de sus decisiones no son vinculantes obligatorias”.
La sede del Parlamento Andino se encuentra en la ciudad de Bogotá (Colombia), sin embargo por la pandemia ahora las reuniones son vía telemática y algunas presenciales.
También los cinco representantes ecuatorianos al Parlamento Andino se reúnen vía telemática, no solo por la pandemia, sino también porque no tienen una sede física. Al posesionarse en mayo entregaron las oficinas donde operaba el anterior grupo parlamentario de 2017 a 2021. La razón: el costo del arriendo que alcanzaba los $17.000, dice Reyes.
La legisladora parlamentaria asegura que ahora los nuevos parlamentarios trabajarán en las instalaciones de un edificio público que están adecuando.
La gestión del anterior grupo parlamentario ha sido cuestionada. Incluso, un informe de la Contraloría General del Estado indica que hubo meses en que los cinco representantes no se reunieron en sesión plenaria, como en diciembre del 2018, marzo y julio del 2019, abril, mayo y julio del 2020. (MC)
Ejes de trabajo del Parlamento Andino
Los siguientes ejes del Parlamento buscan fortalecer las líneas de trabajo de la Comunidad Andina (CAN), que este año es dirigido por Guillermo Lasso, presidente pro tempere de la CAN.
- Fortalecer la cooperación para el acceso justo y equitativo de las vacunas contra Covid-19, en condiciones favorables y evitar mecanismos que puedan afectar su acceso.
- Garantizar el 30% de participación de las mujeres dentro de la Comunidad Andina.
- Avanzar de forma regional en transferencia de tecnología a fin de que en futuro se pueda producir vacunas para otras posibles pandemias.
- Profundizar la relación de la CAN con la sociedad civil y sus aspiraciones para renovar la labor con los pueblos indígenas y la población afro, vinculado en el cumplimiento de los compromisos internacionales de la agenda 2030 de Naciones Unidas.
- Fortalecer la labor del Tribunal de Justica para que funcione su institucionalidad con presupuesto y logística.
- Promover una economía moderna, verde y sustentable con la participación de las micro y medianas empresas afectadas por la pandemia, en especial las mujeres por las condiciones de desigualdad.
- Promover mecanismo para el aprovechamiento de la economía naranja y fomentar la cultura y la creatividad apoyado en el sector público y privado.